En los primeros ocho meses del año se registraron 98.769 propiedades, 9% menos que las reportadas en igual período de 2017.
Según las más recientes cifras de la Contraloría General de la República, entre enero y agosto de 2017 y los primeros ocho meses de este año, las propiedades verticales reportaron una merma de 11%, al caer de 84.627 a 75.036.
En el caso de las propiedades horizontales, no se reportaron variaciones significativas para los períodos en cuestión, puesto que en 2017 se registraron 23.678 y en 2018 el número ascendió a 23.733.
Anuncian que a partir del 24 de octubre todos los trámites de inscripción en el Registro se podrán hacer de forma electrónica a través de una nueva plataforma.
Del comunicado del Registro Público de Panamá:
Con el propósito de optimizar los servicios que ofrece a los usuarios y público en general, el Registro Público de Panamá, dentro del marco modernización, pondrá en funcionamiento el Sistema Electrónico de Inscripción Registral (SIR), una novedosa plataforma tecnológica que ofrecerá mayor seguridad jurídica a la propiedad privada y demás derechos reales que se inscriben en la entidad.
La plataforma web del Registro Público permitirá realizar los trámites de registro de forma digital y el uso de firma electrónica para autorizar las transacciones.
Reseña Panamaamerica.com.pa que "la nueva herramienta tecnológica agilizará los procesos internos y permitirá que el uso del papel y las filas pasen a ser un hecho del pasado a través de un sistema que ofrece seguridad."
Construcción, movimiento inmobiliario y alquileres son los principales sectores generadores de trámites que han generado $40 millones en ingresos para el Registro Público.
Este “…es un aumento considerable en comparación al crecimiento del 4% que se reportó durante 2012, cuando los ingresos entre enero y agosto fueron de $33 millones, con respecto al 2011 cuando se recaudaron $31.8 millones…”, reseña el artículo de Panamaamerica.com.pa.
El Gobierno panameño presentó a revisión ante el Consejo Nacional de Tierras un anteproyecto de ley que introduce modificaciones a la actual legislación.
El anteproyecto le brinda mayores atribuciones a la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), como un periodo de siete años para el cargo del administrador y la eliminación gratuita de la titulación en cualquiera de sus formas.
Solamente queda por adjudicar el 3% de los activos inmobiliarios llamados "áreas revertidas", que han sido un importante factor del desarrollo en los últimos años.
De las 137 mil hectáreas cuya propiedad fue revertida al Estado de Panamá junto a la transferencia del Canal, falta vender o alquilar solamente unas 4.600, según el inventario de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) a octubre de 2011.
Los propietarios de derechos de posesión sobre tierras en las zonas costeras e islas panameñas se verán forzados a titularlas.
El proyecto de Ley 71, que recientemente fue aprobado en primer debate en la Asamblea Nacional de Panamá, forzaría a titular aquellas propiedades costeras o en islas sobre las que se tengan "derechos de posesión".
La diferencia entre un "derecho de posesión" y un título de propiedad es que en el primer caso, la tierra no se posee, sino que el estado cede el usufructo de la misma. Al titular las tierras, el estado panameño puede cobrar impuestos sobre las mismas.
La ley 23 que regula la adjudicación de las zonas costeras fue promulagada en la Gaceta Oficial.
Esta ley que generó polémica, dará títulos de propiedad sobre islas y terrenos costeros, reconociendo a quien las ocupó durante 5 años como dueño original.
José Quintero de León escribe en Prensa.com: "Los precios que fija el artículo 9 para quienes titulen derechos posesorios van de 50 dólares la hectárea (de una a 20 hectáreas); 100 dólares por hectárea (más de 20 hasta 50 hectáreas); y 150 dólares por hectárea si se trata de más de 50 hectáreas.
La nueva ley reconoce como poseedor original a quien haya ocupado la tierra por más de 5 años.
Esta nueva reglamentación, aprobada el 2 de abril por la Asamblea Nacional de Panamá, dará títulos de propiedad sobre 22.000 hectáreas de islas y terrenos costeros, reconociendo a quien las ocupó durante 5 años como dueño original.
El paso siguiente para la implementación de propuesta es la sanción por parte del presidente Martín Torrijos.
En Centroamérica primero El Salvador en el puesto global 72, le siguen Panamá (82), Nicaragua (107), Guatemala (112), Costa Rica (117), Honduras (133).
Doing Business 2009 es el sexto de una serie de informes anuales que investigan las regulaciones que favorecen la actividad empresarial y aquellas que la constriñen. Doing Business presenta indicadores cuantitativos sobre las regulaciones empresariales y la protección de los derechos de propiedad que son susceptibles de comparación entre 181 economías —desde Afganistán hasta Zimbabwe—, y a través del tiempo.
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