El sector privado pide al gobierno buscar un consenso sobre el tema entre los sectores productivos, en el contexto de una economía que pierde dinamismo.
A diferencia del último ajuste que se hizo en diciembre 2013, este año la negociación se llevará a cabo en un contexto económico y político diferente, donde elementos como la leve desaceleración en la actividad económica y las diferencias del sector privado con la administración Varela pondrán a prueba el proceso de negociación.
Entre enero y abril de este año, la nómina del Estado aumentó en 11.161 personas, principalmente en la Caja del Seguro Social y los ministerios de Educación, Salud, y Economía y Finanzas.
El aumento de funcionarios también elevó el valor total de los salarios, que pasó en términos mensuales de $210 millones cuando eran 194.855 empleados a $227 millones al incrementarse a 206.016 trabajadores.
En Costa Rica los funcionarios públicos ganan en promedio 150% más que los trabajadores del sector privado, lo que contribuye decisivamente al crecimiento de la desigualdad y a una menor competitividad general de los recursos humanos del país.
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Un artículo en Elfinancierocr.com revela las grandes diferencias entre las formas de contratar y remunerar del sector privado con las del Estado.
"... La hiperregulación estatal ha hecho de la legalidad empresarial un privilegio al que solo se accede con poder económico o político."
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En estos países -pobres desde siempre- los burócratas estatales cuyos sueldos regulares les permiten vivir en una entelequia primer mundista, tienen como preocupación primaria vigilar que las cosas sean y se hagan como debe ser, esto es, como se hace en el primer mundo.
Los sindicalistas que lo promueven, los funcionarios que lo calculan, los gobernantes que lo decretan, no son parte de la legión de desempleados que seguramente trabajarían por menos del salario mínimo oficial.
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El desempleado no tiene voz -en principio porque no paga cuota sindical- y si la tuviera no la alzaría, porque se siente carente de la dignidad necesaria para hacerlo, porque se acostumbró a adoptar una postura muy humilde en las entrevistas de trabajo. Nada empobrece más el espíritu humano que la falta de actividad remunerada de alguna manera.
Denuncian diferencias de hasta mil por ciento en las remuneraciones de funcionarios que cumplen funciones idénticas en universidades estatales.
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El estudio realizado por el diputado Otto Guevara, según reseña Crhoy.com, confirma la distorsión que genera la política salarial del sector público costarricense en el mercado laboral del país.
A través de sistemas de remuneraciones que privilegian la estabilidad del empleado y se premia la simple continuidad en el puesto más allá de la idoneidad con que se ejecutan las tareas, se hace posible que aún dentro de la misma institución un chofer de vehículos livianos perciba mensualmente $300 dólares, mientras que otro gana $3.750.
Señalan que la solución a la debacle financiera del Estado de Costa Rica pasa ineludiblemente por replantear el sistema de incentivos y salarios de los funcionarios públicos.
El artículo en Crhoy.com reseña que "... Economistas y ex ministros de Hacienda aseguraron que es bueno que se haga una contención del gasto público, pero que si el actual Gobierno y los diputados realmente quieren solucionar el déficit fiscal no deben quedarse únicamente con medidas administrativas y deben entrarle al tema de los salarios públicos."
Los "negociadores" del Gobierno de Costa Rica plantearon "de arranque" una propuesta de aumento de los salarios de la plantilla estatal que fue recibida con "satisfacción" por los sindicatos de funcionarios públicos.
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Imagínese que usted es el responsable ante los accionistas de una gran empresa que financieramente está en muy mala posición, con gastos consistentemente por encima de los ingresos, por lo que las pérdidas aumentan continuamente y amenazan la estabilidad de la corporación.
Sindicatos rechazan la propuesta de los industriales de laborar 4 días y descansar 3, mientras que desde el gobierno la califican como tema "sensible".
El Ministro de Trabajo, Víctor Morales, señaló a Crhoy.com que "....Estas propuestas en materia de jornada laboral requieren de modificación legal, se requiere reformar el Código de Trabajo que debe ser aprobado en la Asamblea Legislativa...le propuse a la Cámara de Industrias...que estos temas tienen que ser objeto de diálogo tripartito (entre empleadores, trabajadores y Gobierno)".
Mientras los "dueños" de la "empresa" Estado de Costa Rica -sus funcionarios públicos- se aumentarán su sueldo en por lo menos 4%, a sus "trabajadores" -el sector privado- se lo aumentaron en 2,35%.
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Como si vivieran en el planeta Marte, dos funcionarios de alto nivel nivel del gobierno de Costa Rica, los Viceministros de Hacienda y de Trabajo, manifestaron que no habrá problemas en ajustar los sueldos de los funcionarios del Estado en un porcentaje que compense la inflación pasada -4,14%- argumentando que el aumento del gasto consiguiente "cae dentro de las disponibilidades presupuestarias".
En el sector público de Costa Rica las convenciones colectivas se han convertido en sinónimo de privilegios ilegales y de disfuncionalidad económica, bajo el concepto de que son derechos adquiridos inatacables.
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Si una empresa del sector privado deja de ser competitiva, sin importar la razón, finalmente caerá en quiebra y sus empleados quedarán sin trabajo, no importa cuántos convenios hayan firmado con el patrón.
Si no se recortan subsidios y salarios estatales ninguna reforma fiscal logrará dar sostenibilidad fiscal al país.
Desde 2013 y mediante el informe del Artículo IV para El Salvador, el Fondo Monetario Internacional (FMI) viene alertando al Gobierno sobre la necesidad de tomar acciones que moderen los salarios del sector público y corrijan los subsidios mal focalizados, estableciendo un control estricto del gasto corriente que para ese año se incrementó en $281 millones.
El aspirante a la presidencia por el Movimiento Libertario propone congelar la planilla estatal y aplicar salarios en función de productividad.
El Partido Movimiento Libertario (ML), afirmó que en un eventual gobierno frenarían las contrataciones en el sector público y aplicarían los salarios de acuerdo a la productividad, tal y como se aplica en el sector privado.