El próximo 16 de junio los guatemaltecos deberán elegir el nuevo gobierno que asumirá en enero de 2020, que tendrá el reto de implementar las políticas que se necesitan para dar respuesta inmediata a la más urgente demanda de la población: la generación de empleo.
El proceso electoral del país ha estado rodeado de incertidumbre, pues cuatro de las candidaturas a la presidencia se decidieron en los tribunales.
En lo que va de la administración Morales, el gobierno guatemalteco ha levantado $2.400 millones a través de la colocación de eurobonos, pero se cuestiona la calidad con que se están ejecutando los fondos recaudados.
La última colocación de eurobonos que se hizo fue el pasado 23 de mayo, cuando el gobierno emitió $700 millones a 30 años plazo con una tasa de 6,12%, y $500 millones a 10 años plazo con una tasa de 4,9%.
Las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado que se discuten en Guatemala, establece cinco causales para que el Gobierno rescinda el contrato de forma anticipada, con una empresa.
Actualmente la propuesta está en discusión en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, del Congreso de la República, y entre sus objetivos principales está resolver los problemas que derivan de los litigios entre los contratistas y las entidades del Estado, debido a temas relacionados con obras sin concluir.
El 18 de marzo inició oficialmente la campaña política para las Elecciones Generales en Guatemala, pero los inconvenientes legales que enfrentan algunos candidatos siembran dudas a futuro.
Zury Ríos, Thelma Aldana y Sandra Torres, son las tres candidatas a la presidencia que encabezan las intenciones de voto para las Elecciones Generales 2019, pero tanto Ríos como Aldana han tenido inconvenientes legales en su proceso de inscripción, y Torres, ya como candidata inscrita, fue acusada de financiamiento electoral ilícito. Estos casos han acaparado la atención pública y han impedido conocer las propuestas concretas en materia económica.
En abril el FMI proyectaba para Guatemala un crecimiento de 3,2% en el PIB, pero en su última revisión la entidad redujo la cifra a 2,8%.
Al igual que el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de Guatemala también recortó la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto, desde 3,8% a un rango de entre 2,8% y 3,2%.
Al respecto, Hugo Maúl, consultor del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, explicó a Elperiodico.com.gt que "... La economía del país además de esos riesgos globales enfrenta los riesgos regionales por las tensiones políticas en Nicaragua y El Salvador, a lo que se le agrega los desafíos nacionales."
Debido a conflictos sociales y diversos procesos jurídicos, en Guatemala se encuentran suspendidos 16 proyectos hidroeléctricos, que en conjunto suman una inversión cercana a $1.500 millones.
La Asociación de Generadores de Energía Renovable (Ager) informó que los proyectos de generación de energía se encuentran suspendidos debido a conflictos con las comunidades de las zonas, a procesos de consulta a pueblos indígenas, y a órdenes giradas por la Corte de Constitucionalidad, muchas de las cuales han sido en respuesta a reclamos planteados por organizaciones ambientales. Estos proyectos que aún no logran ver la luz, equivalen a una capacidad instalada de 460 MW.
En los últimos diez el años el uso de energía renovable se ha duplicado en el país, y actualmente las fuentes de generación de ese tipo representan entre el 65% y 70% del consumo nacional.
Según las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), la estabilidad que se ha alcanzado en las tarifas eléctricas y la menor dependencia de los derivados del petróleo, se debe a que el país está consumiendo más energía generada a través de fuentes renovables.
Estandarizar el procedimiento y aplicar el silencio administrativo a favor del contribuyente, son algunas de las propuestas que el Congreso recibió para reformar la normativa vigente.
Debido a la demora generalizada en la devolución del crédito fiscal que sigue perjudicando a la mayoría de las empresas del país, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y la Asociación de Exportadores (Agexport), entregaron a la Comisión de Economía del Congreso guatemalteco, una propuesta para modificar la normativa que rige actualmente.
El gobierno propondrá crear un nuevo impuesto para financiar parte del presupuesto del Ministerio del Interior, que "estaría dirigido a la clase media alta y alta".
Este impuesto no sería para toda la población, ya que según señaló el ministro de Gobernación, "... Estará dirigido a la clase media alta y alta, pues ellos tienen la capacidad de pagarlo." Con este nuevo tributo se buscará lograr liquidez económica para mantener "...
El Plan Nacional de Desarrollo K'atun proyecta que en el 2032 el 79% de la población vivirá en núcleos urbanos, identificando las zonas con mayor potencial para la inversión.
Actualmente el 58% de la población de Guatemala reside en entornos urbanos, en 2032 el Instituto Nacional de Estadística prevé que el porcentaje ascienda al 79%, lo que permite trazar el futuro mapa de la riqueza nacional.
Advierten de posible alza en en el costo del crédito si el gobierno financia su gasto con emisiones de bonos en el mercado local.
Elperiodico.com.gt publica: “Si el Congreso de la República autoriza para el próximo periodo fiscal la emisión de $1.282 millones en Bonos para financiar el gasto público, tal y como planifica hacerlo el Organismo Ejecutivo, el crédito al sector privado podría afectarse…”.
De cada $100 que los migrantes envían a sus familiares entre $30 y $35 están relacionados de alguna forma con servicios bancarios.
Prensalibre.com publica: “Si se toma en cuenta que de enero a septiembre de este año las remesas familiares, según el Banco de Guatemala, sumaron $3.801 millones, el monto de divisas bancarizadas significó entre $1.140 millones y $1.330 millones”.
Se señala que el Estado guatemalteco es lento, burocrático, carente de planificación, y que no existen normas ni procesos para controlar el gasto público.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera urgente que se modernice el Estado, ya que esas condiciones aseguran la perpetuación de altos niveles de pobreza.
Señalan que se debe reformar la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Servicio Civil, la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de la Contraloría General de Cuentas.
“Las débiles instituciones públicas de Guatemala y su polarizado entorno político siguen limitando su calidad crediticia” - Standard & Poors
El artículo en Elperiódico.com.gt reseña que "Las tres agencias calificadoras de riesgo más importantes en el ámbito internacional: Moody’s, Standard & Poors y Fitch Ratings, han señalado a Guatemala una deficiente administración en sus indicadores sociales."
En los primeros 5 meses de 2012 la exportación de tabaco en rama de Guatemala alcanzó solamente el 6% de los $50 millones exportados durante 2011.
Para Carlos Martínez, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), entre otras razones la baja obedece a una contracción de la demanda producto de la crisis mundial.
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