Argumentando que debido a la pandemia los ingresos corrientes del Gobierno General han disminuido de forma importante, la calificadora Standard and Poor’s bajó la calificación soberana de Panamá de BBB+ a BBB.
El aumento en el pago total de los intereses de la deuda como proporción de los ingresos corrientes del Gobierno General, es otro de los factores que la calificadora de riesgo tomó en cuenta para rebajar la nota de Panamá.
Aunque Moody's decidió mantener en Ba1 la calificación de riesgo crediticio del país, la perspectiva fue degradada de estable a negativa, debido a que se han deteriorado las métricas de la deuda a causa de la pandemia generada por el covid19.
El equilibrio entre el historial de conservadores de gestión y resistencia a los shocks internos y externos, fueron algunos de los factores que la agencia calificadora tomó en cuenta para mantener la en Ba1 la nota de riesgo.
Argumentando que no existe una consolidación fiscal significativa y una recuperación económica sostenida, la calificadora de riesgo decidió degradar de estable a negativa, la perspectiva de la calificación del gobierno como emisor a largo plazo.
Aunque la perspectiva fue modificada, Moody's decidió mantener en Baa1 la calificación de emisor a largo plazo y deuda senior no garantizada.
La calificadora decidió mantener en B2 la nota de emisor de largo plazo, pero cambió de estable a negativa la perspectiva de riesgo, argumentando que existen mayores riesgos para el financiamiento del país derivado del aumento en los requisitos para el endeudamiento.
La afirmación de la calificación B2 de Costa Rica tiene en cuenta los niveles de riqueza del soberano por encima de sus pares y su economía dinámica.
Luego de que se prohibieran los cortes del servicio de energía eléctrica, Energuate notificó a los generadores que existe la posibilidad de no pagar toda la energía que han provisto hasta ahora.
Semanas atrás el Congreso de la República aprobó y publicó el Decreto 15-2020, el cual prohíbe los cortes de servicios de agua, electricidad, TV por cable, telefonía e Internet, durante el estado de calamidad y sus posibles prórrogas, el cual cobró vigencia a raíz del brote de covid19 en el país.
Luego de que venciera el plazo para que se publicara el Decreto que prohíbe los cortes de servicios de agua, electricidad, TV cable, telefonía e Internet durante el estado de calamidad, algunos diputados buscan rescatar el proyecto legislativo aprobado.
En un inicio el Decreto 15-2020 que aprobaron los diputados del Congreso de la República, fue vetado por el presidente Giammattei.
Argumentando que el gobierno cuenta con acceso a distintas fuentes de financiamiento, la agencia decidió mantener en BB-/B con perspectiva estable, la calificación para el crédito soberano a largo y corto plazo.
Para Standard & Poor's el impacto de la pandemia ocasionada por la propagación del covid19 y la recesión mundial, provocará en Honduras una contracción económica en 2020 y un mayor déficit fiscal.
La agencia calificadora explicó que el deterioro de las finanzas públicas generado por la pandemia, es la causa del cambio de estable a negativa, en la perspectiva de calificación de riesgo de la deuda.
La Perspectiva de Calificación Negativa refleja el deterioro en las métricas de sostenibilidad de la deuda como resultado de la ampliación del déficit fiscal y la contracción económica, así como las restricciones financieras derivadas de una mayor dependencia de la deuda a corto plazo, un alcance limitado para financiamiento adicional del mercado local y un acceso incierto al exterior financiación del mercado dados los altos costos de los préstamos. Sin embargo, la financiación multilateral puede ayudar a aliviar las limitaciones de endeudamiento este año, informó Fitch Ratings.
La agencia confirmó la confirmó las calificaciones de riesgo soberano de el país en "B-/B" con perspectiva estable, argumentando que el gobierno tiene suficiente capacidad para renovar su deuda a corto plazo.
Standard & Poors Global Ratings reconoce en su informe como positivo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros acreedores oficiales proporcionen liquidez a la economía, lo que limita el riesgo de "rollover" de la deuda soberana en los próximos 12 a 18 meses a medida que la economía se contraiga debido al impacto de la pandemia covid-19, informó el Ministerio de Hacienda.
Sin aclarar qué empresas o personas físicas podrían aplicar a la medida, la administración Bukele anunció una exención de pago de créditos hipotecarios, servicios como agua, electricidad, Internet, Cable y Telefonía, por un plazo de tres meses.
A estas medidas podrán aplicar todas aquellas "... personas naturales y jurídicas, que se vean afectadas directamente por la pandemia covid-19 y las instituciones gubernamentales deberán velar que en su aplicación no exista abuso ni aprovechamiento". A raíz de este anuncio, se ha generado incertidumbre, pues no es clara la manera en que se determinará quienes serían los "afectados directos".
Argumentando que se espera continuidad en las políticas económicas luego del cambio de administración en enero de 2020, Standard & Poor´s mantuvo la calificación de riesgo crediticio del país en BB-.
S&P Global Ratings confirmó sus calificaciones de crédito soberano a largo plazo "BB-" en moneda extranjera a largo plazo y "BB" a largo plazo en Guatemala.
Fitch Ratings mantuvo en B+ con perspectiva negativa, la calificación de deuda soberana, argumentando que "se reflejan las debilidades en las finanzas públicas y el estancamiento político ha impedido la aprobación oportuna de reformas que aborden estos problemas".
La nueva regla fiscal no se ha aprobado, y el requisito de autorización del Congreso de préstamos extranjeros restringe periódicamente la flexibilidad financiera de Costa Rica, es otro de los argumentos de la calificadora de riesgo.
La morosidad al mes de mayo en los créditos otorgados por bancos públicos a pequeñas empresas ascendió a 5,5%, en los de medianas fue de 3,8% y en los de grandes compañías 3,3%, situación que se atribuye a la desaceleración de la economía.
El porcentaje de créditos que reporta la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), se refiere a la préstamos que entraron en impago de más de 90 días y en cobro judicial, otorgados por entidades públicas como el Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular.
En Costa Rica la baja actividad económica y el crecimiento del desempleo explican el alza de 25% reportada entre febrero de 2018 y el mismo mes de 2019 en el valor de los activos adquiridos por los bancos para recuperar créditos.
Cifras de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) precisan que entre febrero de 2018 y el mismo mes de este año, el monto de bienes y valores adquiridos por las entidades financieras debido a que las personas y empresas no pagaron sus créditos subió de $425 millones a $533 millones.
La calificadora redujo de Ba2 a Ba1 las calificaciones del emisor de bonos a largo plazo y bonos senior no garantizados del Gobierno de Costa Rica, y cambió la perspectiva a negativa.
Según Moody's entre las principales determinantes de la rebaja figura el empeoramiento continuo y proyectado de las métricas de deuda en la parte posterior de grandes déficits a pesar de los esfuerzos de consolidación fiscal.