El Fondo Nacional de Vivienda Popular licita la contratación de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la institución y proyectos habitacionales, por el término de un año.
Compra del Gobierno de El Salvador LP-02-2020-FONA:
"El Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), requiere la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas centrales y proyectos habitacionales con el propósitos de proteger los bienes del Fonavipo durante el período del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020 para los servicios en el edificio de la institución y proyectos habitacionales.
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados licita los servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones y dependencias a nivel nacional de la institución, para el año 2020.
Compra del Gobierno de El Salvador LP-05/2020:
"El contratista deberá ser responsable de resguardar de forma apropiada y eficiente el patrimonio de la institución, así como velar por mantener el orden y seguridad de las diferentes instalaciones donde se requiera este servicio.
Guatemala, Honduras y El Salvador acordaron un plan que busca garantizar el orden y la seguridad en los Puestos Fronterizos Integrados, y además aprobaron los documentos técnicos para el funcionamiento de los dispositivos de Radio Frecuencia en fronteras.
El Ministerio de Economía de Guatemala (Mineco) informó que los países que forman el Triángulo Norte, aprobaron el 28 de mayo un plan de seguridad para los Puestos Fronterizos Integrados (PFI) de la Unión Aduanera (UA), el cual fue suscrito por los ministros responsables de la seguridad de estos países.
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El Gobierno buscará el apoyo de la empresa privada para crear un patronado antiextorsiones con el objetivo de iniciar una lucha frontal contra las personas que cometen ese delito.
“Nos vamos a reunir con ellos a fin de ver la posibilidad de conformar un patronato antiextorsiones. Estamos buscando no solo aporte económico, sino colaboración para que nos abran el camino y generen más confianza con los empresarios que son extorsionados a que denuncien”, explicó David Munguía, ministro de Justicia y Seguridad.
Las cámaras se instalarán en en puntos estratégicos de la zona metropolitana de San Salvador, para contribuir al seguimiento a hechos delictivos.
El artículo en Elmundo.com.sv reseña que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía, señaló que el presidente de la República Mauricio Funes ya dio la orden para obtener los fondos.
Munguía afirmó que con la colocación de los dispositivos, la Policía Nacional Civil tendrá mayor capacidad para darle seguimiento a un acto delincuencial.
En El Salvador el presupuesto estatal destinado a Seguridad es de $500 millones anuales, mientras que en su conjunto la empresa privada invierte $600 para autoprotegerse.
“Los presupuestos sumados (Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y Fuerza Armada de El Salvador) llegan alrededor de $500 millones y el sector privado invierte arriba de $600 millones anuales en el tema de seguridad”, dijo Jorge Daboub, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
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El uso de smartphones en el ambiente corporativo debe estar sujeto a políticas de protección de datos y controles por parte de los departamentos de TI.
Según explica un artículo en elfinancierocr.com, las empresas deben crear políticas de administración de dispositivos móviles que permitan el acceso a la información de manera segura y remota desde los dispositivos, y también el inventariado y acceso remoto a los teléfonos celulares por parte de los departamentos de TI.
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Pagos por custodia armada, seguimiento satelital, "peajes" a bandas armadas, son algunos de los sobrecostos que pagamos en el transporte de mercaderías en el istmo.
Algunas empresas transportistas declaran que el costo de las medidas de seguridad para un camión que lleva mercaderías dentro de Centroamérica una vez por semana, asciende a $14.000.
Un ejecutivo de una empresa costarricense con operaciones regionales, confirma que pagan $80 a pandilleros, para asegurar la libre circulación en la capital de Guatemala de los vehículos con sus productos.
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