La administración Alvarado celebra la aprobación de la reforma fiscal en Costa Rica anunciando una serie de iniciativas que contemplan, entre otras cosas, un proyecto de reforma del empleo público.
Luego de un año de trámite en el Congreso y después de haber sido revisado por una Sala Constitucional, finalmente fue aprobado por la Asamblea del país el expediente 20.580.
Aunque insuficiente, el paquete de medidas de contención del gasto de gobierno que propone la administración Alvarado es un buen primer paso en el camino a seguir para resolver la delicada situación fiscal de Costa Rica.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, presentó ante la Asamblea Legislativa un plan de contención del gasto gubernamental que contempla, entre otras medidas, decretar "... semestralmente un mismo monto fijo de incremento salarial para cada funcionario del Gobierno, suma que pretende evitar un crecimiento exponencial de la masa salarial y proteger los salarios más bajos. Se calculará como el resultado de aplicar el porcentaje del costo de vida al salario base más bajo. El impacto anual de esta medida se estima en ¢12.600 millones ($22 millones) incluyendo cargas sociales, cifra equivalente a la suma de los presupuestos ejecutados por el Ministerio de Comercio Exterior y Presidencia en el 2017."
El ICEFI señala la "crónica incapacidad política para lograr un acuerdo fiscal integral" que evite poner en riesgo la sostenibilidad del Estado en el mediano y largo plazo.
Del comunicado del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales:
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -Icefi- evaluó el proyecto de presupuesto de Costa Rica para 2017, y como resultado estimó que de mantenerse las perspectivas de mediano y largo plazo de insuficiencia fiscal, existe un serio riesgo de perder los logros sociales alcanzados por esta nación centroamericana, así como de acumular déficits fiscales y deuda pública que pondrían en riesgo la sostenibilidad del Estado en el mediano y largo plazo. Finalmente, reiteró la necesidad de un acuerdo fiscal integral para garantizar el crecimiento económico y el bienestar social en el país.
Como en los antiguos hogares patriarcales, si hay que sufrir, primero que sufran los entenados, y recién después, y solamente si es muy necesario, que sufran también los hijos legítimos.
EDITORIAL
El anuncio de la administración Solís de que tiene un plan B para el caso de no lograr la aprobación legislativa del aumento de impuestos que propuso para enfrentar el grave y creciente déficit fiscal, pone en evidencia la existencia en Costa Rica de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
"La defensa y fortalecimiento del Estado social de derecho requiere, como punto de partida, finanzas públicas sanas que permitan financiarlo. Lo demás es pirotecnia verbal." Ottón Solís.
EDITORIAL
Costa Rica presenta una rara situación política, donde el fundador del Partido en el poder y su primer diputado, defiende la racionalidad como herramienta de gobierno y de manejo de la hacienda pública, frente al voluntarismo en la materia del Poder Ejecutivo, que suma riesgo a la grave amenaza de un déficit fiscal heredado de gobiernos anteriores, presentando un presupuesto que aumenta las erogaciones del Estado en 14%.
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