En este escenario de crisis económica, caída de la recaudación fiscal y necesidad de financiar programas de reactivación, en Guatemala y Costa Rica ya se propone aumentar los impuestos actuales y crear nuevos.
Las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021, año en que la economía deberá afrontar los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19.
En el contexto de la crisis sanitaria y económica, en Honduras el sector empresarial pide ampliar el plazo para el pago del Impuesto Sobre la Renta, que vence el próximo 30 de junio.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), solicitó a la Secretaría de Finanzas que se reforme el Decreto 33-2020, para que se postergue el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del año fiscal 2019.
En Honduras el Congreso extendió por dos años más las vigencia de la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, que otorga beneficios como la exención del pago del impuesto de renta y otros tributos.
Para optar por los beneficios que otorga la ley, los interesados deberán tramitar sus permisos, licencias nacionales y municipales correspondientes para su operación, informa un comunicado emitido por el Congreso.
"La deuda pública en términos de promedio simple de la región centroamericana seguirá
creciendo hasta reportar un 43,1% del PIB en 2018, luego del 42,5% de 2017."
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) estima que para el presente año el tamaño del gasto público del Gobierno Central en relación al respectivo Producto Interno Bruto de cada país se ubicaráen 21,4% en Costa Rica, 20,4% en El Salvador, 20% en Honduras, 18,4% en Nicaragua, 17,6% en Panamá y 12,1% en Guatemala.
El Congreso aprobó extender hasta el 31 de diciembre de 2017 la vigencia de la amnistía tributaria y aduanera contenida en el artículo 213 del Código Tributario.
Del comunicado del Congreso de Honduras:
27 de Septiembre. El Congreso Móvil que se celebra este miércoles en Choluteca, aprobó un decreto orientado a ampliar la amnistía hasta el 31 de diciembre de 2017 la vigencia de la amnistía tributaria y aduanera contenida en el artículo 213 del Código Tributario, reformado mediante el decreto 32-2017.
El buen funcionamiento de la institución que recauda los impuestos es vital para asegurar el desarrollo económico, en tanto las empresas honestas y cumplidoras de sus obligaciones fiscales no están en desventaja con las que las incumplen.
EDITORIAL
En Costa Rica una mejor gestión administrativa permitió alcanzar cifras de recaudación del impuesto a la renta superiores a las previstas con simples aumentos del tributo.
En Costa Rica el ministerio de Hacienda utiliza un modelo predictivo diseñado con técnicas de minería de datos para determinar los patrones de comportamiento de las empresas que podrían estar evadiendo el pago de impuestos.
Analizando y cruzando información histórica de múltiples bases de datos, el modelo estadístico que utiliza la Dirección General de Tributación intenta predecir cuáles empresas son más propensas a evadir el pago de impuestos, dependiendo de su comportamiento histórico medido a través de transacciones, declaraciones tributarias y otros datos. Vinculando toda la información, identifican patrones de comportamiento similares a los de otras empresas que evadieron impuestos en el pasado.
La reforma al Código Tributario aprobada parcialmente por el Congreso deja por fuera el concepto de "renta mundial", y establece la "renta territorial".
Reseña Latribuna.hn que "...El anteproyecto del nuevo Código Tributario fue elaborado por el gobierno, los empresarios y un sector de la economía social, durante la socialización se dijo que el cambio a “Renta Territorial representaría un retroceso en materia de combate a la fuga de capitales."
Para el ICEFI, "las políticas de incentivos tributarios parecen ser una oportunidad perdida debido al gasto tributario permanente y a la falta de beneficios sociales tangibles".
Del comunicado del ICEFI:
En el marco del encuentro internacional sobre Justicia Fiscal y Fraude Transnacional, realizado en Costa Rica, se presentó el 20 de octubre el estudio ‹La eficacia de los incentivos tributarios a la inversión en Centroamérica› en el cual se analiza la experiencia centroamericana de atracción de inversión a través de incentivos tributarios.
El anteproyecto elaborado por el Poder Ejecutivo y el sector privado incluye la figura del monotributo y la creación de un tribunal administrativo en materia tributaria.
El anteproyecto de ley deberá ahora ser analizado y aprobado por el congreso.
Además de la regulación de exoneraciones, el nuevo código crea la Superintendencia Tributaria Aduaneray la Administración Tributaria.
Sector privado y gobierno acordaron las bases de un proyecto de reforma al Código Tributario que será enviado al Congreso para su aprobación.
El proyecto de ley acordado entre el sector empresarial y la administración Hernández incluye un monotributo para las pequeñas empresas.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Jorge Faraj, dijo "...sentirse muy optimista con el nuevo instrumento legal, que vendrá a facilitar el pago de impuestos y disminuirá la tramitología, lo que permitirá hacer más atractivo al país para nuevas inversiones."
La ingeniería fiscal legal es una práctica empresarial obligatoria si se quiere ser competitivo en el mundo globalizado de hoy, y esto pueden permitirse desconocerlo solamente quienes no son empresarios.
EDITORIAL
Con la misma firmeza que criticamos al empresario que evade impuestos o corrompe funcionarios para lograr un contrato, debemos defender toda práctica empresarial encuadrada en la legalidad que persiga el mejor uso de los recursos disponibles para la generación de riqueza a través de la producción de bienes y servicios, que eso es lo que hacen las empresas.
Se propone la inclusión de nuevas figuras de recaudación, notificaciones a las empresas por medio de correo electrónico y procesos de auditoría más simples.
El anteproyecto de ley que la Dirección Ejecutiva de Ingresos tiene en consulta pública contempla cambios en los mecanismos a través de los cuales se reciben o entregan solicitudes y notificaciones sobre pago de tributos.
El sector privado reclama que al efecto negativo del nuevo tributo del 1,5%, se suma la demora en el pago de $19 millones por concepto de devolución de impuestos.
A esto se suma el costo que implica para las empresas someterse a las auditorías fiscales que exige la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) para justificar su situación financiera y poder solicitar un ajuste en el pago del 1,5% de renta que deben pagar las que generen ventas por encima de $456 mil.
Sistemas administrativos menos complejos y un esquema tributario simplificado es lo que pide el sector privado al gobierno para mejorar la competitividad del país.
Con el objetivo de mejorar la competitividad y el clima de negocios, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada solicitó al gobierno simplificar el código tributario y agilizar los trámites públicos.