Debido a fallos en las estimaciones de costos de la obra, en Costa Rica la Contraloría declaró inviable la licitación para construir un centro deportivo, valorado supuestamente en $40 millones.
El aumento de la deuda interna a plazos inferiores a un año y la creciente alza en las tasas de interés, son parte de las amenazas que siguen enfrentando las finanzas públicas de Costa Rica.
Según la Memoria Anual de 2017 de la Contraloría General de la República, entre 2016 y 2017 el porcentaje de deuda interna a menos de un año subió de 15% a 18%, la tasa variable ascendió de 12% a 20%, y la tasa de interés en dólares creció desde 19% a 24%.
El modelo predictivo diseñado con técnicas de minería de datos que utiliza el Ministerio de Hacienda en Costa Rica detectó la simulación de pagos a terceros por más de $31 millones.
Cruzando información de las 132 bases de datos a disposición del ministerio de Hacienda, la Dirección de Inteligencia Tributaria intenta predecir cuáles empresas son más propensas a evadir el pago deimpuestos, dependiendo de su comportamiento histórico medido a través de transacciones, declaraciones tributarias y otros datos. Vinculando toda la información, identifican patrones de comportamiento similares a los de otras empresas que evadieron impuestos en el pasado.
En la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley que permitiría que las contrataciones que hacen las entidades de gobierno no requieran del refrendo de la Contraloría General de la República.
El proyecto de ley 20.202 es iniciativa de la misma Contraloría General de la República, que planteó la propuesta con el objetivo de reducir los tiempos y la burocracia que implica la revisión y posterior refrendo de cada contrato.
En Costa Rica la Contraloría General de la República decidió anular los contratos de dos proyectos de construcción vial de la UNOPS, luego de que ésta decidiera mantener en secreto los expedientes con los detalles de dichas contrataciones.
La decisión de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), de ocultar los detalles de las contrataciones realizadas para los dos proyectos de construcción vial que le fueron asignados por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavo) le costó caro a las arcas del Estado.
El Ministerio de Educación de Costa Rica utilizó parte de un fideicomiso de $167 millones, destinado originalmente a la construcción de 79 colegios, para pagar las sanciones que el BID le impuso por el retraso en la ejecución de dichas obras.
Alrededor de $1,7 millones fue lo que el Ministerio de Educación Pública (MEP) utilizó para pagar la sanción que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le impuso por no ejecutar el fideicomiso por $167,5 millones en los plazos establecidos, destinado a construir 79 centros educativos y 24 canchas techadas.
Con los cambios al contrato aprobados por la Contraloría General, el Banco de Costa Rica se convierte en administrador del proyecto de ampliación de la carretera.
"... El principal cambio consiste en que el Banco de Costa Rica será el encargado de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP) y por ende tendrá que conformar todo el equipo administrativo que se requiera para gestionar las siguientes fases de la ruta. Además, asumirá labores como selección de contratistas para las diferentes obras."
"Luego de dos años los resultados no son los esperados y, más bien, los atrasos en los proyectos corresponden a la típica gestión entrabada y lenta a que nos tienen acostumbrados las entidades estatales".
Después de un largo proceso, finalmente fue adjudicado el contrato por $7 millones para instalar semáforos y agujas en 91 cruces ferroviarios de la Gran Área Metropolitana.
Desde que se anunció la licitación a finales del año pasado, el proceso enfrentó varios obstáculos que lo demoraron, como los recursos de apelación planteados por la estatal de ferrocarriles y empresas participantes.
La Contraloría refrendó el contrato para la construcción en la modalidad llave en mano de un centro médico en Pérez Zeledón, provincia de San José.
El contrato entre el Instituto Nacional de Seguros (INS) y las empresas Consorcio Constructora Gonzalo Delgado, Consultoría y Diseños y Electrónica Industrial Médica es por $5 millones y comprende "... el anteproyecto, la viabilidad ambiental, especificaciones técnicas, diseño de planos constructivos, además de la ejecución de la construcción y equipamiento total de la parte médica."
El centro de convenciones, aún en construcción, pierde oportunidades de promocionarse en el exterior debido al retraso en la licitación para contratar una empresa que lo administre.
Empresas del sector turismo aseguran que la mayoría de los grandes eventos y congresos se pactan hasta dos años antes, y al no contar el centro de convenciones con una empresa administradora que defina tarifas de alquiler del lugar y otros aspectos, se reducen las posibilidades de promocionarlo en el exterior.
El contrato de fideicomiso entre el gobierno y el Banco de Costa Rica para la ejecución del proyecto de ampliación de la carretera San José-San Ramón, recibió la aprobación de la Contraloría General de la República.
El proyecto -imprescindible para el desarrollo de la zona norte de la Gran Área Metropolitana- lleva años de demora, tras tropiezos con sucesivas empresas constructoras concesionarias, protestas sociales por el costo previsto de los peajes, y gravosas indemnizaciones por parte del Estado a esas empresas.
En los últimos cinco años las contrataciones directas del Estado han aumentado 90%, menoscabando la competencia leal entre los proveedores y la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.
Tal como señala la Contraloría General de la República, aunque la opción para recurrir al mecanismo de compra directa en lugar de una licitación es legal, las entidades del Estado no deben abusar de su uso, tal como han venido haciendo en los últimos años.
Por cuarta vez la Contraloría devolvió sin aprobar el contrato para la construcción del nuevo centro de convenciones, que en mayo fue adjudicado a la constructora Edica por $32 millones.
China Harbour Engineering Company tendrá 42 meses para ampliar la carretera que une la capital San José con la zona portuaria en Limón.
Del comunicado de la Contraloría General de la República (CGR):
Mediante oficio adjunto, la CGR refrendó el Acuerdo de Contrato y a las Adendas 1, 2, 3 y 4 del "Proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional No.4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón", suscritos entre el Consejo Nacional de Vialidad -CONAVI- y las empresas China Harbour Engineering Company Limited y China Harbour Engineering Company de Costa Rica, S.A, por un monto de $465.593.387,06 dólares bajo la modalidad de suma alzada.
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