Para financiar el plan de seguridad pública el gobierno propone cobrar durante diez años un impuesto de 10% sobre la factura de consumo por servicios de telecomunicaciones y la compra de dispositivos.
En el Congreso dudan de la efectividad que tendría la aplicación del impuesto de $0,65 por línea telefónica y de $13 para las centrales de llamadas.
Entre las nueve impugnaciones presentadas por los diputados a la propuesta de gravar la telefonía, destacan la falta de definición sobre el destino de los fondos y del detalle sobre quienes deberán pagar el impuesto, si el usuario o las empresas.
Se suspendió temporalmente la aplicación del impuesto de $0,65 por línea de teléfono móvil que había sido propuesto por el Ejecutivo para financiar parte del presupuesto 2015.
La Corte Constitucional suspendió provisionalmente el cobro del impuesto a la línea telefónica luego de que la Cámara de Industria y las tres compañías telefónicas que operan en el país presentaran un recurso de amparo en contra del tributo.
La a Fundación para el Desarrollo de Guatemala argumenta falta de justificaciones técnicas para los nuevos tributos y falta de transparencia en la aprobación del presupuesto 2015.
Del comunicado de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA):
En respuesta al nuevo impuesto aprobado de $0,65 por línea teléfono, las empresas operadoras devolvieron 6 millones de líneas a la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Representantes de las empresas Claro, Tigo y Telefónica devolvieron cada una 2 millones de números inactivos, con el fin de ajustar sus políticas internas para poder adaptarse al nuevo impuesto que entrará en vigencia el próximo año.
Argumentan que el impuesto al cemento incrementará el costo de la vivienda popular en al menos 6% y el tributo a los teléfonos afectará directamente a los usuarios de telefonía prepaga.
Del comunicado de la Cámara de Industria de Guatemala:
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