Poner tope a las comisiones cobradas en Costa Rica y establecer una Ley que defina límites al mercado en Guatemala, son parte de los intentos que se están haciendo en la región para regular el uso de las tarjetas de crédito.
Una propuesta de Ley presentada el pasado mes de enero ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica, pretende regular el porcentaje de la comisión que pagan los negocios por aceptar tarjetas de crédito o débito. Según la iniciativa, esta tarea estaría a cargo del Banco Central y la Comisión para Promover la Competencia.
Después de que se declarara inconstitucional la Ley que pretendía regular el mercado de tarjetas de crédito en Guatemala, se presentó una nueva propuesta.
La Ley de Tarjetas de Crédito que a inicios de 2019 fue declarada inconstitucional, entró en vigencia el 8 de marzo de 2016, sin embargo, luego de que las cámaras empresariales, emisores de tarjetas y el Banco de Guatemala, interpusieran recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC), fue suspendida el 31 de marzo de ese mismo año.
Después que el presidente Morales decidiera poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión del gobierno guatemalteco.
El pasado 7 de enero el gobierno guatemalteco dio por finalizado el convenio entre el país centroamericano y Naciones Unidas, y estableció un plazo de 24 horas para que la Comisión dejara de funcionar.
Después de resolver 14 recursos presentados, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró inconstitucional la Ley que pretendía regular el mercado de tarjetas de crédito en el país.
La Ley de Tarjetas de Crédito entró en vigencia el 8 de marzo de 2016, sin embargo, luego de que las cámaras empresariales, emisores de tarjetas y el Banco de Guatemala, interpusieran recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC), fue suspendida provisionalmente el 31 de marzo de ese mismo año.
Luego de que se ordenara realizar una consulta comunitaria como requisito para la reanudación de operaciones de la Mina San Rafael, en Guatemala, las autoridades esperan que la sentencia quede en firme para iniciar el proceso de preconsulta.
Después de más de 300 días a la espera de una decisión de las autoridades, derivado de una acción de amparo interpuesta por la organización ambientalista Calas, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la semana pasada, realizar por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), una consulta comunitaria en el área de operaciones de la mina, en El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
Finalmente la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se manifestó sobre la operación de Minera San Rafael, que ha estado paralizada por más de un año, ordenando realizar una consulta comunitaria como requisito para reanudar operaciones.
El proyecto está paralizado desde mediados de 2017, cuando la organización ambientalista Calas presentó una acción de amparo en contra de la mina, argumentando que el Ministerio de Energía y Minas no había realizó las consultas comunitarias debidas antes de autorizar las licencias de operación.
En Guatemala la empresa Minera San Rafael, cuyas operaciones siguen paralizadas a la espera de un fallo definitivo de la Corte de Constitucionalidad, anunció el despido de otros 200 empleados.
La Corte Constitucional suspendió de forma definitiva la orden del presidente Jimmy Morales de expulsar del país al líder de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
"... Actuar sin el acompañamiento de sus ministros, como ordena la Constitución, incongruencia en las fechas y no utilizar el proceso para resolver controversias establecido en el acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) son las principales razones por las que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó ayer la suspensión definitiva de la expulsión del país de Iván Velásquez, jefe de la Cicig."
La Corte Constitucional confirmó la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que en junio pasado suspendió las licencias de operación de la mina Escobal, en manos de Minera San Rafael.
En su resolución, la Corte Constitucional argumentó que "...cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó las operaciones, negó la existencia de la agrupación xinca y no les consultó sobre los trabajos que harían."
La Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente la licencia ambiental otorgada al proyecto hidroeléctrico de 40 MW Rocja Pontilá, ubicado en Cobán, Alta Verapaz.
La resolución de la Corte se fundamenta en un amparo que presentaron miembros de las comunidades del área cercana a la laguna de Lachúa, quienes argumentan que el Ministerio de Ambiente otorgó el permiso para desarrollar el proyecto "de forma anómala".
La Corte de Constitucionalidad autorizó la continuación de las operaciones de Oxec I y II por un plazo de 12 meses, mientras se realiza la consulta a los pueblos indígenas de la zona.
De forma unánime la Corte Constitucional declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el ministerio de Energía y Minas y representantes de Oxec I y II, y resolvió autorizar la reanudación de las operaciones solo por 12 meses prorrogables. La decisión llega más de dos meses después de que la Corte ratificara la suspensión de las operaciones, por por supuestamente no haber consultado a los pueblos indígenas de la zona antes de comenzar los proyectos.
A dos meses de haber sido suspendidos en Guatemala los proyectos hidroeléctricos Oxec I y II, los inversionistas amenazan con recurrir a la justicia internacional.
Un arbitraje internacional con un alto costo para la imagen del país como destino de inversión podría ser el resultado del proceso que inició con la suspensión de la licencia a los concesionarios de las hidroeléctricas Oxec I y II. A mediados de febrero la Corte de Constitucionalidad decidió mantener vigente la suspensión por supuestamente no haber consultado a los pueblos indígenas de la zona antes de comenzar los proyectos.
La concesionaria del proyecto hidroeléctrico Oxec II podrá completar parte de las obras que quedaron pendientes luego de que la Corte Constitucional suspendiera la licencia.
La autorización de la Corte de Constitucionalidad no implica un levantamiento de la suspensión, sino solamente un permiso para completar ciertas obras para "...evitar daños y perjuicios tanto a las obras ya avanzadas como a las comunidades."
La Corte de Constitucionalidad mantuvo vigente la suspensión de la licencia a las hidroeléctricas Oxec I y II, por supuestamente no haber consultado a los pueblos indígenas de la zona antes de comenzar los proyectos.
La decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) es vista por el sector privado como una amenaza a la seguridad jurídica en el país, por los proyectos que están en juego y por el efecto que tendrá sobre otras inversiones que podrían dejar de realizarse en Guatemala si siguen ordenando la suspensión de proyectos mineros y de energía.
Corte superior la anuló temporalmente debido a falta de dictamen del Banco de Guatemala y a que el Congreso la aprobó sin la mayoría estipulada por ley.
La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente la Ley de Tarjetas de Crédito, vigente desde el 8 de marzo pasado.
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