En este escenario de crisis económica, caída de la recaudación fiscal y necesidad de financiar programas de reactivación, en Guatemala y Costa Rica ya se propone aumentar los impuestos actuales y crear nuevos.
Las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021, año en que la economía deberá afrontar los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19.
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un proyecto de ley que tiene como objetivo gravar en el país la venta y autoconsumo de cemento importado o producido a nivel local.
La iniciativa que a mediados de febrero fue aprobada en primer debate en la Asamblea y que aún está pendiente del aval del Poder Ejecutivo, establece que elimpuestoserá sobre elcementoimportado y producido a nivel nacional, en bolsa o a granel, para venta o autoconsumo, de cualquier tipo, cuyo destino sea el consumo y comercialización del producto a nivel nacional.
En Nicaragua las autoridades informaron que decidieron suspender el cobro de la tarifa adicional de $0,05 por cada kilogramo que se exporte o importe, vía aérea.
El cobro extra entró en vigencia el pasado 25 de abril, pero desde el inicio el sector privado se manifestó en contra, pues se argumentaba que la tarifa que aplicaría el gobierno nicaragüense, pondría al borde del cierre a algunas empresas locales y provocaría una baja de cerca de $50 millones anuales.
La Sala de lo Constitucional rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el sector empresarial y dejó en firme el cobro de 1,5% del Impuesto sobre la Renta.
La Corte Suprema de Justicia confirma el impuesto sobre la renta de 1,5%, el cual aplica a empresas que reportan ventas netas por encima de $456 mil, dejando exentas de este cobro a las que reporten ingresos menores y las que tengan menos de dos años de estar constituidas.
El sector privado presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 22-A de la Ley del impuesto sobre la renta argumentando que distorsiona los principios fundamentales tributarios.
Del comunicado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada:
Los empresarios hemos apoyado los procesos de ordenamiento de las finanzas públicas para mejorar las recaudaciones fiscales y controlar el gasto público, que permitan suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las cargas tributarias deben ser claras y simples, no discriminatorias, justas y universales, como lo establece nuestro ordenamiento constitucional.
El 1,5% del total de ventas brutas se debe pagar aun si la empresa no genera utilidades.
Según lo establece el artículo 22-A de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas "... todas las empresas con ganancias de 10 millones de lempiras ($480 mil) anuales deben pagar el 1.5 sobre sus ventas brutas aunque hayan tenido pérdidas."
El gremio empresarial se opone a este tributo que "...
En Honduras los impuestos al bunker y al queroseno serán efectivos a partir del año 2013.
Para el búnker, el Poder Ejecutivo estima gravarlo con un impuesto de 33 centavos de dólar por galón.
Laprensa.hn reporta, " En cuanto al queroseno o gas doméstico, la importación es de 690 mil barriles anuales (28.980.000 galones) y se le aplicará un impuesto de 29 centavos de dólar (5,73 lempiras por galón al tipo de cambio de referencia vigente), lo que dejará 166 millones de lempiras ($8,5 millones) en concepto de recaudaciones.
Y para las burocracias en general, incluyendo las de los organismos internacionales: Un "experto" del Banco Interamericano de Desarrollo apoya la reforma tributaria en Costa Rica.
Aunque oficialmente el BID "no defiende una carga tributaria o política fiscal específica", uno de sus funcionarios apoya calurosamente el proyecto para aumentar la carga tributaria que soporta la economía costarricense, al punto de sugerir que esa carga fiscal sea similar a la que tiene la Argentina.
Mientras otros países centroamericanos preparan impuestos para combatir la inseguridad, en Nicaragua afirman que no es conveniente.
El presidente de Guatemala, Alvaro Colom, propuso a sus pares del istmo la creación de un impuesto regional específico para combatir el crimen organizado y la violencia que genera.
Aunque la propuesta no prosperó en la reunión del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, tanto Costa Rica, El Salvador y Honduras están trabajando en la implementación de tributos nacionales para sus propios planes de seguridad.
El nuevo impuesto de seguridad, que apunta a recaudar $80 millones, pone en entredicho inversiones por $300 millones y provocaría la pérdida de 15.000 empleos.
Así lo aseguró Jesús Canahuati, líder empresarial hondureño y ex presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, quien agregó que "varios inversionistas que estaban listos para venir al país ya detuvieron sus planes", por la incertidumbre que genera el nuevo tributo.