En Costa Rica la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de ley para que durante dos meses no se apliquen multas por errores en la declaración del registro de accionistas.
Se aprobó en su trámite de primer debate el expediente 21.758 Ley de moratoria para la aplicación de sanciones correspondiente a la declaración ordinaria del periodo 2019, relacionadas con el registro de transparencia y beneficiarios finales, dispuesto en la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. La iniciativa da prórroga para que los accionistas de las sociedades anónimas entreguen sus listas, antes de aplicar sanciones, informó la Asamblea Legislativa.
Empresarios piden conferir de inmediato una prórroga en la aplicación de las eventuales multas, pues una gran cantidad de representantes de empresas aun no han gestionado su firma digital y en este momento, no hay capacidad instalada en los puestos autorizados.
A partir del 1 de septiembre cerca de 370 mil personas jurídicas tendrán la obligación de cumplir con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, siendo las cédulas jurídicas que terminan en 0 y 1, las que deben hacerlo primero.
No obstante, a partir del 1 setiembre del 2019, las personas jurídicas que así lo prefieran, independientemente del último dígito de su cédula, podrán hacer su declaración y enviarla anticipadamente.
Debido a las dudas que han surgido en el sector empresarial, en Costa Rica se informó que el inicio de registro de accionistas se postergó seis meses, y entrará en vigencia el 1 de septiembre de este año.
El objetivo de este proceso es facilitar el cumplimiento de la obligación que tienen las empresas de informar a Hacienda sobre la composición de su capital social, así como la identificación de los beneficiarios finales, según lo dispuesto en la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, precisa un comunicado del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Aunque el Banco Central no ha definido aun la fecha en que las empresas deben presentar la información, ya fue publicado el nuevo reglamento del registro de transparencia y beneficiarios finales.
El reglamento fue publicado a finales de abril en el diario oficial La Gaceta, y detalla quienes son las entidades obligadas a suministrar información respecto a las participaciones sustantivas y beneficiarios finales, establecido en la Ley para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal.
Un proyecto de ley aprobado en Comisión Legislativa crea el registro de accionistas al que tendría acceso irrestricto la autoridad tributaria.
El objetivo principal del proyecto contra el fraude fiscal es permitir a la Dirección General de Tributación embargar bienes y cuentas bancarias de los contribuyentes calificados como morosos, con la orden de un juez. Los embargos se podrían extender por un plazo hasta de dos años.
El proyecto de ley que promueve el gobierno para combatir la evasión fiscal contempla la creación de un registro centralizado de accionistas con información de los beneficiarios finales de las sociedades.
El sector empresarial no ve con buenos ojos la creación de un registro centralizado de accionistas, pues obligaría a las sociedades jurídicas a revelar información sensible de los portadores de las acciones cuando la Dirección General de Tributación lo requiera.
El convenio prevé el intercambio de información de cuentas financieras, incluyendo saldos, intereses, dividendos y ganancias de ventas de activos financieros, tanto para personas físicas como jurídicas.
Del comunicado del Ministerio de Hacienda de Costa Rica:
COSTA RICA SUSCRIBIÓ ACUERDO MULTILATERAL DE INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN DE LA OCDE