Anuncian que el nuevo "Comprasal II" permite acceso a información de licitaciones en tiempo real, y su entrada en funcionamiento está prevista para inicios de 2017.
El Ministerio de Hacienda explicó que ya algunas instituciones del Estado lo están utilizando, en una primera fase de prueba. Ya para enero se prevé que otras instituciones comiencen a utilizarlo.
Desde el 28 de Octubre rigen las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, incluyendo, la figura del contrato abierto y la subasta electrónica inversa.
El decreto publicado en Diario de Centroamérica indica que "... Las reformas incluyen en total 25 artículos. En el primero de estos se establece que en los procesos de adquisiciones que se realicen con recursos de préstamos externos provenientes de operaciones de crédito público o donaciones a favor del Estado, sus dependencias, instituciones o municipalidades, se aplicarán las políticas y los procedimientos establecidos por los entes financieros o donantes, considerándose estas disposiciones como norma especial."
El sector privado denuncia que "es claro el abuso de parte del Estado al obligar a todas las dependencias y empresas públicas a contratarse entre sí."
Del comunicado de la Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP):
Octubre, 2016. La Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), denunció ante la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) al Estado costarricense por prácticas monopolísticas.
En Guatemala proponen reformas a la Ley de Consejos de Desarrollo para eliminar la injerencia de Diputados y Gobernadores en las licitaciones y en la gestión de los proyectos.
Considerando que la intervención de los gobernadores como coordinadores de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), y en las presiones que ejercen los legisladores en los nombramientos de sus integrantes, el proyecto de Presupuesto General de la Nación contendrá una reforma a la Ley de Consejos de Desarrollo, para evitar esa injerencia que eventualmente genera actos de corrupción.
El presidente Varela señaló como necesario incluir en la ley las compras de medicamentos, entre otras objeciones, y no se refirió a la inhabilitación de empresas con condenas en el extranjero por corrupción.
La principal objeción de diversos grupos sociales a la nueva ley de contrataciones estatales es que no establece la exclusión como proveedores del Estado a empresas condenadas en el exterior por actos de corrupción, y se pedía al presidente Varela que vetara la ley por ese motivo. El presidente vetó 8 de los artículos de la ley, pero no indicó en sus observaciones nada referente a ese tema.
El esperado reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado determina el proceso de subasta electrónica inversa, y fija la metodología para los precios de referencia.
El 24 de junio entrará en vigencia el reglamento de la reformada Ley de Contrataciones del Estado, que establece, entre otras cosas, la forma en que deben llevarse a cabo las negociaciones, define el sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y los procedimientos a seguir para fijar los precios de referencia en las licitaciones.
Diversas organizaciones critican el texto de la nueva ley de contrataciones públicas señalando que no impone la transparencia necesaria en esos procesos.
La principal crítica se refiere a que del texto finalmente aprobado por la Asamblea Nacional se eliminó un artículo que disponía la inhabilitación de empresas condenadas por corrupción.
Sin la cláusula que prohibía la contratación de empresas con condenas por corrupción u otros delitos, la nueva ley elimina las contrataciones abreviadas y disminuye las posibles adendas a los contratos.
La nueva normativa para las compras públicas en Panamá regirá seis meses después de su promulgación por la Presidencia panameña.
Modificaciones en contratos "llave en mano" y eliminación de las licitaciones abreviadas son parte de los cambios que incorpora el proyecto de ley enviado a la Asamblea.
El proyecto de ley fue enviado por el gobierno a la Asamblea Nacional, donde deberá ser discutido para su posterior aprobación.
Además de prohibir contratar empresas cuyos representantes hayan cometido delitos contra la administración pública, se propone eliminar precios ocultos en las licitaciones y modificar las fianzas de pago anticipado a las empresas adjudicatarias.
El anteproyecto que reforma la Ley 22 de Contrataciones Públicas fue preparado por el Ministerio de Economía y será presentado al Consejo de Gabinete el 19 de enero, para luego enviarlo para su discusión a la Asamblea Nacional. Una de las novedades que contempla es la eliminación de los precios ocultos en las licitaciones por mejor valor con evaluación separada.
La contrarreforma a la Ley de Contrataciones públicas prohibiría contratar empresas cuyos representantes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o terrorismo.
Las autoridades panameñas continúan en su proceso de revertir las modificaciones que se hicieron a la Ley 22 de Contrataciones Públicas durante el Gobierno de Ricardo Martinelli, como lo son las “licitaciones abreviadas” o “las contrataciones menores apremiantes”.
La nueva ley de contrataciones define a Guatecompras como el único sistema para gestionar compras, define precios de referencias y reglamenta la subasta inversa.
El congreso aprobó las primeras reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, entre las que destacan el establecimiento de Guatecompras como el único sistema autorizado para que las instuticiones estatales realicen las contrataciones.
El gobierno anunció "unificación de compras públicas" cuando el único cambio con respecto a la situación anterior es el cambio de nombre y logo de "Mer-Link" a "SICOP", manteniéndose la vigencia del otro sistema CompraRed.
Ocho meses después de haber sido anunciado, el Sistema Integrado de Compras Públicas aún no funciona.
Del comunicado de la Cámara de Comercio de Costa Rica:
Cámara de Comercio solicita a Presidencia activación inmediata del SICOP
Propone al Micitt como único ente que gire las políticas de Gobierno Digital.
San José, 13 de agosto del 2015. La Comisión Digital de la Cámara de Comercio de Costa Rica, llevó a cabo un estudio para conocer porqué el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), aún no ha entrado en operación a pesar de ser una prioridad para el país, principalmente por los beneficios que conlleva y que se enumeran a continuación:
Empresarios de Panamá remarcan que los procedimientos de selección de proveedores mediante las contrataciones públicas no solo deben ser independientes y transparentes, sino que también debe percibirse que lo son.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
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