Para poner en funcionamiento el control de velocidad en carretera, RACSA pidió $5.500 mensuales por cada una de las 90 cámaras a instalar.
Esto significaría que mensualmente el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) tendría que pagar $495 mil, sin contar que en diciembre próximo tendrían que estar instaladas 150 cámaras, es decir $825 mil mensuales para que el sistema de vigilancia pueda funcionar.