En Nicaragua a raíz de la captura de cuatro precandidatos presidenciales y la detención del líder empresarial José Adán Aguerri, el sector productivo pide la liberación de los presos políticos y aboga para que el gobierno se comprometa a otorgar todas las garantías democráticas.
Con la detención de Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiaga Blandón y Juan Sebastian Chamorro, ya son cuatro los precandidatos presidenciales que han sido apresados por las autoridades nicaragüenses.
Luego que en Nicaragua se girara una orden de captura en contra de Cristiana Chamorro Barrios, precandidata presidencial independiente, el sector empresarial opina que se "evidencia la falta de voluntad del gobierno de realizar elecciones libres, justas, transparentes, competitivas y observadas".
A raíz de una acusación en contra de Cristiana María Chamorro Barrios, presentada por el Ministerio Público ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos de los Juzgados de Managua, las autoridades decidieron girar una orden de allanamiento y de captura.
Con el objetivo de agilizar la inmunización de la población para que la economía regrese a una dinámica similar a la que se reportaba previo a la pandemia, en Nicaragua el sector empresarial pide al Gobierno que se informe acerca del plan de vacunación en contra del Covid19.
Por medio de un comunicado difundido el pasado 5 de abril, la Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin) demandó al Gobierno la información completa sobre el plan de vacunación que comenzó a ejecutarse el pasado 2 de marzo.
Luego que en Nicaragua la Asamblea aprobara un proyecto de ley que obliga a los bancos locales a que permitan a los funcionarios públicos sancionados por la OFAC a tener una cuenta, existe temor de que el país sea aislado del sistema financiero internacional.
Un comunicado de la Asamblea Nacional difundido el 3 de febrero explica que los diputados aprobaron la Iniciativa de Ley de Reforma y Adición a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, proyecto legislativo que garantiza una mejor y mayor protección de los derechos de los consumidores y usuarios en el acceso a los bienes y servicios como un derecho humano reconocido por el Estado nicaragüense.
Ya transcurrieron más de dos años desde que grupos criminales invadieron tierras productivas en Nicaragua, y aunque se ha prometido restablecer los derechos de los dueños, hasta la fecha 29 propiedades se mantienen tomadas.
En el contexto de la crisis sanitaria, el IMAE reportó en marzo de este año una variación interanual de -1,5%, comportamiento que fue determinado por la caída de las actividad de los hoteles, restaurantes y de las entidades dedicadas a la intermediación financiera.
La disminución registradas en las actividades de hoteles y restaurantes fue por 24,8%, de intermediación financiera y servicios conexos cayó en 18,3%, y en el renglón de energía y agua, la variación fue de -12,7%, informó el Banco Central de Nicaragua (BCN).
En un contexto de emergencia sanitaria y de baja en los precios de los derivados del petróleo, empresarios nicaragüenses piden al gobierno que se aprovechen las condiciones del mercado y que se reduzcan entre 15% y 20% las tarifas eléctricas.
Para el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) se debe evaluar la ventaja de comprar y almacenar a la brevedad los derivados del petróleo para la generación de electricidad, y así aprovechar la ventaja de los mínimos históricos en los precios de estos productos.
El sector empresarial en Nicaragua informó que los hospitales privados pidieron ser autorizados para realizar los exámenes que puedan determinar si una persona es portadora del virus, pero hasta ahora no han recibido respuesta.
Representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) explicaron que las pruebas del Ministerio de Salud (Minsa) se hacen de forma manual y los laboratorios privados lo realizan automáticamente.
Luego de que se reportara el primer caso de covid-19 en el país, el sector privado pide a las autoridades el cierre parcial o total de las fronteras y que a las personas que ingresen a la nación se les examine y se les ponga en cuarentena de ser necesario.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), explicó que entre las medidas tomadas por las empresas para esta emergencia destaca la creación de un departamento crítico para que las compañías que el personal este trabajando en tres lugares distintos por si alguno de ellos resulta afectado, contar con pistolas para medir la temperatura de los clientes que lleguen a la empresa y no permitir que ingresen con fiebre.
El sector empresarial en Nicaragua opina que la iniciativa de ley que se discute en la Asamblea, la cual faculta al gobierno para multar a productores agropecuarios en caso de que no cumplan con las normas fitosanitarias que se aprueben, tiene excesiva discrecionalidad.
Días atrás se presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley denominado "Ley de Protección Fitosanitaria", marco legal que faculta al Instituto de Protección y Sanidad (IPSA) a imponer sanciones que oscilarían entre $100 y $700, a cualquier productor que no cumpla con los requisitos al momentos de que el gobierno realice una inspección.
Respecto a la discusión de una iniciativa que tiene como objetivo modificar la Ley de Marcas en Nicaragua, el sector empresarial opina que se están planteando cambios relevantes en materia de seguridad jurídica, por cuanto a lo que se refiere a la protección del nombre comercial.
En relación al tema, la Asamblea Nacional informó que el 27 de febrero se concluyó "...
El sector privado considera que la creación de nuevas empresas estatales por parte de Ortega, para explotación de petróleo e importación y comercialización de gas y combustibles, generará competencia desleal en el país.
El 11 de febrero se aprobaron de urgencia nacional la Ley creadora de la Empresa Nicaragüense del Gas (Enigas), Ley creadora de la Empresa Nicaragüense de planteles de almacenamiento y distribución de hidrocarburos (Eniplanh), la Ley creadora de la empresa nacional de exploración y explotación de hidrocarburos (ENIH) y la Ley creadora de la empresa nicaragüense de importación, transporte y comercialización de hidrocarburos (Enicom).
En Nicaragua las autoridades no publican información sobre el Índice Mensual de Actividad Económica desde febrero de 2019, cuando la caída interanual fue de 7,5%, situación que impide a los empresarios tomar decisiones con base en la situación real de la economía.
En el país el sector empresarial vaticina un incremento en sus costos de operación en los próximos meses, derivado del aumento que se espera en el precio de la energía eléctrica en el corto plazo.
Con el objetivo de suscribir acuerdos en materia económica y comercial, autoridades de Nicaragua visitaron Irán, pero para los empresarios nicaragüenses no hay ninguna posibilidad de "desarrollar mercados con ese país".
El régimen de Ortega busca afianzar sus relaciones con Irán, ya que recientemente envió a la Asamblea Nacional para su aprobación, el "Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Nicaragua y la República islámica de Irán".
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