En Guatemala las Cámaras de Industria, Construcción, Comercio y del Agro, coinciden en que las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado constituyen un retroceso en materia de transparencia y abren la puerta para mayor opacidad en el gasto público.
Aunque son más de 140 los productos agrícolas que tienen acceso al mercado de EE.UU., en la actualidad los productores locales sólo envían 70, lo que se explica, en parte, por la poca capacidad de producción y la falta de calidad.
De acuerdo a estudios realizados por Central American Business Intelligence (Cabi), Nebraska, Distrito de Columbia, Maryland, Hawaii, Tennessee, Illinois, Mississippi, Maine, Kansas y Dakota del Norte, son los estados en los que hay mayor potencial para aprovechar las oportunidades de mercado.
En Guatemala aproximadamente el 75% de las empresas agrícolas han reportado problemas de liquidez en el contexto de la crisis generada por el covid-19.
Un estudio realizado por la Cámara del Agro (Camagro), precisa que durante el mes de mayo las empresas agrícolas registraron afectaciones en sus ingresos, situación que se explica por la cuarentena decretada y las medidas de aislamiento social.
Con el objetivo que los productores guatemaltecos compitan en las mismas condiciones que los países vecinos, el gobierno prepara una propuesta de ley que busca eximir del IVA los insumos agrícolas.
La iniciativa denominada "Ley de Equidad Fiscal" es preparada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), pues según el jerarca de la institución, en otros países de Centroamérica no se les cobra el impuesto al valor agregado (IVA) a los insumos agrícolas.
Para los productores agrícolas, el uso de biotecnología de precisión en Guatemala necesita de un comité especializado para que las decisiones de las autoridades se basen en evidencia técnica y científica, y no influyan intereses políticos o ideológicos.
Guatemala ya cuenta con reglamentación en el tema, pues el 1 de octubre de 2019 entró en vigencia el marco regulador que fue firmado por el Ministerio de Economía con sus homólogos de El Salvador y Honduras.
Con el comienzo del nuevo gobierno en Guatemala, empresarios del sector agrícola se muestran optimistas y opinan que las prioridades de las nuevas autoridades deben ser garantizar los derechos de propiedad y mejorar la infraestructura vial.
De acuerdo a una encuesta realizada para medir las percepciones de los socios de la Cámara del Agro (Camagro), la reactivación económica es otro de los temas que debe priorizar la agenda de trabajo del gobierno de Alejandro Giammattei.
A las denuncias realizadas en los últimos meses por empresarios de Guatemala y Nicaragua, se le añade la de una gremial hondureña, que denuncia la invasión de 3.400 manzanas de tierras productivas.
Debido a que el área de tierra usurpada en Guatemala ha crecido desde alrededor de 10 mil hectáreas en la década de los noventa, hasta 164 mil en 2018, las pérdidas en la producción agrícola ocasionadas por este fenómeno ascendieron a cerca de $650 millones el año pasado.
La Cámara del Agro (Camagro) estima que sólo en 2018, las invasiones a la propiedad privada, principalmente a fincas de producción agrícola, generaron un impacto negativo equivalente al 0,6% del Producto Interno Bruto.
Autoridades de Guatemala, único país de la región que está negociando el TLC con Corea de forma unilateral, anunciaron que agilizarán las gestiones para suscribir el acuerdo antes de fin de año.
El anuncio lo hizo el presidente Jimmy Morales en compañía del ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, ante los integrantes de la junta directiva de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), que es uno de los sectores que está demandando la adhesión del país al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Corea del Sur.
Aunque la baja en los precios internacionales y el contrabando son factores de amenaza para la producción agrícola en Guatemala, las inversiones que se prevé realizar en infraestructura ayudarían a reducir los costos del sector.
Estimaciones del Banco de Guatemala (Banguat) detallan que el Producto Interno Bruto agrícola creció 2,6% en 2018, y para 2019 se prevé un incremento de 2,8%.
La definición de cuánto y cómo debe ajustarse el salario mínimo, algo que en ocasiones parece hacerse de forma antojadiza y con fines políticos, sigue siendo uno de los factores que más enfrenta a empresarios y gobiernos de Centroamérica.
En Costa Rica se aprobó para 2019 un incremento de 3% en el salario mínimo; en El Salvador, se prevé discutir un aumento, y en Guatemala, la comisión a cargo del tema informó que este año no se harán incrementos.
Con el objetivo de disminuir costos de producción, la gremial cafetera en Guatemala implementará un sistema de información climático para el acceso a pronósticos más específicos en las zonas cafetaleras.
Según la Asociación Nacional del Café (Anacafé) con la implementación de más estaciones meteorológicas en pequeñas áreas cafetaleras del país, se podrían reducir entre 10% y 15% los costos de la producción del grano.
Mientras los empresarios agrícolas de Guatemala insisten en firmar el acuerdo para no perder ventaja respecto a sus competidores en la región, los industriales proponen renegociar el acuerdo desde cero.
Las posiciones de cada uno de los sectores son muy claras. Los industriales aseguran que si el acuerdo se firma en las condiciones actuales, algunos subsectores se verán afectados, y por esa razón pretenden, si existe apertura de parte del gobierno coreano, volver a sentarse a la mesa de negociación.
La administración Morales anunció que en febrero reanudarán las conversaciones con el gobierno peruano para completar el proceso de ratificación del acuerdo firmado en 2011.
El principal factor que ha demorado la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Perú tiene que ver con el conflicto que surgió en 2013 por los aranceles que imponía la nación andina a la importación de azúcar proveniente de Guatemala, razón por la cual el gobierno guatemalteco presentó, en ese entonces, una denuncia ante la OMC."
La forma en que el Congreso de Guatemala aprobó las reformas al Código Penal, "sugiere que su objetivo pudiera ser asegurar la impunidad en el país y con ello retroceder en la lucha por un verdadero y efectivo Estado de Derecho."
Aunque el presidente Morales aseguró estar listo para analizar las reformas aprobadas y vetarlas si resultan ser "nocivas para el pueblo de Guatemala", el solo hecho de que el Congreso las haya aprobado con tanta celeridad y simpleza, refleja la delicada crisis política que vive el país.
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