La transparencia en las compras que realizan los Estados es la principal barrera contra la corrupción del funcionario público y la única forma de asegurar la libre competencia entre los proveedores.
En todos los países centroamericanos la resistencia a las plataformas únicas para las compras estatales es encabezada por los funcionarios públicos que medran con los viejos sistemas de administración que mantienen en la oscuridad los procesos y las decisiones respecto a los gastos del Estado.