En El Salvador demandan que la actualización que pretenden hacer los diputados de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se realice sin descuidar los principios de competencia y transparencia.
Después de que el Ejecutivo entregara en 2019 al Legislativo las enmiendas al proyecto de reforma de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), una subcomisión de la Asamblea examina las propuestas.
Empresarios costarricenses respaldan los esfuerzos por evitar cambios al proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa, que originalmente busca frenar los abusos en las contrataciones que realizan de forma directa las entidades públicas.
La revelación de que la constructora brasileña pagó casi $60 millones en sobornos en Panamá constituye un claro llamado de atención a la sociedad y al sector privado, que debe exigir transparencia en las contrataciones estatales.
EDITORIAL
Cuando una empresa soborna funcionarios de gobierno para adjudicarse contratos de obra pública no solo está generando un grave perjuicio a la institucionalidad de ese país, sino también al desarrollo económico y al desempeño de aquellas empresas privadas que operan en el marco de la legalidad, pagando impuestos y cumpliendo con la ley.
Señalan vicios e incumplimiento de requisitos en la forma en que la Caja del Seguro Social lleva a cabo los procesos de licitación de medicamentos e insumos para laboratorios.
Las discrepancias fueron planteadas por la comisión técnica evaluadora, que cuestionó la forma en que la Caja del Seguro Social adjudicó los contratos en la licitación para suministrar reactivos y pruebas de laboratorios, publicada en septiembre de 2015 y adjudicada recientemente a tres empresas por $38 millones.
En los primeros siete meses de la administración Morales las compras del Estado ejecutadas por excepción disminuyeron 97% respecto al mismo período del 2015.
El artículo en Agn.com.gt reseña que "... De acuerdo con el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras), de enero a julio del presente año las instituciones de la administración central realizaron 21 adjudicaciones mediante el proceso de excepción, mientras que en el mismo período del 2015 se efectuaron 706 compras a través de esa modalidad."
Diversas organizaciones critican el texto de la nueva ley de contrataciones públicas señalando que no impone la transparencia necesaria en esos procesos.
La principal crítica se refiere a que del texto finalmente aprobado por la Asamblea Nacional se eliminó un artículo que disponía la inhabilitación de empresas condenadas por corrupción.
Ante la contratación directa de la promoción internacional de Panamá, la gremial empresarial exige transparencia en el proceso y una adjudicación bien fundamentada.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá:
Han transcurrido casi dos años desde que recomendamos a las autoridades ejecutar, con prontitud, una fuerte inversión en campañas de promoción internacional para la atracción de visitantes, a fin de resolver los desajustes en el desempeño del sector turismo, producto de un exceso en la oferta disponible en hotelería, restaurantes, entre otros bienes y servicios.
Transparencia Internacional considera que el proyecto de ley actualmente en discusión es insuficiente para impedir la corrupción en el sistema de compras del Estado.
Para el capítulo panameño de la organización Transparencia Internacional, el proyecto de ley sobre contrataciones públicas en el país debería incluir aspectos como hacer público el plan anual de acciones, reducir más la discrecionalidad para contratar de forma directa, eliminar la posibilidad de “adendas lesivas a los intereses del Estado” o mejorar el proceso de pago de las cuentas.
La Procuraduría solicita indagar si existieron sobrecostos en las obras adjudicadas en el país a constructora acusada de corrupción por la justicia brasileña.
La Procuraduría de la Administración solicitó a la Contraloría General de la República de Panamá una auditoría a la principal contratista del Estado panameño, Odebrecht, para conocer “en detalle” los contratos otorgados a la constructora brasileña, donde las obras ascienden a los $9.000 millones, informó Prensa.com. El procurador Rigoberto González pretende que se auditen tanto las obras ya entregadas como las que están en ejecución.
Modificaciones en contratos "llave en mano" y eliminación de las licitaciones abreviadas son parte de los cambios que incorpora el proyecto de ley enviado a la Asamblea.
El proyecto de ley fue enviado por el gobierno a la Asamblea Nacional, donde deberá ser discutido para su posterior aprobación.
Del comunicado de la Presidencia de Panamá:
Con el propósito de hacer más eficientes los procesos de compras estatales y mejorar los niveles de transparencia en el sistema de contrataciones del Estado, el Consejo de Gabinete aprobó un paquete de reformas a la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública.
Las instituciones estatales evitan la competencia entre las telecoms contratando servicios de telecomunicaciones sin licitación y sin límites de tiempo a las estatales Instituto Costarricense de Electricidad y Radiográfica Costarricense.
En lugar de realizar licitaciones para generar una sana competencia entre los operadores de telecomunicaciones y encontrar la mejor relación costo/beneficio, como hacen todas las empresas privadas, las instituciones del Estado renuevan convenios firmados con las estatales ICE y Racsa antes de la apertura del mercado de telecomunicaciones, sin importar los precios o las condiciones de servicio que ofrezcan.
El sector privado reclama que los requisitos que exige la Caja del Seguro en la compra de medicinas por $148 millones limita la participación de empresas y podría infringir los acuerdos de libre comercio firmados.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá:
Con la aprobación de las últimas reformas a la Ley de Compras Públicas se limitan las adquisiciones por medio de contratos abiertos y se prohíbe la participación de funcionarios públicos como proveedores.
Los funcionarios y sus familiares no podrán venderle bienes o servicios al Estado mientras estén ejerciendo sus cargos, y tampoco podrán actuar como proveedores quienes hayan financiado con montos anuales superiores a $3800 campañas electorales u organizaciones políticas en el proceso electoral inmediato previo a la administración que esté vigente.
Empresarios de Panamá remarcan que los procedimientos de selección de proveedores mediante las contrataciones públicas no solo deben ser independientes y transparentes, sino que también debe percibirse que lo son.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
REFORMA DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEBE FOMENTAR MAYOR COMPETENCIA
Prohibir que quienes financiaron campañas políticas sean proveedores del Estado, implementar la subasta inversa electrónica y especificaciones técnicas para compra de medicinas, son parte de las reformas propuestas.
Del comunicado del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi):
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó al Congreso de la República diez propuestas de reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales considera prioritarias para la transparencia fiscal y el combate a la corrupción.