El plan de disminución de los subsidios en las tarifas de electricidad sería ejecutado en un plazo de cuatro años, entre 2018 y 2022, y en coordinación con el sector empresarial.
El plan de la administración Ortega es comenzar con la revisión de los esquemas actuales de subsidios y desarrollar una estrategia para disminuirlos de forma paulatina.
Los problemas de falta de infraestructura como carreteras, puertos y aeropuertos podrían comenzar a resolverse si prospera el proyecto de ley de alianzas público-privadas que preparan gobierno y sector privado.
El Anteproyecto de Ley de Asociaciones Público Privadas que sería presentado en los próximos días por el presidente Ortega fue preparado en conjunto con representantes del sector privado, según explicó el asesor económico presidencial, Bayardo Arce.
Anunciaron que con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo se licitaría el diseño de un plan para mejorar y agilizar el comercio transfronterizo en la región.
El objetivo es diseñar e implementar un sistema que mejore y agilice el tránsito de mercancías entre los países centroamericanos, que actualmente enfrenta varios obstáculos que afectan la competitividad, como demoras en aduanas y duplicidad de trámites.
Proponen que no se paralice el proceso de importación cuando una mercadería presenta "dudas de valor" y que se investiguen los posibles errores en las facturas posteriormente.
Son varios los empresarios que se quejan de que la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) detiene los procesos de importación cuando se detecta un posible error en el valor asignado a la mercadería en la factura, y exigen cambios para que los problemas se puedan resolver después y se permita el desalmacenaje de la mercadería.
Proponen redactar un nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones desde cero, dejando completamente afuera los conceptos de control estatal que contiene la actual propuesta.
Para el sector privado, la forma en que está redactado el anteproyecto de "Ley de banda ancha" no es clara y deja abierta la posibilidad para que el Estado ejerza un control excesivo sobre el acceso a internet en el país. Por esta razón, exigen un consenso entre todos los sectores para elaborar un nuevo proyecto de ley.
El sector privado propone a las universidades desarrollar carreras de nivel técnico en áreas como electrónica u hotelería, en lugar de solo enfocarse en licenciaturas y títulos académicos de mayor nivel.
Esta reorientación en el sistema educativo que pretenden que realicen las universidades deberá ser un esfuerzo conjunto público y privado, ya que, según el asesor presidencial Bayardo Arce, "... Los bajos niveles de ciencia, tecnología e innovación han afectado el desarrollo económico...".
El sector productivo señala que el ahorro generado por la reducción en el precio del petróleo se debe aplicar a las tarifas energéticas.
Aunque esta propuesta cobra fuerza en el contexto de la caída del precio del petróleo, el sector privado ya la había planteado el año pasado. Se espera que a finales de este mes se lleve nuevamente a la Mesa del Sector Energético con el objetivo de cubrir la de deuda de $202 millones generada por préstamos para el subsidio, y para realizar una revisión en la tarifa eléctrica.
La exoneración del IVA y del impuesto a la renta a las PyMEs que operan bajo el régimen de cuota fija se mantendrá en la Ley de Concertación Tributaria cuya reforma propone el Poder Ejecutivo.
Son alrededor de 200 mil las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que operan bajo el denominado régimen de cuota fija, aportando un 40% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Con el consenso del sector privado, el gobierno anunció que quitarán de la Ley de Concertación Tributaria el artículo que establecía el fin de las exoneraciones el 31 de diciembre de este año.
El Poder ejecutivo presentará, esta semana, la reforma de ley a la Asamblea Nacional, y se espera que esté aprobado antes que finalice el actual periodo legislativo.
El gremio analiza buscar nuevos mercados donde comprar materia prima para la confección de textiles, si Estados Unidos no renueva las preferencias arancelarias.
El Nivel de Acceso Preferencial (TPL, por su sigla en inglés) vence el próximo 31 de diciembre y de no ser renovado la industria textil nicaragüense buscará nuevos proveedores como la India, China o Chile, que tienen ofertas más bajas que las de Estados Unidos.
Proponen exigir un plazo definitivo al consorcio brasileño Eletrobas y Queiroz Galvao para que inicie la construcción de la represa hidroeléctrica Tumarín, varias veces anunciada pero nunca concretada.
El asesor presidencial Bayardo Arce señaló a Laprensa.com.ni que le sugirió al gobierno de Daniel Ortega establecer un plazo para el inicio de la obra, ya que el proyecto debió haber iniciado en julio y hasta la fecha el consorcio solo ha exigido compensaciones adicionales, sin dar detalles sobre el comienzo del proyecto.
En Nicaragua el municipio caribeño de Bluefields carece de agua potable lo que impide la recepción de turismo.
El gobierno anunció que instalarán una planta nueva en el municipio caribeño de Bluefields para adecuar las condiciones de la zona y fomentar más la actividad turística.
Nicaragua y la concesionaria CHN firmaron un acuerdo en el que la empresa brasileña se compromete a iniciar la construcción a mediados de 2014.
El proyecto de la mayor hidroeléctrica de Nicaragua se parece hasta ahora al cuento de nunca acabar, siendo numerosos en los últimos años los anuncios del comienzo de su construcción, que hasta ahora se ha visto impedido por falta de acuerdo sobre las tarifas con que los brasileños venderían la electricidad generada.
La notificación enviada por el Gobierno obligando a empresas de zonas francas a comprar energía a TSK-Melfosur sería revocada.
El asesor presidencial para asuntos económicos Bayardo Arce informa, que la medida adoptada sería contraría a la Ley de la Industria Eléctrica por lo que se están realizando las enmiendas a esta medida.
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