Para el sector empresarial de Costa Rica, la gran cantidad de contrataciones directas que se realizan entre instituciones del Estado tiene implícito un sinnúmero de vicios y abusos en el uso de los fondos públicos.
La gremial de empresarios opina que en las contrataciones directas no hay garantía de que realmente se esté dando el mejor uso a los fondos públicos, y existen indicios de falta de transparencia en los contratos.
La transparencia en las compras que realizan los Estados es la principal barrera contra la corrupción del funcionario público y la única forma de asegurar la libre competencia entre los proveedores.
En todos los países centroamericanos la resistencia a las plataformas únicas para las compras estatales es encabezada por los funcionarios públicos que medran con los viejos sistemas de administración que mantienen en la oscuridad los procesos y las decisiones respecto a los gastos del Estado.
Pese a la orden directa de la propia presidenta, la burocracia ministerial de Costa Rica sigue trabando el sistema que propicia la eliminación de la corrupción en las compras públicas.
El Ministerio de Hacienda aún no firma el decreto que establece el uso obligatorio de Mer-Link en los procesos de compras públicas, lo que podría atrasar su implementación en enero de 2014.