En Guatemala los empresarios piden al gobierno entrante que se cree una política pública en materia de inversión extranjera que incorpore temas como trato justo y equitativo de las inversiones, el estándar de trato mínimo y la definición de arbitrariedad.
La inversión extranjera directa (IED) en el país no pasa su mejor momento, ya que las cifras del Banco de Guatemala precisan que en 2018 el flujo captado fue de $1.031 millones, 12% menos que los $1.170 millones reportados en 2017. Ver datos oficiales.
Para el primer trimestre de 2014 el Centro Internacional de Arbitraje Relativo a las Inversiones podría emitir el fallo sobre la demanda al Estado guatemalteco.
Así lo explicó Silvia Alvarado, directora de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).
La empresa “reclamó en 2010 ante el Centro Internacional de Arbitraje Relativo a las Inversiones (CIADI) que el Estado dio un trato injusto e inequitativo al fijar el Valor Agregado de Distribución (VAD) en 2009 en un monto inferior al solicitado por la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA), de la cual en ese momento Teco era una de los accionistas junto a la española Iberdrola”, reseña el artículo de Elperiodico.com.gt.
Tras el traspaso del control accionario al Estado guatemalteco, se abre una etapa de revisión de los contratos vigentes con los clientes del ferrocarril.
Prensalibre.com publica: “El arrendamiento a la Compañía Bananera Guatemalteca, la servidumbre de paso de tuberías para la conducción de combustible con Texaco, el paso para conducción de gas licuado de petróleo con Zeta Gas, suscritos en el 2002, así como de la servidumbre de paso de conducción de energía eléctrica con Generadora Eléctrica del Norte y otro similar con Generadora del Sur, firmados en el 2001, son los contratos que pasarán al Estado cuando se recupere el derecho de la vía férrea”.
Con el pago que realizará el próximo mes, el 82% de las acciones en poder de Ferrovías pasarán a propiedad del Estado guatemalteco.
Así se cumplirá con la sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que falló a favor de la compañía subsidiada por Railroad Development Corporation (RDC) en 2012. El jerarca de Finanzas, Pavel Centeno, dijo que “ya tenemos identificados los fondos y el espacio presupuestario de donde saldrán los recursos”.
El reciente fallo de un tribunal internacional a favor de Guatemala en el litigio con Iberdrola, marca un precedente en contra de las pretensiones de Teco Energy.
La corporación estadounidense Teco Energy, ex accionista de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), demandó a Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el pasado año 2010, alegando pérdidas económicas por una reducción en el Valor Agregado de Distribución implementada por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en el 2008.
Luego de la resolución judicial que adjudicó al Estado guatemalteco el derecho sobre la vía férrea, el presidente Pérez Molina anuncia interesados en su reactivación.
Los inversores anunciados pero no identificados por el mandatario de Guatemala estarían dispuestos a asumir el costo de la deuda que el Estado mantiene con Ferrovías, cuantificada en más de $11 millones.
El Ministerio de Economía está a la búsqueda de profesionales legales para continuar con el proceso de arbitraje solicitado por Ferrovías.
El pasado 7 de julio el país debía de presentar ante El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) sus alegatos, pero ante la falta de profesionales que lleven el caso solicitó una prórroga.
La corporación estadounidense, ex accionista de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), demandó al país ante el Ciadi en Washington.
El proceso de arbitraje internacional tiene una motivación similar al iniciado por la española Iberdrola (también ex accionista de EEGSA) en diciembre del 2009, ante la misma institución, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
El Ciadi, con sede en Washington, rechazó la solicitud del Estado de Guatemala para suspender la demanda por $65 millones que entabló la Compañía Ferrovías en el 2007.
Al rechazar esa objeción, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) acepta que tiene jurisdicción para conocer el caso, en el que la RailRoad Development Corporation (RDC), accionista mayoritaria de Ferrovías, acusa al Estado de Guatemala.
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