Usuarios de la zona franca requieren otro tipo de medidas adicionales a las propuestas del gobierno que se discuten en la Asamblea, como la reducción del cobro por alquiler.
La iniciativa de Ley que se discute en el Congreso y que busca incrementar la competitividad de la Zona Libre de Colón (ZLC), (aprobada ya en primer debate) no es suficiente para los empresarios.
La Superintendencia del Mercado de Valores ajustaría reglas en temas como tarifas por servicios de corretaje o la exigencia de presentar una calificación de riesgo para emitir títulos valores.
Presentar la calificación de riesgo para los títulos valores tanto privados como del Estado, la posibilidad de aumentar las tarifas que pagan las empresas de corretaje de valores en el mercado, o las nuevas exigencias orientadas a cumplir los requisitos para la lucha contra el blanqueo de capitales, serían cambios en la normativa que regula el mercado de valores en Panamá.
Modificaciones en contratos "llave en mano" y eliminación de las licitaciones abreviadas son parte de los cambios que incorpora el proyecto de ley enviado a la Asamblea.
El proyecto de ley fue enviado por el gobierno a la Asamblea Nacional, donde deberá ser discutido para su posterior aprobación.
Del comunicado de la Presidencia de Panamá:
Con el propósito de hacer más eficientes los procesos de compras estatales y mejorar los niveles de transparencia en el sistema de contrataciones del Estado, el Consejo de Gabinete aprobó un paquete de reformas a la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública.
En una reunión con representantes del sector privado, el presidente Varela aseguró que no establecerá nuevos impuestos en los próximos cuatro años.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, se comprometió con el sector empresarial a no ejecutar ninguna reforma al código fiscal en los años que le quedan de administración. Para financiar el Plan Estratégico de Gobierno al 2019, que contempla una inversión de $19 mil millones, aseguró que el Estado generará los recursos necesarios, ya que basta "... con poner la casa en orden y no cometer actos de corrupción."
Una iniciativa en la Asamblea Legislativa pretende eliminar las modificaciones que se hicieron a la ley durante la administración Martinelli, que actualmente permite procesos más flexibles, como licitaciones abreviadas.
Desde el 2009, la Ley 22 de 2006 sobre las contrataciones públicas se ha modificado nueve veces, razón por la cual buscan volver "a la base" de la legislación eliminando parte de las modificaciones realizadas.
Una resolución gubernamental establece que si el Estado quiere diferir los pagos al contratista del proyecto, podrá hacerlo 60 días antes de los 90 días de presentación de la gestión de cobro.
De la resolución del Ministerio de Economía y Finanza de Panamá, publicada en La Gaceta:
Resuelve:
"... PRIMERO: Para el trámite de la gestión de cobro, en lo que concierne a los contratos bajo la modalidad llave en mano, completos o parciales y similares, ejecutado a través de entidades contratantes por medio de contratistas haciendo uso de fondos propios, o por medio de del financiamiento parcial o total por medio de la cesión de sus créditos a las cesionarias previa notificación a la entidad contratante se deber cumplir con los siguientes pasos; según sea el caso:
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos se propone reordenar las asignaciones del espectro radioeléctrico de la Banda FM de 88 MHz a 108 MHz.
Del comunicado de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP):
Una iniciativa para reordenar el espectro radioeléctrico en la banda de Frecuencia Modulada (FM) en Panamá presentó la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) ante representantes de empresas concesionarias que prestan el servicio de radio abierta en esta modulación a nivel nacional.
Una iniciativa del sector privado panameño busca simplificar la ley, otorgando incentivos a las inversiones por un periodo no menor a 10 años y agilizando la aprobación de licencias de operación.
Otras de las propuestas que contempla esta reforma a la ley, es la creación del Consejo Nacional de Zonas Francas, con el objetivo de que sea el único rector del sector.
Además de las dos auditorías anuales, se contempla la posibilidad de modificar la legislación para incrementar la supervisión de las 161 financieras registradas en el país.
Según las autoridades panameñas es importante actualizar la legislación y supervisión a las entidades financieras, por ser un sector de relevancia que administra $1.170 millones en activos.
El proyecto de ley a presentar ante la Asamblea Nacional en febrero establece la obligación de reportar operaciones sospechosas en actividades no específicamente financieras.
Esta iniciativa es parte del paquete de reformas pactadas con el Grupo de Acción Financiera (Gafi) para reforzar la legislación contra el blanqueo de capitales y para salir de las denominadas "listas grises".
La ley de moratoria de impuestos aprobada recientemente incluye varias modificaciones relacionadas a las finanzas públicas, a los aportes del Canal e incluso exenciones para el sector agropecuario, pecuario y acuícola.
La aprobación de la ley de moratoria de impuestos trajo consigo modificaciones que avalan al Estado no solo a incrementar su nivel de endeudamiento como proporción del PIB, sino que también incluye ajustes fiscales como el hecho de que "... en el caso de que los aportes de la Autoridad del Canal (ACP) sean menores al porcentaje indicado en el numeral 2 del artículo 3 de la Ley del Fondo de Ahorro de Panamá, que es 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), que este año podría alcanzar los 47,459 millones de dólares, la diferencia sería pagada con deuda.... Esto quiere decir que los recursos económicos que no aporte la ACP serán asumidos por el sector público no financiero (SPNF)."
El gobierno promueve un proyecto de ley que actualiza el tratamiento fiscal a los servicios de alto valor y al movimiento de mercancías desde la zona al exterior.
De la exposición de motivos del proyecto presentado a la Asamblea Nacional de Panamá:
La Ley 41 de 20 de julio de 2004, creó el Área Económica Especial Panamá-Pacífico, como un régimen legal, fiscal, aduanero, laboral, migratorio y de negocios especial, orientado a incentivar y promover las inversiones, generar empleos y hacer a la República de Panamá más competitiva en la economía global.
Las redefiniciones técnicas que implica una reforma fiscal exitosa deben tener como base la reformulación del contrato social que establece los objetivos nacionales.
El artículo en Nacion.com reseña que "Para Augusto de la Torre, economista-jefe del Banco Mundial, la discusión fiscal es más que un debate económico, es casi un debate filosófico sobre el tipo de Estado que se quiere."
Costa Rica presentó un proyecto de reforma que busca la "reestructuración”" de la Secretaría de Integración Económica (Sieca).
También se plantean reformas a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre otros.
"Los cancilleres del Sistema de Integración Centroamericana (Sica) estudiaron un primer 'boceto' de reformas al organismo, que incluyen modificaciones a algunos componentes y la creación de una secretaría de Seguridad", reseña el artículo de Siglo21.com.gt.
Diversos actores del mercado eléctrico mayorista panameño alertaron sobre distorsiones en el equilibrio entre oferta y demanda como resultado de las modificaciones propuestas por ASEP.
La consulta pública a que sometió la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) su propuesta de cambios en las reglas del cálculo de los precios aplicables en el mercado mayorista de electricidad, recogió opiniones contrarias de generadoras de energía y de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.