La Corte de Constitucionalidad decidió dejar sin efecto la multa de $260 que la municipalidad de Guatemala cobraría a vehículos pesados y de doble remolque que transitaran por la ciudad en horarios no autorizados, por lo que ahora la penalización será de $65.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada ante la Corte de Constitucionalidad por la Federación Centroamericana de Transporte (FECATRANS) y la Asociación Coordinadora Nacional de Transportes, en contra del Artículo 4 del Acuerdo COM-13-2016 del Concejo Municipal de Guatemala.
Argumentando defender "los intereses de los trabajadores", grupos sindicales en Guatemala presentaron un recurso contra el acuerdo recientemente aprobado que regula el empleo a tiempo parcial en el país, y en respuesta, la Corte de Constitucionalidad decidió suspenderlo temporalmente.
Después de varios años de discusión, el 27 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 89-2019 que establece el Reglamento del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para regular en el país la contratación de personal a tiempo parcial.
Argumentando que el reglamento contradice algunos artículos de la Constitución Política, en Guatemala grupos sindicales interpusieron una acción contra el acuerdo que permite a las empresas contratar personal a tiempo parcial.
Luego de años de discusión, el 27 de junio se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 89-2019 que establece el Reglamento del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual regulará en el país la contratación de personal a tiempo parcial.
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, en Guatemala la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión.
Argumentando que no cumple los estándares sobre transparencia e intercambio de información para fines tributarios, la OCDE evaluó negativamente a Guatemala y le recomienda trabajar en el acceso directo a la información bancaria de los contribuyentes.
Tal como había sido previsto, a raíz de la suspensión temporal por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) del artículo de ley que facilitaba el acceso a la información bancaria de los contribuyentes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) decidió incluir a Guatemala en la lista de países que incumplen sus compromisos en materia de información fiscal.
Pese a que en Guatemala el derecho de operación de la mina El Escobal fue otorgado en ley, el proyecto cumple dos años de estar paralizado, situación que hace inviable futuras inversiones en el país.
Los inconvenientes para las operaciones de Minera San Rafael datan de 2017, cuando en mayo de ese año el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
A un mes de las elecciones presidenciales en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad decidió dejar fuera de la contienda a Zury Ríos y Thelma Aldana, dos de las candidatas con mayor intención de voto entre la población.
El proceso electoral en el país ha sido convulso, pues Zury Ríos y Thelma Aldana, candidatas a la presidencia que desde un inicio encabezaban las intenciones de voto para las Elecciones Generales 2019, tuvieron múltiples dificultades.
En Guatemala la comuna de Escuintla emitió un acuerdo que restringe en horarios específicos la circulación del transporte pesado en el municipio, lo cual es rechazado por empresarios del sector.
El Acuerdo Municipal 064-2018, que cobra vigencia el 8 de mayo de 2019, consiste en la restricción de la movilización del transporte pesado en los horarios de 6:30 a 8:30 horas y de 17:00 a 19:30 horas, en el municipio de Escuintla, que está en la ruta a Puerto Quetzal, una de las terminales marítimas más importantes del país.
Poner tope a las comisiones cobradas en Costa Rica y establecer una Ley que defina límites al mercado en Guatemala, son parte de los intentos que se están haciendo en la región para regular el uso de las tarjetas de crédito.
Una propuesta de Ley presentada el pasado mes de enero ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica, pretende regular el porcentaje de la comisión que pagan los negocios por aceptar tarjetas de crédito o débito. Según la iniciativa, esta tarea estaría a cargo del Banco Central y la Comisión para Promover la Competencia.
Después de que se declarara inconstitucional la Ley que pretendía regular el mercado de tarjetas de crédito en Guatemala, se presentó una nueva propuesta.
La Ley de Tarjetas de Crédito que a inicios de 2019 fue declarada inconstitucional, entró en vigencia el 8 de marzo de 2016, sin embargo, luego de que las cámaras empresariales, emisores de tarjetas y el Banco de Guatemala, interpusieran recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC), fue suspendida el 31 de marzo de ese mismo año.
Después que el presidente Morales decidiera poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión del gobierno guatemalteco.
El pasado 7 de enero el gobierno guatemalteco dio por finalizado el convenio entre el país centroamericano y Naciones Unidas, y estableció un plazo de 24 horas para que la Comisión dejara de funcionar.
Después de resolver 14 recursos presentados, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró inconstitucional la Ley que pretendía regular el mercado de tarjetas de crédito en el país.
La Ley de Tarjetas de Crédito entró en vigencia el 8 de marzo de 2016, sin embargo, luego de que las cámaras empresariales, emisores de tarjetas y el Banco de Guatemala, interpusieran recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC), fue suspendida provisionalmente el 31 de marzo de ese mismo año.
Luego de que se ordenara realizar una consulta comunitaria como requisito para la reanudación de operaciones de la Mina San Rafael, en Guatemala, las autoridades esperan que la sentencia quede en firme para iniciar el proceso de preconsulta.
Después de más de 300 días a la espera de una decisión de las autoridades, derivado de una acción de amparo interpuesta por la organización ambientalista Calas, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la semana pasada, realizar por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), una consulta comunitaria en el área de operaciones de la mina, en El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
Finalmente la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se manifestó sobre la operación de Minera San Rafael, que ha estado paralizada por más de un año, ordenando realizar una consulta comunitaria como requisito para reanudar operaciones.
El proyecto está paralizado desde mediados de 2017, cuando la organización ambientalista Calas presentó una acción de amparo en contra de la mina, argumentando que el Ministerio de Energía y Minas no había realizó las consultas comunitarias debidas antes de autorizar las licencias de operación.
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