A 12 años de haberse instalado en Guatemala y luego de múltiples pugnas por la no renovación de su mandato, a partir de hoy la Comisión Internacional contra la Impunidad deja de funcionar.
En Agosto de 2007 el Congreso de la República aprobaba la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual llegó al país con la misión de investigar a las estructuras criminales que operan a lo interno de las instituciones gubernamentales, trabajo que hizo en asociación con el Ministerio Público.
Luego de que el presidente salvadoreño anunciara la posible instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, el sector empresarial pidió "evaluar las experiencias de Guatemala y Honduras".
Luego de que Bukele informara que antes de sus 100 días de gobierno presentará una propuesta para instalar una comisión internacional en el país, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) opinó que es indispensable cumplir la ley y que debe existir una real voluntad política de combate a la corrupción.
Después que el presidente Morales decidiera poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión del gobierno guatemalteco.
El pasado 7 de enero el gobierno guatemalteco dio por finalizado el convenio entre el país centroamericano y Naciones Unidas, y estableció un plazo de 24 horas para que la Comisión dejara de funcionar.
Argumentando que "ha violado derechos humanos en Guatemala a través de una justicia selectiva y parcial", el presidente Morales decidió poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, de la Organización de Naciones Unidas.
El protocolo firmado por el Gobierno de Honduras con la empresa desarrolladora NKG no incluye la Comisión de Transparencia anunciada como parte del sistema de gobierno de las "Ciudades Privadas".
Honduras tenía previsto nombrar a cinco expertos internacionales, entre ellos el propulsor del concepto, el economista Paul Romer, para integrar una comisión de transparencia, para asegurar las salvaguardias necesarias para proteger a Honduras y su fuerza de trabajo, y para hacer cumplir el buen gobierno en las "Ciudades Privadas".
El nuevo informe de la Iniciativa CoST Guatemala recomienda reformas en el portal de Guatecompras para obligar a todas las entidades a publicar los requerimientos de obra pública.
Del comunicado de prensa de la Iniciativa Cost:
La Iniciativa CoST Guatemala –integrada por representantes del Gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil- presentó los resultados de su análisis de 13 proyectos de construcción de infraestructura pública en Guatemala. A partir de este análisis, CoST Guatemala recomienda realizar modificaciones en Guatecompras, implementar procedimientos para aumentar la transparencia en la Contratación de obras de emergencia y velar para que la administración de obras no esté a cargo de organizaciones no gubernamentales (ONGs).
Oswaldo Canales, coordinador del Consejo, advirtió que el Registro Nacional de las Personas (RNP) puede dejar que pase el tiempo para después declarar una compra directa o de emergencia, sin el debido proceso de licitación pública, ya que esto ha ocurrido en ocasiones anteriores.
Los agentes residentes deberán requerir a sus clientes evidencia satisfactoria de su identidad o de la del último beneficiario.
El Pleno Legislativo aprobó en tercer debate el proyecto de ley 275 que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de las entidades jurídicas o abogados con el propósito de fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
La Comisión integrada por el sector privado, la sociedad civil, la academia y el Gobierno fiscalizará la construcción de infraestructura pública.
El Ministerio de Finanzas (Minfin), informó la creación de esta comisión que es parte de una iniciativa auspiciada por el Banco Mundial, denominada Cost.
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