A raíz del caso de corrupción que se presentó en Costa Rica y que involucró a un accionista de Constructora MECO, Fitch Ratings bajó la calificación nacional de largo plazo de la empresa a "A-(pan)" desde "AA-(pan)", al mismo tiempo la colocó en Observación Negativa.
La mañana del 14 de junio de 2021 unos 700 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público (Fiscalía) allanaron 21 casas de habitación, Casa Presidencial, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi) y Consejo de Transporte Público (CTP).
Argumentando que el país carece de una consolidación fiscal y su deuda no es estable, la agencia calificadora decidió mantener la nota de riesgo crediticio en "B", con perspectiva negativa.
Según Fitch, la Perspectiva Negativa refleja los riesgos a la baja para la consolidación fiscal y la estabilización de la deuda debido a la incertidumbre política en medio de una incapacidad de larga data para llegar a un consenso sobre cómo abordar los desequilibrios fiscales creados por los altos déficits fiscales, el aumento de los pagos de intereses y un calendario de amortización pronunciado.
La calificadora decidió mantener en B2 la nota de emisor de largo plazo, pero cambió de estable a negativa la perspectiva de riesgo, argumentando que existen mayores riesgos para el financiamiento del país derivado del aumento en los requisitos para el endeudamiento.
La afirmación de la calificación B2 de Costa Rica tiene en cuenta los niveles de riqueza del soberano por encima de sus pares y su economía dinámica.
La agencia decidió rebajar la nota de largo plazo de B+ a B con perspectiva negativa, argumentando que el país enfrenta un escenario de mayor estrés fiscal debido a la crisis sanitaria.
La degradación de la nota de incumplimiento de emisor a largo plazo, se debe a que la crisis sanitaria que deriva del brote de covid19, llegó en un momento en que el espacio fiscal de Costa Rica es limitado y se estrecha rápidamente, informó el 8 de mayo Fitch Ratings.
Fitch Ratings decidió cambiar la perspectiva de los bancos de la región de estable a negativa, argumentando que la crisis sanitaria actual afectará a las entidades financieras de todos los países.
Tomando en cuenta las medidas que en los últimos 15 días han adoptado los países en materia económica, a raíz de la propagación del covid19, Fitch prevé que habrá una merma en la colocación de préstamos.
Para la calificadora Moody's, la respuesta del gobierno costarricense a la crisis del covid19 presionará de forma negativa el perfil fiscal del país.
De acuerdo al análisis de la calificadora las medidas incluyen una moratoria de tres meses sobre los pagos de impuestos, una reducción gradual de contribuciones de beneficios sociales corporativos y líneas de crédito extendidas a las empresas más afectado por la recesión económica.
Fitch Ratings mantuvo en B+ con perspectiva negativa, la calificación de deuda soberana, argumentando que "se reflejan las debilidades en las finanzas públicas y el estancamiento político ha impedido la aprobación oportuna de reformas que aborden estos problemas".
La nueva regla fiscal no se ha aprobado, y el requisito de autorización del Congreso de préstamos extranjeros restringe periódicamente la flexibilidad financiera de Costa Rica, es otro de los argumentos de la calificadora de riesgo.
Los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua enfrentarán mayores dificultades para obtener financiamiento en los mercados externos, debido a las rebajas que han sufrido sus calificaciones de riesgo por parte de las agencias internacionales.
Argumentando que Costa Rica refleja déficits fiscales persistentemente amplios, necesidades de financiamiento a corto plazo debido a un fuerte calendario de amortización y restricciones de financiamiento del presupuesto, el 15 de enero Fitch Ratings informó que decidió bajar la calificación de incumplimiento del emisor en moneda extranjera a largo plazo del país, de BB a B+.
Standard and Poor’s anunció que redujo la calificación de riesgo de los bonos costarricenses desde BB- a B+, sumándose a la rebaja que hizo Moody's a inicios de diciembre.
La calificadora de riesgo Standard and Poor’s (S&P) informó que la decisión fue tomada debido a que la situación fiscal del país podría generar un aumento continuo en la carga neta de la deuda del gobierno general.
La calificadora redujo de Ba2 a Ba1 las calificaciones del emisor de bonos a largo plazo y bonos senior no garantizados del Gobierno de Costa Rica, y cambió la perspectiva a negativa.
Según Moody's entre las principales determinantes de la rebaja figura el empeoramiento continuo y proyectado de las métricas de deuda en la parte posterior de grandes déficits a pesar de los esfuerzos de consolidación fiscal.
Moody’s colocó en revisión a la baja las calificaciones de emisor a largo plazo y las de los bonos no garantizados del gobierno de Costa Rica.
Ayer la calificadora de riesgo informó que las expectativas de un empeoramiento continuo de los indicadores fiscales y la evidencia de un aumento en las necesidades de financiamiento, son algunas de las razones detrás de la decisión de revisar la calificación de deuda del país.
El deterioro de las finanzas públicas y la incapacidad de la administración Alvarado para frenar los bloqueos de los sindicalistas vuelven a llamar la atención de las calificadoras y el mercado internacional, que prevén un futuro económico complicado para Costa Rica.
Para la calificadora de riesgo Moody's, las manifestaciones de los sindicatos del sector público complican cada vez más el camino hacia la tan necesaria reforma en las finanzas públicas, que daría sus primeros pasos con la aprobación del proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa.
El FMI considera que el marco de estabilidad financiera no está bien preparado para manejar una potencial crisis financiera sistémica sin comprometer seriamente los recursos fiscales.
En una revisión realizada a finales del año pasado, el Fondo Monetario Internacional identificó serias vulnerabilidades en el sector de pensiones, en los mercados secundarios y en los mecanismos de gestión de crisis.
Y te diré quién eres. En su afán por reducir la exposición al riesgo, las corresponsalías bancarias comienzan a restringir los servicios que brindan a empresas de juegos de azar, remesas y casas de bolsa no vinculadas a grupos bancarios en la región.
Para reducir la exposición al riesgo, algunos bancos internacionales con corresponsalías en Panamá y otros países de la región están dejando de abrir cuentas y brindar servicios a empresas cuyos ingresos provienen de actividades como envío de remesas y juegos de azar. El argumento de los bancos es que son actividades más susceptibles de utilizarse para lavado de dinero. Incluso representantes de casas de bolsa no vinculadas a bancos aseguran tener dificultades para ofrecer a sus clientes productos y servicios, "...ya que los bancos no les abren cuentas en las que los clientes depositan sus fondos y reciben rendimientos de las inversiones."
Para Moody's los sistemas bancarios de la región se han beneficiado del crecimiento económico reciente, pero los altos niveles de informalidad y de dolarización permanecen como riesgos a mediano plazo.
Del comunicado de la agencia Moody´s:
Mexico, July 24, 2014 -- La continuidad del crecimiento económico beneficiará a los bancos de Centro América, pero la dependencia de la región en la recuperación aun moderada de los Estados Unidos, la alta dolarización y los elevados niveles de inequidad e informalidad económica todavía son riesgos clave, señala Moody's Investors Service en su reporte más reciente titulado "Banks in Central America Should Benefit from Continued Economic Growth, but Risks to Stability Remain".