En el contexto de las medidas de aislamiento social y restricción de movilidad que se han decretado por la crisis sanitaria que enfrenta la región y el mundo, los restaurantes se verán obligados a readecuar su modelo de negocio a los cambios que vendrán en la conducta de los consumidores.
La propagación del covid19 ha obligado a las cadenas de restaurantes a reinventarse para continuar operando, pues en la mayoría de los países de la región los gobiernos han prohibido la libre circulación de las personas y han obligado a la mayoría de los establecimientos comerciales a cerrar.
En los dos últimos años la oferta de restaurantes de comida rápida se duplicó, y ya se nota la sobreoferta en la disminución de las ventas, que cayeron un 10%.
De acuerdo con Manuel Burgos, presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore), con la apertura de nuevos centros comerciales como Lincoln Plaza, en Moravia, Paseo Metrópoli, en Cartago, y Plaza Tempo, en Escazú, se abrieron por lo menos 80 restaurantes de este tipo.
La Cámara Nacional de Turismo califican de desproporcionados y alejados de la realidad los montos de las licencias para el expendio de bebidas alcohólicas.
Del comunicado de prensa de la Cámara Nacional de Turismo Canatur:
Desproporcionado y alejado de la realidad es como la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), califica los montos por concepto del pago de las licencias para el expendio de bebidas con contenido alcohólico que estipula la Ley N°9047.
Comercios detallistas, restaurantes y bares resienten los efectos de la nueva ley que delega la regulación de la venta de licor en las municipalidades.
Los cobros excesivos en las patentes tiene enfrentadas a cámaras del sector privado con las municipalidades, quienes tras la actualización de una ley hace menos de un año, son las encargadas de reglamentar la venta de licor en cada cantón, causando condiciones desiguales en cada uno de los municipios.
Una ley aprobada en el Congreso establece que los ingresos por propinas no deben ser considerados como parte del salario, por lo que no pueden ser objeto de cargas sociales.
Un fallo interpretativo de la Sala Constitucional de Costa Rica, había refrendado el criterio de las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, que incluía las propinas en el salario sobre el cual se deben calcular las cargas sociales a pagar tanto por el empleado como por el empleador.
Una eventual declaratoria de emergencia provocaría repercusiones en la industria tales como mala imagen turística, el cierre de líneas de crédito y freno en la inversión.
Ante la solicitud de algunos representantes del sector de una declaratoria de emergencia, las principales gremiales turísticas objetan tal posibilidad.
El comunicado de prensa:
Sector turístico objeta solicitud de declaración de estado de emergencia a la actividad
El impuesto equivalente al 10% del monto facturado por servicios de alimentación y alojamiento en restaurantes y hoteles, conocido como propina, es un ingreso que debería distribuirse entre los empleados. Sin embargo, son muchos los operadores que lo retienen y no lo entregan a sus colaboradores.
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