En Guatemala los empresarios piden al gobierno entrante que se cree una política pública en materia de inversión extranjera que incorpore temas como trato justo y equitativo de las inversiones, el estándar de trato mínimo y la definición de arbitrariedad.
La inversión extranjera directa (IED) en el país no pasa su mejor momento, ya que las cifras del Banco de Guatemala precisan que en 2018 el flujo captado fue de $1.031 millones, 12% menos que los $1.170 millones reportados en 2017. Ver datos oficiales.
Un tribunal internacional falló a favor del gobierno de Costa Rica en un proceso legal en donde inversionistas estadounidenses denunciaron actuaciones arbitrarias en el desarrollo de un proyecto inmobiliario en playa Esterillos.
Del comunicado del Ministerio de Comercio Exterior:
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones falló a favor de El Salvador en el conflicto con la minera OceanaGold, propietaria de la mina de oro El Dorado.
El Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones falló contra el empresario Julio Lisac, demandante por el cese de la concesión de un proyecto hidroeléctrico.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:
A petición de las partes se suspendió por 30 días el arbitraje y se inició un diálogo para llegar a un acuerdo por la composición accionaria de la sociedad LaGeo.
Un grupo de inversionistas de EE.UU. presentó una demanda por $70 millones alegando violación del DR-CAFTA impidiendo el desarrollo del proyecto inmobiliario Las Olas, en Puntarenas.
Infinito Gold reclama $94 millones perdidos por violaciones al acuerdo de promoción y protección de inversiones entre Costa Rica y Canadá.
Industrias Infinito confirmó que su casa matriz, Infinito Gold, presentó una demanda contra Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en busca de una compensación a raíz de sus inversiones en el cancelado proyecto minero Crucitas.
Para el primer trimestre de 2014 el Centro Internacional de Arbitraje Relativo a las Inversiones podría emitir el fallo sobre la demanda al Estado guatemalteco.
Así lo explicó Silvia Alvarado, directora de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).
El Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones inició un proceso de arbitraje en el que Panamá podría terminar pagando hasta $2.500 millones.
Meses atrás la estadounidense Transglobal Green Energy (TGGE), convocó al gobierno panameño a llegar a un acuerdo sobre la anulación de la concesión de una hidroeléctrica que posteriormente fue otorgada a Grupo Ideal propiedad de Carlos Slim, sin embargo, la inacción de las autoridades motivó a la compañía a tomar otras medidas.
Tras el traspaso del control accionario al Estado guatemalteco, se abre una etapa de revisión de los contratos vigentes con los clientes del ferrocarril.
Prensalibre.com publica: “El arrendamiento a la Compañía Bananera Guatemalteca, la servidumbre de paso de tuberías para la conducción de combustible con Texaco, el paso para conducción de gas licuado de petróleo con Zeta Gas, suscritos en el 2002, así como de la servidumbre de paso de conducción de energía eléctrica con Generadora Eléctrica del Norte y otro similar con Generadora del Sur, firmados en el 2001, son los contratos que pasarán al Estado cuando se recupere el derecho de la vía férrea”.
Con el pago que realizará el próximo mes, el 82% de las acciones en poder de Ferrovías pasarán a propiedad del Estado guatemalteco.
Así se cumplirá con la sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que falló a favor de la compañía subsidiada por Railroad Development Corporation (RDC) en 2012. El jerarca de Finanzas, Pavel Centeno, dijo que “ya tenemos identificados los fondos y el espacio presupuestario de donde saldrán los recursos”.
El consorcio de origen italiano Enel demándó al Estado salvadoreño ante el ICSID por el diferendo que mantienen sobre la participación accionaria en la geotermal.
La estadounidense Commerce Group había demandado al Estado salvadoreño por $100 millones, por la revocación de los permisos ambientales para un proyecto minera.
Tras la decisión final de la Sala Constitucional descartando sus demandas, Industrias Infinito anunció que continuará el litigio en tribunales internacionales.
“Industrias Infinito elevó a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI) desde abril pasado, la firma solicita al Estado el pago de $1.092 millones de indemnización por el freno a la concesión minera”, reseña el artículo de Nacion.com.
Transglobal Green Energy convoca al gobierno panameño a un acuerdo sobre la anulación de la concesión de una hidroeléctrica que luego se otorgó a una empresa de Carlos Slim.
El 24 de junio es la fecha límite que los abogados de la compañía Transglobal dan al Gobierno para solucionar de forma amigable el caso sobre una concesiónhidroeléctrica en el Río Chiriquí Viejo, antes de ir a un proceso de arbitraje.
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