El sector privado demanda que se evite la incertidumbre en los procesos de compras públicas de interés nacional, pues solo generan dudas en los inversionistas internacionales, afectando la seguridad jurídica del país.
La Cciap asegura que "... licitaciones públicas internacionales permiten evaluar la seguridad jurídica de una plaza específica, por cuanto muestran su desempeño en materia de transparencia, seriedad administrativa y fortalezas institucionales."
El sector privado denuncia que "es claro el abuso de parte del Estado al obligar a todas las dependencias y empresas públicas a contratarse entre sí."
Del comunicado de la Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP):
Octubre, 2016. La Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), denunció ante la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) al Estado costarricense por prácticas monopolísticas.
El presidente Varela señaló como necesario incluir en la ley las compras de medicamentos, entre otras objeciones, y no se refirió a la inhabilitación de empresas con condenas en el extranjero por corrupción.
La principal objeción de diversos grupos sociales a la nueva ley de contrataciones estatales es que no establece la exclusión como proveedores del Estado a empresas condenadas en el exterior por actos de corrupción, y se pedía al presidente Varela que vetara la ley por ese motivo. El presidente vetó 8 de los artículos de la ley, pero no indicó en sus observaciones nada referente a ese tema.
Diversas organizaciones critican el texto de la nueva ley de contrataciones públicas señalando que no impone la transparencia necesaria en esos procesos.
La principal crítica se refiere a que del texto finalmente aprobado por la Asamblea Nacional se eliminó un artículo que disponía la inhabilitación de empresas condenadas por corrupción.
Sin la cláusula que prohibía la contratación de empresas con condenas por corrupción u otros delitos, la nueva ley elimina las contrataciones abreviadas y disminuye las posibles adendas a los contratos.
La nueva normativa para las compras públicas en Panamá regirá seis meses después de su promulgación por la Presidencia panameña.
Modificaciones en contratos "llave en mano" y eliminación de las licitaciones abreviadas son parte de los cambios que incorpora el proyecto de ley enviado a la Asamblea.
El proyecto de ley fue enviado por el gobierno a la Asamblea Nacional, donde deberá ser discutido para su posterior aprobación.
Además de prohibir contratar empresas cuyos representantes hayan cometido delitos contra la administración pública, se propone eliminar precios ocultos en las licitaciones y modificar las fianzas de pago anticipado a las empresas adjudicatarias.
El anteproyecto que reforma la Ley 22 de Contrataciones Públicas fue preparado por el Ministerio de Economía y será presentado al Consejo de Gabinete el 19 de enero, para luego enviarlo para su discusión a la Asamblea Nacional. Una de las novedades que contempla es la eliminación de los precios ocultos en las licitaciones por mejor valor con evaluación separada.
La contrarreforma a la Ley de Contrataciones públicas prohibiría contratar empresas cuyos representantes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o terrorismo.
Las autoridades panameñas continúan en su proceso de revertir las modificaciones que se hicieron a la Ley 22 de Contrataciones Públicas durante el Gobierno de Ricardo Martinelli, como lo son las “licitaciones abreviadas” o “las contrataciones menores apremiantes”.
Empresarios de Panamá remarcan que los procedimientos de selección de proveedores mediante las contrataciones públicas no solo deben ser independientes y transparentes, sino que también debe percibirse que lo son.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
La eliminación de las licitaciones abreviadas forma parte de la búsqueda de mayor transparencia, e implicará mayor tramitología.
La principal gran modificación en la ley es la eliminación de los cambios que se hicieron a la misma durante la administración Martinelli y volver, prácticamente, a la ley con sus características originales. Una de las premisas que la dirección de Contrataciones Públicas asegura estar siguiendo es a favor de la transparencia, de manera que los procesos de contrataciones sean lo más claros y transparentes posible, principalmente en lo que a costos se refiere.
La transparencia en las compras que realizan los Estados es la principal barrera contra la corrupción del funcionario público y la única forma de asegurar la libre competencia entre los proveedores.
En todos los países centroamericanos la resistencia a las plataformas únicas para las compras estatales es encabezada por los funcionarios públicos que medran con los viejos sistemas de administración que mantienen en la oscuridad los procesos y las decisiones respecto a los gastos del Estado.
Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú podrán utilizar subsistemas de compras para los proyectos financiados por el Banco.
Proyectan un sistema para que el Estado compre bienes y servicios que cumplan con las normas ambientales internacionalmente reconocidas.
De la nota de prensa de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM):
Recientemente la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial (CEGESTI), de Costa Rica, sostuvieron una reunión para dar a conocer la iniciativa de implementar a futuro las Compras Públicas Sostenibles (CPS), en Panamá.
La entrada en vigencia del Tratado de Promoción comercial con los Estados Unidos obliga a cambios en el sistema de contrataciones públicas de Panamá.
El artículo en Prensa.com reseña que "Hasta la entrada en vigencia del TPC, las empresas interesadas en participar en una licitación tenían hasta 10 días para presentar su propuesta desde la publicación del pliego de cargos.
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