En Guatemala fueron publicadas en el Diario de Centroamérica las sanciones de las leyes para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos y de Zonas Francas, marcos normativos que tienen como objetivo incentivar las inversiones y la creación de empleos.
En la edición del 1 de junio de 2021 del Diario de Centroamérica fueron incluidos los textos del Decreto 5-2021 que corresponde a la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos y el del 6-2021 que se refiere a la Ley de Zonas Francas. Ver publicación completa.
El Congreso de la República de Guatemala aprobó en tercer debate y por redacción final las reformas a la Ley de Zonas Francas, normativa forma parte del paquete de leyes de reactivación económica para el país.
Esta propuesta fue presentada ante Dirección Legislativa en 2016 por el legislador Oscar Stuardo Chinchilla y los exdiputados Carlos Enrique Chavarría Pérez y Carlos Rafael Fión Morales.
Las perspectivas en el país son prometedoras, pues en la actualidad hay al menos 108 empresas que han enviado solicitudes para instalarse en zonas francas que se localizan en los departamentos de Guatemala y Escuintla.
Representantes del sector informaron que las empresas interesadas en invertir en estos recintos se dedican principalmente a actividades industriales y textiles.
En Guatemala recibió el visto bueno el proyecto Miel Verde, Zona Económica Especial Pública que en su primera fase de desarrollo requerirá una inversión cercana a los $4 millones y se ubicará en el municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa.
La nueva zona especial tendrá una extensión total de 23.544 metros cuadrados, sin embargo, en la primera fase será desarrollada sólo una área de aproximadamente 5.173 metros cuadrados.
En Guatemala comenzó a funcionar "Puerta del Istmo", Zona de Desarrollo Económico Especial Pública que se ubica en Pajapita, departamento de San Marcos.
En Guatemala autorizaron el segundo proyecto para instalar una Zona de Desarrollo Económico Especial Pública, el cual requerirá una inversión inicial de $16 millones y se ubicará en Pajapita, departamento de San Marcos.
El nombre del parque industrial, que estará en un terreno de 160 hectáreas y albergará empresas industriales y de logística, es "Puerta del Istmo" y requerirá en su primera fase una inversión de $4 millones y en su segunda fase prevé invertir $12 millones.
Puerta del Istmo, Centro Logístico Quetzal y ZDEEP Piedras Negras, son los proyectos que en Guatemala avanzan en el proceso para convertirse en Zonas de Desarrollo Económico Especial Pública.
En Guatemala comenzó a regir el reglamento que regula las tarifas que se aplicarán a usuarios, administradores y zonas económicas, como parte de la nueva legislación sobre Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas.
Cobraron vigencia las tarifas que se aplicarán según las categorías definidas en el reglamento, publicado en el Diario de Centroamérica el 28 de junio.
El reglamento para las Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas, que entró en vigencia en Guatemala el 4 de febrero, establece incentivos fiscales a las compañías que operen bajo este esquema.
Entre los beneficios fiscales que contempla la Ley de Zonas de Desarrollo Económicas Especiales Públicas (ZDEEP), destacan la exoneración por 10 años del 100% del Impuesto Sobre la Renta, así como la suspensión temporal de los impuestos asociados a las importaciones.
Una plataforma industrial y logística para negocios globales.
Grupo Corporativo Pérez, que ha participado por más de 60 años en la logística del país a través de sus empresas Ricardo Pérez, S. A. – distribuidor de Toyota, Lexus e Hino, e Interoceanic Cargo Carrier, identificó la necesidad de invertir en la infraestructura logística del país, desarrollando PLP: PARQUE LOGÍSTICO PANAMÁ, una Plataforma Industrial y Logístico para Negocios Globales.
En menos de un mes la Dirección General de Aeronáutica Civil prevé subastar los siete locales que hasta ahora ocupaba Grupo Wisa con su marca La Riviera.
Como parte de las investigaciones por supuesta defraudación fiscal que el Ministerio Público realiza desde octubre del año pasado, "... inició el embalaje de la mercadería que estaba en los siete locales que arrendaba Grupo Wisa a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)."
Reportan que una de las 17 zonas francas que opera en el país comenzó el proceso para cerrar sus operaciones por completo, debido a la inseguridad jurídica que ha generado la ley emergente de empleo.
Las empresas que operan en zonas francas llevan varios meses reclamando la grave situación que han debido enfrentar desde que se implementó la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, que en lugar de favorecer la inversión y generación de empleo, ha resultado en un buen ejemplo de cómo desincentivar la inversión en un país.
Empresas de zonas francas reclaman que la falta del reglamento a la ley emergente de empleo les impide comercializar productos que fueron terminados antes de la entrada en vigencia de la ley.
A los productos terminados y listos para ser comercializados se suman también materia prima, maquinaria y otros insumos de producción que ingresaron a la zona franca antes de que se aprobara la nueva ley y que ahora se encuentran en un vacío legal, al no existir un reglamento que establezca el tratamiento que se les debe dar en el contexto de la nueva legislación.
Del 27 al 29 de septiembre Costa Rica será la sede del evento que reúne empresas y representantes de zonas francas de América Latina y otros continentes.
La Asociación de Zonas Francas de las Américas convoca a la XX Conferencia de Zonas Francas de las Américas, un espacio que concentra a los representantes de países y zonas francas mas importantes de América Latina, en donde se discuten e intercambian experiencias y conocimientos.
Las 50 empresas que ya operan en las instalaciones del aeropuerto de Tocumen podrán acceder a los incentivos del régimen de zona franca si se aprueba la solicitud presentada por la administración de la terminal.
La documentación fue presentada ante la Comisión Nacional de Zonas Francas del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), que dispondrá de un plazo de 30 días para analizar y aprobar la solicitud.
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