Atrasos e inconformidades en el cumplimiento del contrato se unen a que el responsable local del proyecto es cónyuge de una magistrada de la Corte Suprema.
Varios artículos de Ronny Rojas en Nacion.com reseñan que el Poder Judicial de Costa Rica contrató, en una licitación con un único oferente, a la empresa española Indra, para una consultoría del sistema informático y el rediseño de procesos, por un valor de $1,8 millones (con financiación del BID).
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