Aunque a pedido del sector empresarial, el presidente Varela vetó la ley que establece un impuesto de 8% a las bebidas azucaradas locales e importadas, la Asamblea Nacional de Panamá insistirá en aprobarla.
La Asamblea Nacional aprobó en tercera lectura los nuevos impuestos, sin embargo, el sector empresarial pidió a finales de febrero de 2019 al presidente panameño que vetara el proyecto de Ley, que establece un impuesto de 8% para bebidas azucaradas de producción nacional e importadas y de 10% para los jarabes, siropes y concentrados.
El 3% adicional al IVA de 13% que se pretendía cobrar en Costa Rica como impuesto a los servicios de alojamiento brindados a través de la plataforma Airbnb y otras similares, finalmente fue eliminado del proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa.
El proyecto de ley 20.865 para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales, que se discute en la Asamblea Legislativa y determina los impuestos que deben cobrarse por la actividad, será modificado por la Comisión de Asuntos Económicos.
En Panamá la Asamblea Nacional aprobó extender hasta el 30 de junio de 2019, el plazo para que los contribuyentes realicen el pago del impuesto de inmuebles, libre de intereses y recargos.
El pleno brindó una herramienta de doble vía al permitir a los contribuyentes un periodo más cónsono para ponerse al día con sus deudas y a la Dirección General de Ingresos efectuar las recaudaciones pertinentes que hoy son incobrables por desconocimiento de las personas, explica un comunicado de la Asamblea Nacional.
Fue aprobado por la Asamblea Nacional el proyecto de ley que tipifica como delito la evasión fiscal, cuando el monto defraudado en un periodo fiscal de un año sea igual o superior a los $300 mil.
Con una votación mayoritaria, se aprobó en tercer debate el Proyecto 591 que tipifica la evasión fiscal en el Código Penal y se considera como delito producto del lavado de capitales, informó la Asamblea Legislativa.
El gobierno panameño asegura que si no se aprueba el proyecto de ley que tipifica como delito la evasión fiscal, el país se expone a ingresar nuevamente a la lista gris del Gafi en 2019.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:
El Ministerio de Economía y Finanzas considera necesario para Panamá que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley que eleva la evasión fiscal a delito penal y como precedente de lavado de dinero.
Empresarios en Costa Rica advierten el impacto negativo que tendría no mantener, en la nueva ley de finanzas públicas, la exoneración del IVA para las compras locales de bienes y servicios que realizan las empresa de zona franca.
La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) señala que en el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que se discute en la Asamblea no fue revisada la moción 302, con la que se pretendía mantener la exoneración del IVA a las compras locales de bienes y servicios que realizan las empresas de zona franca, tanto para incorporar en los productos de exportación como para la operación. Actualmente rige la exoneración del impuesto de ventas.
Dejando por fuera el IVA a la educación privada y a la canasta básica, se aprobó en la comisión legislativa el texto sustitutivo del proyecto de ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El polémico texto sustitutivo del proyecto de ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que ya pasó el primer filtro, y podrá ser ahora analizado por el Plenario de la Asamblea, dejó por fuera dos de los impuestos que la administración Alvarado pretendía implementar en su plan: el IVA de 1% y 2% a los productos de la canasta básica y de 2% a los servicios de educación privada.
La nueva propuesta de reforma fiscal que presentó el ministerio de Hacienda de Costa Rica incluye la creación del sistema de renta global para gravar y cobrar el impuesto a las utilidades de empresas y personas.
Gravar la totalidad de los utilidades de las personas físicas y jurídicas, incluso las que en la actualidad pagan impuesto por aparte bajo la modalidad de renta cedular, es la principal novedad del nuevo plan de reforma fiscal que presentó el ministerio de Hacienda.
En Guatemala empresarios del sector alimentario se oponen a cinco iniciativas de ley que modificarían las reglas de etiquetado y aumentarían el impuesto a las bebidas azucaradas.
Según la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), los proyectos de ley que pretenden incrementar el IVA de 12% a 20% a las bebidas azucaradas y cambiar las reglas de etiquetado, están fundamentados en desinformación.
En Costa Rica presentaron en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que propone establecer un impuesto de $1 por caja de piña exportada.
Si prospera la iniciativa del diputado Gerardo Vargas Varela, del Frente Amplio, el impuesto de $1 por cada caja de piña exportada sería similar al que se cobra, desde 1971, sobre la caja de banano exportado.
Maquinaria y equipo agrícola, reencauches y llantas para maquinaria quedarían exentos del IVA de 13%, si se aprueba el texto sustitutivo de reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa.
La misma exoneración aplicaría para los libros en todos sus formatos, que en el proyecto de ley original que presentó el gobierno tenían una tasa diferenciada de 4%.
Un proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa propone establecer un impuesto de 5% sobre el precio neto de venta del cemento importado o de producción local.
El proyecto de ley establece que "... el impuesto sobre el cemento producido en territorio nacional o importado, será de un cinco por ciento (5%) sobre el precio neto de venta, tanto en el caso del productor nacional a nivel de planta de producción o del importador a nivel del sitio de despacho o almacenamiento, excluido el correspondiente impuesto sobre las ventas o de valor agregado, así como cualquier otro tributo”.
En Panamá el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley que convierte en delito penal la evasión de impuestos por más de $300 mil, con sanciones de 2 a 5 años y multas de hasta 10 veces el importe defraudado.
Del comunicado de Presidencia de Panamá:
El Consejo de Gabinete aprobó este viernes, en sesión extraordinaria, un proyecto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que busca proteger el sistema financiero del país.
En Panamá un proyecto de ley de la administración Varela propone que la defraudación fiscal de $300 mil o más sea tipificada como delito penal, y sancionado con 1 a 3 años de cárcel.
El Ministerio de Finanzas y Economía insiste en que el país corre riesgo de volver a ser incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera si no se tipifica como delito la evasión fiscal.
Una iniciativa de ley pretende establecer un impuesto selectivo de consumo de 8% sobre el precio de las bebidas azucaradas, sean importadas o nacionales.
Aunque el proyecto de ley presentado por dos diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) aun debe ser discutido en la Asamblea Legislativa, la administración Varela ya anunció que no respalda la iniciativa.
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