Los exportadores ya resienten los efectos de cinco días continuos de manifestaciones, bloqueos e inseguridad generalizada en las vías de Costa Rica.
Ante la huelga que iniciaron días atrás los sindicatos de las instituciones públicas del país, la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) denuncia que las empresas del sector están enfrentando múltiples dificultades para exportar sus productos. Puerto Moín, el principal punto de salida de las exportaciones, está operando únicamente durante seis horas por día, dejando cerca de 12 mil toneladas diarias sin embarcar, lo cual se estima que equivale a casi $10 millones en ventas diarias al exterior.
Como en el mito de los lemmings corriendo hacia el abismo, Costa Rica se repite en los gestos que apuntalan la definición de una sociedad incapaz de detenerse en el camino hacia una crisis terminal.
En línea con las recientes advertencias hechas por otras calificadoras respecto al sombrío panorama fiscal del país, Fitch redujo de B+ a B la nota de la deuda, y cambió la perspectiva a negativa.
Del comunicado de Fitch Ratings:
Fitch Ratings-New York-01 Febrero de 2017: Fitch Ratings ha rebajado las calificaciones crediticias a largo plazo en moneda extranjera y local de El Salvador a B desde B+. La Perspectiva de Calificación fue revisada a Negativa desde Estable. Las calificaciones de emisión de bonos no garantizados en moneda extranjera y local de El Salvador también se rebajan a "B". El techo del país es rebajado a 'BB-' de 'BB'. El IDR de Moneda Extranjera a Corto Plazo se afirma en 'B'.
Finalmente gobierno y oposición lograron un acuerdo y se aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal y la emisión de $550 millones en títulos de deuda.
La emisión autorizada por la Asamblea podrá hacerse en el mercado internacional o local, y los fondos se destinarán para el pago de capital e intereses de la deuda de corto plazo, apoyo presupuestario y el fortalecimiento de la Caja Fiscal de Tesorería General de la República.
El gobierno y la oposición acordaron aprobar en primera instancia una emisión de $550 millones y no de $1200 millones como pretendía la administración Sánchez Cerén.
Aunque el gobierno insiste en que lo que necesita es emitir $1200 millones para poder cubrir las deudas de corto plazo y resolver el problema de liquidez que enfrenta, este primer acuerdo para emitir $550 millones servirá para "...pagar el subsidio de la energía eléctrica y el Fodes a los alcaldes".
La calificadora redujo de B+ a B la nota de la deuda soberana de largo plazo, argumentando que la capacidad política para resolver el problema fiscal se reduce cada vez más.
Se declara en emergencia y presiona a la Asamblea para aprobar la toma de préstamos por $1200 millones para honrar deudas de corto plazo.
El presidente Sánchez Cerén anunció como primera medida una declaratoria de emergencia, para que antes de cerrar el año 2016 se puedan 'atender, discutir y construir los mejores acuerdos que permitan la salidas pertinentes' en temas como la aprobación de bonos por $1,200 millones. Con ese monto el Ejecutivo espera enfrentar la falta de liquidez y responder a los compromisos de corto plazo del Estado.
Vuelve a advertir que sin un acuerdo fiscal el país corre un alto riesgo de caer en cese de pagos y quedarse sin acceso a financiamiento internacional.
Reseña Elsalvador.com que "... Pedro Argumedo, del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de Fusades, dijo que es importante llegar a un Acuerdo Fiscal, pues de no hacerlo las consecuencias serían 'terribles', y cada vez, el tiempo se acorta."
El gobierno ya llegó al 72% del monto máximo de emisión de Letras del Tesoro permitido por la ley, y solo le quedan $370 millones disponibles para endeudarse este año.
Ante la crítica situación fiscal, la administración Sánchez Cerén insiste a la Asamblea Legislativa para que apruebe el proyecto de ley para emitir otros $1200 millones en títulos de deuda.
La incapacidad del gobierno para detener el crecimiento de la deuda en el marco de un crecimiento económico bajo y elevado déficit fiscal justifica la reducción en la nota.
La decisión de rebajar la calificación de la deuda soberana por parte de Moody's llega en un momento crucial para la economía salvadoreña, donde el gobierno sigue sin poder realizar los recortes necesarios en el gasto público, complicando además la situación financiera actual.
La demora en el pago correspondiente a julio a las empresas proveedoras del Estado refleja la complicada situación de las finanzas públicas de El Salvador.
Argumentando que "...julio fue un mes muy malo para la caja fiscal", el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, justificó el retraso en el pago a las empresas proveedoras de bienes y servicios. Según el ministro, en julio el gobierno "...tuvo que pagar $260 millones en deuda externa y Letes".
Los que enfrentarán dentro de tres años el mayor riesgo de insostenibilidad fiscal son El Salvador y Honduras, seguidos de Costa Rica y, con menor riesgo, Nicaragua y Panamá.
Del apartado "Panorama Económico" del V Informe del Estado de la Región 2016:
Con los datos disponibles para el sector público no financiero de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá, y del Gobierno Central en los casos de Guatemala y Honduras, se analizó la sostenibilidad de la deuda con base en el modelo desarrollado por Deshon (2013).
Con una nueva propuesta el sector empresarial pretende no solo plantear soluciones al problema fiscal sino también fortalecer las áreas productivas para crecer de forma sostenida.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) resume sus propuestas en cuatro ejes: crecimiento económico, combate y reducción de la pobreza, fortalecimiento de la institucionalidad democrática, y un pacto de responsabilidad fiscal.
El FMI insiste en la necesidad de lograr la consolidación fiscal y advierte que "si no se adoptan medidas, la deuda podría aumentar a niveles insostenibles".
La imposibilidad de concretar la emisión de $900 millones limita todavía más las posibilidades de resolver el problema fiscal que afecta al país.
La administración Sánchez Cerén pretendía utilizar los recursos para refinanciar deuda, pagar pensiones de funcionarios del Estado y destinar fondos al Ministerio de Educación, según habían explicado las autoridades del Ministerio de Hacienda.
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