A muchos funcionarios de los gobiernos centroamericanos les rechina que la información que manejan sea accesible por los ciudadanos, y de una u otra forma, obstaculizan su disponibilidad.
EDITORIAL
"- Envíe una carta a la Licenciada Fulana, que es la que autoriza la entrega de la información que usted solicita, indicando los motivos de su pedido".
"- El funcionario informático que debe preparar esa información está incapacitado y no sabemos cuando se reintegra".
En Guatemala los agentes económicos no tienen las necesarias facilidades de acceso a la información pública como insumo de sus decisiones empresariales.
Con el objetivo de conocer los avances en el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, Acción Ciudadana y Transparencia Internacional evaluaron el funcionamiento de los sitios electrónicos y las unidades de información durante el 2013.
Alrededor de 8.000 ONGs que manejan fondos del estado deberán proporcionar datos de sus estados financieros.
El próximo martes entrará en vigor la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que obligará a estas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), a rendir cuentas si la ciudadanía así se lo requiere.
Según publica Prensalibre.com, entre estas ONGs hay "...comités, patronatos, asociaciones, empresas y organizaciones que manejan fondos fuera del Estado."
La ley, que regula el acceso a la información de la administración pública, entrará en vigencia 180 días después de su publicación.
La normativa garantiza a la población el derecho de solicitar y acceder a la información de la administración.
Entre lo que se define como información pública se incluye: informes de ejecución presupuestaria, depósitos constituidos con fondos públicos, concesiones usufructo y listado de obras de ejecución, entre otros.
La semana pasada, el pleno del Congreso entró a conocer la denominada Ley de Acceso a la Información Pública.
En medio de la turbulencia de los escándalos de transparencia del Organismo Legislativo, la ley no pudo llegar en mejor momento. Es hora de que los diputados se “laven la cara” frente a la ciudadanía y procedan a aprobar dicha iniciativa.
Nuestra Constitución Política ya contempla que es libre el acceso a la información pública.