El gobierno de El Salvador redujo del 20% al 10% la proporción de la cartera que pueden invertir las Administradoras de Fondos de Pensión en valores de empresas extranjeras.
La Asociación Salvadoreña de Fondos de Pensiones pide que se concreten los cambios en la ley para elevar la rentabilidad de los ahorros de los trabajadores.
La Asociación Salvadoreña de Fondos de Pensiones (Asafondos) pidió al presidente Mauricio Funes cumplir con sus promesas de llevar a cabo una segunda parte de las reformas al sistema de pensiones.
Si bien apoyan la propuesta de reformas legales para mejorar la rentabilidad de las pensiones, las AFP piden una tasa de interés mínima de 4% para los CIP.
Las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se oponen a un límite en el pago del interés, porque afectará el beneficio de los cotizantes, a costa de proteger el gasto estatal.
Por ello, pretenden que las propuestas del Ejecutivo estipulen un pago mínimo del 4% de tasa de interés por los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
El sector privado financiero creó la Cámara de Asociaciones del Sector Financiero de El Salvador.
El objetivo de esta nueva cámara es agrupar a todas las asociaciones financieras del país, y servir de interlocutor con la futura superintendencia que integrará los tres entes reguladores financieros actuales.
Está compuesta por la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), Asociación Salvadoreña de Fondos de Pensiones (Asafondos), Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES) y Asociación de Casas de Corredores de Bolsa de El Salvador (Acabolsa).
La Asociación de Fondos de Pensiones reveló durante el foro realizado por El Diario de Hoy que los fondos administrados por las AFP ascienden a $4,400 millones.
De esa cantidad el 15% se destina a la adquisición obligatoria de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) emitidos por el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) para el pago de las pensiones de los institutos públicos.
La Asociación de Fondos de Pensiones reveló que los ahorros previsionales de los trabajadores podrían ser una buena alternativa para financiar obras de infraestructura.
La Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) permite que las AFP puedan invertir en proyectos como la construcción de puertos, carreteras, presas y proyectos de energía, entre otros, aseguró la presidenta de la Asociación Ruth de Solórzano.
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