El pasado 2 de diciembre nueva propuesta de Ley de Tarjetas de Crédito recibió dictamen favorable por parte de la Comisión de Economía del Congreso de Guatemala, y ahora deberá pasar a discusión en el pleno.
La falta de una ley de competencia en Guatemala podría exponer al país a recibir sanciones por parte de las autoridades europeas, pues es un requisito exigido en la normativa del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
El Acuerdo de Asociación (AdA) exigía desde finales de 2016 que Guatemala debía tener una ley en la materia, ya que en 2019 se tendría que crear una autoridad centroamericana de competencia.
Implementar un sistema mixto de tasas de interés compuesto por una fija con contrato por un determinado tiempo y otra variable pactada entre el cuentahabiente y el emisor, es una de las propuestas que se discuten en el Congreso de Guatemala.
La propuesta de dos tasas de interés fue presentada por el Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural (Idies), ante la Comisión de Economía del Congreso, encargada de discutir las propuestas para los cambios de la Ley de tarjetas de crédito 5544.
Se presentará ante el Congreso de la República de Guatemala una iniciativa de ley que pretende obligar a contadores públicos, auditores, abogados y notarios, a reportar sus transacciones.
El proyecto de Ley que busca ampliar los alcances de las personas obligadas sujetas a control del lavado de dinero, y que será presentado por la Superintendencia de Bancos (SIB), va dirigido principalmente a los profesionales como personas individuales, pero también incluirá empresas inmobiliarias, agencias de vehículos y casinos.
Respecto a la nueva iniciativa de ley que se presentó ante el Congreso de la República a inicios de 2019, la Superintendencia de Bancos opina que no debe fijarse un tope a la tasa de interés.
La Ley de Tarjetas de Crédito entró en vigencia el 8 de marzo de 2016, pero fue suspendida a fines de ese mismo mes, luego de que las cámaras empresariales, emisores de tarjetas y el Banco de Guatemala interpusieran recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC). A inicios de este año la ley fue declarada inconstitucional de forma definitiva por la CC.
Reducir de 7% a 5% el Impuesto Sobre la Renta para los caficultores, es uno de los elementos que más destaca del decreto aprobado por el Congreso de Guatemala.
Durante la sesión del 3 de abril de 2019, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto 4-2019, Ley para la Reactivación Económica del Café que amplía hasta el 23 de octubre de 2051 el fideicomiso del sector, informó el Legislativo mediante un comunicado.
En Guatemala la ley que pretende regular la modalidad de trabajo a tiempo parcial ya fue revisada por la Procuraduría General de la Nación, y espera la aprobación del consejo de ministros.
Aunque en agosto de 2017 la administración Morales tenía previsto aprobar la ley antes de febrero de 2018, el proceso se ha ido alargando, y para que entre en vigencia debe emitirse un acuerdo gubernativo.
A dos años de haberse presentado en el Congreso de Guatemala, la iniciativa para reformar la Ley de Zonas Francas sigue a la espera de ser aprobada.
En 2016 fue presentada ante el Congreso de la República la iniciativa 5174, que ha sido debatida en citaciones hechas por los diputados y en reuniones del Gabinete Económico del Poder Ejecutivo, sin llegar a aprobarse.
Un proyecto de ley que se discute en el Congreso de Guatemala propone ampliar hasta 2051 el plazo del fideicomiso para renovación de cafetales y apoyo a los productores.
La iniciativa de ley para la Reactivación Económica del Café propone cambiar la fecha de vencimiento del fideicomiso, actualmente previsto hasta 2026, para que los caficultores puedan tener acceso a los recursos hasta el año 2051.
El proyecto de ley que se analiza en el Congreso de Guatemala pretende regular las compras directas, cotizaciones, licitaciones, la subasta inversa y, específicamente, la contratación en momentos de excepción o de urgencia nacional.
Del comunicado del Congreso de Guatemala:
Diputados de la Comisión de Transparencia y Probidad concluyeron la elaboración del anteproyecto de “ley general e integradora del sistema nacional de adquisiciones del Estado”, con la finalidad crear una nueva herramienta que permita ejecutar los recursos de manera fluida, transparente y segura.
Un proyecto de ley de la administración Morales en Guatemala propone crear una agencia que gestionaría temas de promoción comercial, competitividad, atracción de inversión y marca país.
Representantes del Ministerio de Economía presentaron en el Congreso una propuesta de Ley para crear el Instituto para la Promoción Comercial ProGuatemala, que absorbería las funciones y personal que en la actualidad ejecuta el Programa Nacional de Competitividad.
En Guatemala empresarios del sector alimentario se oponen a cinco iniciativas de ley que modificarían las reglas de etiquetado y aumentarían el impuesto a las bebidas azucaradas.
Según la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), los proyectos de ley que pretenden incrementar el IVA de 12% a 20% a las bebidas azucaradas y cambiar las reglas de etiquetado, están fundamentados en desinformación.
La propuesta para crear en Guatemala una entidad en la que trabajadores puedan ahorrar para la compra de una vivienda está en revisión por dos bufetes, y se espera presentar al congreso este año.
Con la creación del Instituto de Ahorro para la Vivienda (AVI), que se basa en experiencias similares que se han tenido en México y Colombia, se pretende incluir entre los beneficiarios a personas que reciban remesas familiares, trabajadores de la economía informal y empleados por cuenta propia.
En Guatemala presentaron una iniciativa de ley para crear una entidad autónoma, conformada por gobierno e inversionistas privados, que estaría encargada de la planificación y contratación de obras de infraestructura.
El proyecto legislativo que surgió en el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 2017, contempla la creación de una Superintendencia de Infraestructura Vial (Sivial), que sería una entidad autónoma con la función de planificar, licitar y contratar obras de infraestructura.
Luego de realizar más de 40 enmiendas al proyecto anterior, la comisión legislativa presentará la propuesta y espera que el proceso avance sin más modificaciones.
La Comisión de Economía del Congreso de la República informó que presentaron un segundo dictamen de la iniciativa de Ley de Competencia, y aprovecharon para explicar que entre los partidos que participaron en la sala de trabajo, acordaron que el tema se conocerá en una sola lectura y que no se presentarán enmiendas de última hora.
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