En Guatemala el presidente Alejandro Giammattei decidió vetar las reformas a la Ley de Contrataciones y anunció que el proyecto será devuelto al Congreso con las respectivas observaciones.
Según el Giammattei, las observaciones consisten en que las reformas a la Ley de Contrataciones sólo deben aplicar para las compras que realicen las Municipalidades y no para las licitaciones que realizan las instituciones del Ejecutivo.
Argumentando que las reformas a la Ley de Contrataciones constituyen un retroceso en materia de transparencia, el sector empresarial de Guatemala pide al presidente Alejandro Giammattei vetar lo aprobado por el Congreso de la República.
En los últimos días de abril de 2021 los diputados guatemaltecos aprobaron las modificaciones al Decreto 57-92, que entre otras cosas permiten ampliar los montos de compra directa y de baja cuantía.
En Guatemala el Congreso de la República aprobó las modificaciones al Decreto 57-92, que permiten ampliar los montos de compra directa y de baja cuantía.
Con el voto favorable de 82 congresistas, el Pleno del Congreso aprobó la noche de este miércoles 28 de abril, el Decreto 4-2021, reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, informó el Organismo Legislativo.
El proyecto de ley que se analiza en el Congreso de Guatemala pretende regular las compras directas, cotizaciones, licitaciones, la subasta inversa y, específicamente, la contratación en momentos de excepción o de urgencia nacional.
Del comunicado del Congreso de Guatemala:
Diputados de la Comisión de Transparencia y Probidad concluyeron la elaboración del anteproyecto de “ley general e integradora del sistema nacional de adquisiciones del Estado”, con la finalidad crear una nueva herramienta que permita ejecutar los recursos de manera fluida, transparente y segura.
Desde el 28 de Octubre rigen las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, incluyendo, la figura del contrato abierto y la subasta electrónica inversa.
El decreto publicado en Diario de Centroamérica indica que "... Las reformas incluyen en total 25 artículos. En el primero de estos se establece que en los procesos de adquisiciones que se realicen con recursos de préstamos externos provenientes de operaciones de crédito público o donaciones a favor del Estado, sus dependencias, instituciones o municipalidades, se aplicarán las políticas y los procedimientos establecidos por los entes financieros o donantes, considerándose estas disposiciones como norma especial."
En Guatemala proponen reformas a la Ley de Consejos de Desarrollo para eliminar la injerencia de Diputados y Gobernadores en las licitaciones y en la gestión de los proyectos.
Considerando que la intervención de los gobernadores como coordinadores de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), y en las presiones que ejercen los legisladores en los nombramientos de sus integrantes, el proyecto de Presupuesto General de la Nación contendrá una reforma a la Ley de Consejos de Desarrollo, para evitar esa injerencia que eventualmente genera actos de corrupción.
El sector empresarial demanda una nueva Ley de Contrataciones Públicas que fomente la competencia y transparencia en las compras de bienes y servicios que realiza el Estado.
En un comunicado publicado por elperiodico.com.gt, el comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), "... se manifestó a favor de una enmienda a la Ley de Contrataciones del Estado con el objetivo de mejorar los procesos de compra desde las entidades gubernamentales".
El Ministerio de Gobernación de Guatemala adjudicó $5,3 millones en contratos de señalización vial, mediante 68 eventos de cotización separados.
Esta práctica permitió que en casi todos los actos se presentara un oferente, y que los concursos se adjudicaran en sólo tres semanas, evitando la mayor transparencia y control de una gran licitación pública.
En la práctica en Guatemala la Ley de Compras no rige para el 84% de las contrataciones de instituciones del Estado.
Según Nora Segura, Contralora General de Cuentas, el alto porcentaje se debe a que las compras directas, por excepción y los fideicomisos no están sujetos a la ley.
Algunas de las prácticas comunes que atentan contra la transparencia en la proveduría del Estado incluyen horarios y proveedores restringidos, juntas calificadoras integradas de manera discrecional y fraccionamiento de concursos para hacerlos como adquisiciones directas.
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