El presidente del BID aconsejó a Costa Rica una reforma fiscal que aumente los impuestos argumentando que hoy la perinola indica "TODOS PONEN".
EDITORIAL
La utilización como ejemplo del viejo juego del trompo facetado del jerarca de la institución hemisférica, debió ser completada contando toda la historia: quien lanzó esta vez la perinola fue el Estado costarricense, el mismo participante del "juego" que en la jugada anterior fue beneficiado por la perinola que cuando cayó quedó mostrando el "TOMA TODO". Luis Alberto Moreno quiso decir que la grave crisis fiscal en que se encuentra el país implica que ahora TODOS debían contribuir a su solución. Eso significa aprobar más impuestos.
"... La hiperregulación estatal ha hecho de la legalidad empresarial un privilegio al que solo se accede con poder económico o político."
EDITORIAL
En estos países -pobres desde siempre- los burócratas estatales cuyos sueldos regulares les permiten vivir en una entelequia primer mundista, tienen como preocupación primaria vigilar que las cosas sean y se hagan como debe ser, esto es, como se hace en el primer mundo.
Los sindicalistas que lo promueven, los funcionarios que lo calculan, los gobernantes que lo decretan, no son parte de la legión de desempleados que seguramente trabajarían por menos del salario mínimo oficial.
EDITORIAL
El desempleado no tiene voz -en principio porque no paga cuota sindical- y si la tuviera no la alzaría, porque se siente carente de la dignidad necesaria para hacerlo, porque se acostumbró a adoptar una postura muy humilde en las entrevistas de trabajo. Nada empobrece más el espíritu humano que la falta de actividad remunerada de alguna manera.
Si no se recortan subsidios y salarios estatales ninguna reforma fiscal logrará dar sostenibilidad fiscal al país.
Desde 2013 y mediante el informe del Artículo IV para El Salvador, el Fondo Monetario Internacional (FMI) viene alertando al Gobierno sobre la necesidad de tomar acciones que moderen los salarios del sector público y corrijan los subsidios mal focalizados, estableciendo un control estricto del gasto corriente que para ese año se incrementó en $281 millones.
El aumento de 10% proyectado por el gobierno se sumará a la suba de impuestos y a los pagos por extorsión que les exigen las bandas criminales.
“…el Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes), instó a los diputados de la Asamblea Legislativa a tomar en cuenta las dificultades financieras a las cuales se ha enfrentado el rubro en los últimos dos años”, reseña el artículo de Elsalvador.com.
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