La Junta Monetaria aprobó los cambios al Reglamento de Riesgo de Crédito, que fueron propuestos por la Superintendencia de Bancos y buscan simplificar los requisitos de los préstamos que no sean mayores a $160 mil.
En este escenario de crisis económica que surgió por el brote de covid19, el objetivo de las modificaciones avaladas es favorecer a las PyMEs y a las personas, para que logren acceder a las líneas de crédito que son ofrecidas por la banca comercial.
La poca liquidez en colones explica el menor crecimiento de los préstamos en esa moneda, mientras que el crecimiento de los créditos en dólares sigue perdiendo fuerza.
A la escasa liquidez en colones que presiona a la baja el crecimiento de los créditos en dicha moneda se suma la incertidumbre a nivel empresarial, las variaciones recientes del tipo de cambio y la menor demanda por crédito para proyectos inmobiliarios, de generación eléctrica y turísticos, según explicaron los banqueros a Nacion.com.
El instrumento que se había considerado podía soslayar la actual restricción al crédito, es considerado oficialmente como una facilidad crediticia más.
Las aceptaciones bancarias habían sido relanzadas por la Bolsa Nacional de Valores (BNV) como una forma de facilitar recursos de corto plazo a empresas que los requirieran, sin tener que hacer un crédito formal, considerándose que los bancos no debían registrarlas como parte de su cartera de crédito, de crecimiento actualmente acotado por resolución del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Pasados tres años desde su creación, el sistema creado para el financiamiento de las PyMEs mantiene sin uso productivo $370 millones.
En el artículo sobre este tema en Nacion.com, Marvin Barquero reseña que "Fondos por $370 millones (185.000 millones de colones) permanecen sin uso por problemas legales; se gastaron ya más de $20 millones (¢10.000 millones) en condonar deudas de anteriores fideicomisos que heredó, y casi la totalidad de los 13 empleados están en investigación interna."
Las necesidades de crédito para el sector de emprendimiento en el país del Canal llegan a los $245 millones.
Esa cifra surge del estudio “Propuesta de política, estrategia y plan de acción para la implementación de servicios microfinancieros en Panamá”, realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).