Debido a que El Salvador, Costa Rica y Panamá, han dispuesto limitar a 72 horas el tiempo máximo que pueden permanecer los conductores de transporte de carga que operan en la región, cientos de unidades han decidido paralizar sus operaciones como medida de presión.
Por la crisis sanitaria que deriva del brote de covid19, las autoridades salvadoreñas, costarricenses y panameñas decidieron que los pilotos de las unidades de transporte de carga que ingresan al país, tenga sólo 72 horas para hacer los trámites en las fronteras, y para descargar y volver a cargar las mercancías de los vehículos.
Mientras las autoridades reactivaron el proceso para la liberalización binacional de aduanas, los empresarios señalan limitaciones en temas de burocracia, corrupción, e infraestructura por los pasos fronterizos.
Los Gobiernos de Guatemala y El Salvador retomaron los trabajos de los Grupos Técnicos binacionales para liberalizar puestos fronterizos. Mediante un comunicado, informaron que reactivaron el diálogo en temas aduaneros, sanitarios y fitosanitarios, migratorios, de seguridad, legales y tributarios.
Empresarios demandan al gobierno cobrar la tasa de $18 por uso de escáner solo a la carga que tiene como destino El Salvador.
De acuerdo con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), este cobro viola convenios y tratados de comercio en la región. Además, consideran como excesivos la revisión y el tiempo al que se someten todos los cargamentos.
Acuerdan reformar la Ley del Fondo de Atención para Víctimas de Accidentes de Tránsito para eximir del pago a los transportistas de carga que ya cuenten con un seguro privado.
El acuerdo se logra en la Comisión de Hacienda del Congreso salvadoreño luego de que la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC) amenazara con paralizar el servicio en todas las fronteras del país, el próximo 1º de julio.
El sector de transporte de carga regional se compromete a adquirir un seguro que proteja a las víctimas de accidentes.
El artículo en Prensalibre.com.gt reseña que "El gobierno de El Salvador y gremios del transporte de carga de Centroamérica, acordaron este jueves “apoyar” una reforma legal que les libere del pago de un impuesto a quienes ya pagan un seguro para cubrir eventuales accidentes de tránsito, informó una fuente oficial."
Las principales gremiales de transporte de carga de Centroamérica dieron un ultimátum al gobierno de El Salvador para que modifique el cobro del nuevo impuesto cobrado en las aduanas.
Representantes de estas gremiales que integran el Consejo Centroamericano de Transporte ponen como fecha límite el 31 de mayo para que se modifique este cobro, si en esa fecha, el Congreso no modifica la ley que creó el nuevo impuesto, los transportistas se sumarían a un paro indefinido que provocaría grandes pérdidas a empresas centroamericanas.
Las medidas son en respuesta a las disposiciones de las autoridades de Nicaragua que buscan proteger a los empresarios locales.
El Consejo Centroamericano de Transporte considera que las disposiciones de las autoridades de Nicaragua, que establecen que parte del recorrido por su territorio debe ser realizado por empresas nacionales, viola los acuerdos comerciales.
El transporte de carga anunció una reducción al valor del flete desde El Salvador a cualquier país de Centroamérica y Panamá.
Las nuevas tarifas que rigen desde ayer quedan de la siguiente manera: de El Salvador hacia Guatemala $672,50, el precio actual es $710.00; hacia Tegucigalpa, Honduras $945.00, la tarifa actual es de $1,000 y hacia San Pedro Sula de $982,50, antes de $1,040.
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