Argumentando que las medidas aplicadas por el gobierno perjudica directamente a empleados y dueños de restaurantes y bares, en Guatemala un grupo de empresarios interpuso un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad.
Las restricciones a la actividad productiva ya se aplican desde días atrás, pues con el objetivo de impulsar acciones dirigidas a interrumpir la cadena epidemiológica de la enfermedad Covid19, el pasado 17 de abril fue publicado en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Ministerial 87-2021, marco regulatorio que obliga a reducir al 25% el aforo en los centros comerciales, plazas comerciales, tiendas de conveniencia y restaurantes.
A pocas semanas de que en Guatemala asuman los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el sector empresarial pide que los nuevos integrantes de la máxima corte aboguen por un estado de derecho real y se le brinde seguridad jurídica a las inversiones.
En los últimos años la Corte de Constitucional (CC) de Guatemala ha ganado protagonismo en el ámbito económico del país, pues sus fallos han afectado a distintas inversiones que ya operaban a nivel local.
Luego que la Municipalidad de la cabecera de la provincia de San Marcos, en Guatemala, decretara varias restricciones comerciales para contener el avance del covid19, la Corte de Constitucionalidad decidió suspenderlas.
La máxima Corte en materia constitucional del país conoció el caso luego que la Cámara de Comercio presentara un acción de amparo, en contra de las disposiciones de la corporación municipal de la cabecera de San Marcos, que fueron publicadas el 11 de agosto y están contenidas en el Acta 73-2020.
La Corte de Constitucionalidad suspendió de forma provisional el acuerdo que permitía a las empresas que actualmente no tienen capacidad económica para cumplir con el pago de la Bonificación Anual, a conciliar con los empleados la amortización de la obligación.
El acuerdo del Ministerio de Trabajo (Mintrab) 250-2020 que fue publicado en el Diario de Centroamérica el 10 de julio, estipula que para aplazar el pago del Bono 14, los patronos que no estén en la posibilidad de efectuarlo debido a la crisis económica que deriva del brote de covid19, podían hacer una gestión ante el Ministerio.
En Guatemala un grupo de diputados presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo ministerial que aprueba el proyecto hidroeléctrico Central Rocja Pontila.
La autorización para la hidroeléctrica, propiedad de Proyecto de Desarrollo Integral Pontila y que se proyecta construir en el río Icbolay, en Alta Verapaz, fue emitida el 13 de enero de 2020.
El pasado 2 de diciembre nueva propuesta de Ley de Tarjetas de Crédito recibió dictamen favorable por parte de la Comisión de Economía del Congreso de Guatemala, y ahora deberá pasar a discusión en el pleno.
Desde el 26 de noviembre las autoridades guatemaltecas tienen la facultad de acceder a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, por lo que ahora podrán corroborar que los ingresos bancarios de las empresas coincidan con el pago de sus impuestos.
Luego que el 25 de noviembre fuera publicada en el Diario de Centroamérica la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en la cual se declaró sin lugar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Escalas Mercantiles S.A., el cual pretendía impedir a las autoridades el acceso a la información bancaria de las empresas y personas, ha cobrado vigencia la ley que faculta a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para investigar a los contribuyentes.
La Corte de Constitucionalidad decidió dejar sin efecto la multa de $260 que la municipalidad de Guatemala cobraría a vehículos pesados y de doble remolque que transitaran por la ciudad en horarios no autorizados, por lo que ahora la penalización será de $65.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada ante la Corte de Constitucionalidad por la Federación Centroamericana de Transporte (FECATRANS) y la Asociación Coordinadora Nacional de Transportes, en contra del Artículo 4 del Acuerdo COM-13-2016 del Concejo Municipal de Guatemala.
Argumentando defender "los intereses de los trabajadores", grupos sindicales en Guatemala presentaron un recurso contra el acuerdo recientemente aprobado que regula el empleo a tiempo parcial en el país, y en respuesta, la Corte de Constitucionalidad decidió suspenderlo temporalmente.
Después de varios años de discusión, el 27 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 89-2019 que establece el Reglamento del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para regular en el país la contratación de personal a tiempo parcial.
Argumentando que el reglamento contradice algunos artículos de la Constitución Política, en Guatemala grupos sindicales interpusieron una acción contra el acuerdo que permite a las empresas contratar personal a tiempo parcial.
Luego de años de discusión, el 27 de junio se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 89-2019 que establece el Reglamento del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual regulará en el país la contratación de personal a tiempo parcial.
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, en Guatemala la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión.
Argumentando que no cumple los estándares sobre transparencia e intercambio de información para fines tributarios, la OCDE evaluó negativamente a Guatemala y le recomienda trabajar en el acceso directo a la información bancaria de los contribuyentes.
Tal como había sido previsto, a raíz de la suspensión temporal por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) del artículo de ley que facilitaba el acceso a la información bancaria de los contribuyentes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) decidió incluir a Guatemala en la lista de países que incumplen sus compromisos en materia de información fiscal.
Pese a que en Guatemala el derecho de operación de la mina El Escobal fue otorgado en ley, el proyecto cumple dos años de estar paralizado, situación que hace inviable futuras inversiones en el país.
Los inconvenientes para las operaciones de Minera San Rafael datan de 2017, cuando en mayo de ese año el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
A un mes de las elecciones presidenciales en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad decidió dejar fuera de la contienda a Zury Ríos y Thelma Aldana, dos de las candidatas con mayor intención de voto entre la población.
El proceso electoral en el país ha sido convulso, pues Zury Ríos y Thelma Aldana, candidatas a la presidencia que desde un inicio encabezaban las intenciones de voto para las Elecciones Generales 2019, tuvieron múltiples dificultades.
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