Las entidades de gobierno y municipales pueden aprovechar la inteligencia de localización para optimizar la planificación estratégica, mejorar la calidad de los servicios públicos y optimizar sus presupuestos.
Los análisis mediante técnicas de gestión de Big data permiten a los gobiernos comprender las necesidades de sus ciudadanos, combatir el fraude, minimizar errores en los sistemas y mejorar las operaciones, reduciendo costos y mejorando los servicios de cualquier entidad gubernamental.
Un análisis de movilidad mediante datos de localización y Big Data permite a los gobiernos y a las organizaciones del sector público ofrecer servicios más eficaces y seguros, así como responder con mayor rapidez y precisión a las necesidades de clientes y ciudadanos.
Cada día son más las empresas que recurren a la analítica predictiva para optimizar sus procesos, lograr mejores resultados de negocio e incrementar su participación de mercado.
Las organizaciones utilizan el análisis predictivo interno para pronosticar tendencias, entender y predecir el comportamiento de los clientes, mejorando el rendimiento e impulsando la toma de decisiones estratégicas.
El 10 de septiembre Agexport realizará un seminario web para dar a conocer las Normas Complementarias de Salud y Seguridad Ocupacional para la Prevención de SARS COV-2 en los Centros de Trabajo, que deben aplicar las empresas que operan en el país.
El objetivo de la conferencia gratuita será dar a conocer las reformas del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional y el Acuerdo Gubernativo 79-2020 y las normas complementarias para la prevención del covid19 en las empresas.
En 2019 la percepción de corrupción en las instituciones públicas aumentó en todos los países de la región, con excepción de Costa Rica, donde se mantuvo igual que en 2018.
Como ha sido la constante en los últimos años, el sector público de Nicaragua continúa siendo percibido como el más corrupto de la región (nivel de transparencia 22 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (26), Honduras (26), República Dominicana (28), El Salvador (34), Panamá (36), y Costa Rica (56).
Hasta el 16 de diciembre de 2022 tendrán los negocios en Guatemala, para cumplir con las normas contenidas en el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que luego de que el 24 de diciembre de 2019 se publicara en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Gubernativo 317-2019, el cual reforma el Acuerdo Gubernativo 137-2016, se amplió por tres años el plazo para que todo proyecto, obra, industria o actividad productiva presente su respectivo instrumento ambiental para poder funcionar.
El gobierno francés informó que quitó a Guatemala de la lista de países que no colaboran con el intercambio de información fiscal, pero mantuvo a Panamá.
Las autoridades del país europeo informaron que Guatemala salió de la lista debido a que ratificó la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal del Consejo de Europa y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
República Dominicana, Panamá y Honduras, son las naciones de la región donde la mayoría de la población opina que en los últimos doce meses ha aumentado la corrupción en las instituciones de gobierno.
El reporte "Barómetro Global de la Corrupción: América Latina y El Caribe 2019 - Opiniones y Experiencias de los ciudadanos en materia de corrupción", elaborado por Transparency International y publicado el 23 de septiembre de 2019, evaluó la percepción de la corrupción en los países de la región y algunos aspectos de inseguridad.
Cuánto debe pagarse en prestaciones como aguinaldo y bono 14 a los trabajadores que laboren a tiempo parcial es una de las dudas que surgen entre los empresarios luego de la entrada en vigencia del nuevo reglamento.
Según las autoridades del Ministerio de Trabajo, en el caso del pago de bono 14 y aguinaldo, las empresas deben hacer un desembolso proporcional con el salario que devenga el trabajador a tiempo parcial.
Se presentará ante el Congreso de la República de Guatemala una iniciativa de ley que pretende obligar a contadores públicos, auditores, abogados y notarios, a reportar sus transacciones.
El proyecto de Ley que busca ampliar los alcances de las personas obligadas sujetas a control del lavado de dinero, y que será presentado por la Superintendencia de Bancos (SIB), va dirigido principalmente a los profesionales como personas individuales, pero también incluirá empresas inmobiliarias, agencias de vehículos y casinos.
Desde el 3 de junio en Guatemala, las compras y ventas de propiedades tendrán que realizar un sólo proceso para obtener la certificación de inmueble y avalúos catastrales.
Antes de implementarse este cambio, se debía recopilar por aparte las certificaciones del valor al que estaba inscrito el bien inmueble en la Municipalidad, el valor fiscal de Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI) o el valor declarado en la escritura de Compra-Venta o sea lo que pactaron comprador y vendedor.
En su última visita a Guatemala el FMI advirtió que si en el país no se levanta el secreto bancario, se podría menoscabar el cumplimiento "respecto a tratados internacionales de transparencia".
Luego de la última visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Guatemala, el organismo internacional advirtió que revertir la disminución en la recaudación de impuestos pasa por fortalecer el control de los grandes contribuyentes, mejorar el uso de la información tributaria para reducir el incumplimiento, reasignar recursos hacia auditorías basadas en el riesgo, y reconsiderar el levantamiento del secreto bancario a efectos de auditoría tributaria.
El 3 de enero de 2020 vence el plazo para que las empresas y negocios que ya operan en Guatemala y no cuenten con el estudio, presenten su Diagnóstico Ambiental para recibir una rebaja en la multa.
Las multas para las empresas que aún no cuentan con el Diagnóstico Ambiental podrían ascender hasta $13 mil, sin embargo, si presentan su documentación antes de que venza el plazo la sanción podría fijarse en $650.
En 2018 la percepción de corrupción en las instituciones públicas aumentó en todos los países de la región, con excepción de Panamá, donde se mantuvo igual que en 2017, y en El Salvador, donde disminuyó levemente.
Al igual que años anteriores, el sector público de Nicaragua continúa siendo percibido como más corrupto de la región (nivel de transparencia 25 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (27), Honduras (29), El Salvador (35), Panamá (37), y Costa Rica (56).
Suspendieron temporalmente el artículo de la ley que en Guatemala facilitaba el acceso a la información bancaria de empresas con una orden judicial a solicitud de las autoridades tributarias.
La decisión fue tomada por la Corte de Constitucionalidad luego de que una empresa presentara un recurso de inconstitucionalidad. Con base en los argumentos planteados, la CC decidió decretar la suspensión provisional del artículo 52, que facultaba a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a solicitar a un juez una orden para levantar el secreto bancario de personas o empresas cuando existiera "... duda razonable sobre los resultados de los procesos o ejecución de los planes de fiscalización selectiva y masiva'." Ver "Guatemala: Rige levantamiento de secreto bancario"
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