A raíz de la crisis económica que generó la pandemia, se estima que cuatro de cada cinco empresas centroamericanas se vieron obligadas a aumentar sus deudas para lograr sostener sus operaciones.
Según la Encuesta Regional 2021 sobre la reactivación económica elaborada por la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco), los recursos obtenidos por medio del endeudamiento, le sirvió a las empresas para pagar planillas, afrontar rentas y sostenimiento de operaciones.
Después de que Guatemala pagara lo que le adeudaba a Teco Energy, fue eliminado el embargo de $15,75 millones, recursos que el país había asignado para el pago de intereses de algunos tenedores de eurobonos.
Argumentando que del 2008 al 2013 la Comisión Nacional de Energía de Guatemala fijó un monto máximo que las compañías de distribución de electricidad podían cobrar al usuario, Teco Energy, empresa que fue accionista de la Empresa Eléctrica de Guatemala, demandó a nivel internacional al país.
Después de recibir un fallo en contra por el arbitraje internacional disputado con Teco Energy, la Suprema Corte del Estado de Nueva York ordenó el embargo de $15,75 millones a Guatemala.
Teco Energy es una empresa que fue accionista de la Empresa Eléctrica de Guatemala y años atrás reclamó un arbitraje internacional, argumentando que del 2008 al 2013 la Comisión Nacional de Energía fijó un monto máximo que las compañías de distribución de energía podían cobrar al usuario. Esta medida le ocasionó pérdidas a la distribuidora.
En este contexto regional de crisis económica, caída en los ingresos fiscales y aumento del endeudamiento público, se prevé que en 2021 el nivel de deuda de Costa Rica escalará a 75% como porcentaje de su PIB, y en el caso de El Salvador, el indicador podría superar el 85%.
El brote de covid19 en Centroamérica obligó a los gobierno a declarar severas cuarentenas domiciliares y a restringir varias actividades económicas, restricciones que en algunos casos aún se mantienen, después de cinco meses de crisis sanitaria y económica.
El Ministerio de Finanzas adjudicó deuda soberana equivalente a $80 millones, de los cuales $60 millones vencen en julio de 2031 y los restantes $20 millones en octubre de 2035.
El monto global adjudicado de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala a la fecha, incluyendo los realizados a través de licitaciones públicas y subastas asciende a $3.129 millones, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020, informó el Gobierno.
Aunque la meta para este año era colocar $100 millones en bonos de deuda, durante el primer trimestre el gobierno nicaragüense sólo adjudicó $1,1 millones, poniendo en duda el nivel de confianza de los inversionistas.
De acuerdo al "Informe de Deuda Pública I Trimestre 2019", elaborado por el Banco Central de Nicaragua, de enero a marzo en lo que corresponde a Títulos de Inversión en dólares, se colocó 1,03 millones a una tasa promedio de 5,31% y plazo promedio de 7 meses.
La administración Morales pretende continuar durante 2018 con la emisión de bonos del Tesoro dirigidos a pequeños inversionistas, con montos de inversión que oscilen entre $3 mil y $68 mil.
La medida dará continuidad a lo realizado el año anterior, cuando 35 pequeños inversionistas adquirieron bonos de deuda por $1,3 millones a una tasa de 6,25%.
El Ministerio de Salud anunció que acordaron pagar en noviembre $13,1 millones de los $73 millones que se deben por la compra de medicamentos, y el resto en el primer cuatrimestre de 2015.
Luego de haber realizado días atrás un pago de $3,2 millones del total de la deuda del Estado con las farmacéuticas, el gobierno anunció el acuerdo al que llegaron por el pago restante, previsto una parte para este mes y el saldo para el próximo año.
Aunque ya acordaron con el gobierno el pago de parte de los $41 millones que éste les adeuda, no todas las empresas están participando en las licitaciones de medicamentos.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Finanzas Públicas acordaron, para este año, el pago de una parte de la deuda, de $16,4 millones, pero solamente $3,2 millones serían pagados de inmediato y el monto restante en el transcurso del mes de noviembre.
Las empresas del sector advierten que existe sobreendeudamiento en algunas zonas del país y demandan ajustes a las normas que regulan la actividad.
Al finalizar el primer trimestre de 2014, en el país se encontraban vigentes un total de 1.708 microcréditos, totalizando un saldo de $774 mil dólares y presentando una tasa de morosidad de 1,84%, de acuerdo a datos del Banco de Guatemala (BANGUAT).
La emisión que prevén realizar en julio próximo, se destinaría para cancelar cuentas por $448,7 millones que tiene el Gobierno con las constructoras.
“Es un tema importante”, dijo Alejandro Sinibaldi, jerarca del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por esto, este mes se llevará la iniciativa al Congreso.
De acuerdo con el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, el proyecto se emprenderá luego de reordenar el presupuesto, ya que se prepara un recorte del gasto por unos $153,8 millones ante la caída de los ingresos.
La empresa Topsa señala falta de pago por parte del Gobierno de $4,7 millones, por lo que suspendió los trabajos de ampliación de la ruta entre San Martín Jilotepeque en Chimaltenango, y Joyabaj en Quiché.
La orden de suspensión de obras recibida por Topsa, provino de la empresa Consultora y Constructora Bea, S.A., contratada para supervisar el proyecto por la Unidad de Conservación Vial (Covial) del Ministerio de Comunicaciones.
Dudas expresadas por distintos sectores sobre la legitimidad de las deudas del gobierno a bancos y empresas constructoras, que serían pagadas con lo recaudado, motivaron la decisión presidencial.
El mismo Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) señaló al presidente Pérez Molina su preocupación al respecto.
La emisión se destinaría para cancelar las obligaciones que mantiene el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) con empresarios de la construcción.
"Lo que todavía no está claro es el procedimiento técnico para registrar dicha emisión en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación, pues analizan el impacto que pueda tener este año, y por ende, en el déficit fiscal previsto para el presente período.", señala el artículo de Siglo21.com.gt
Para las microempresas, que habitualmente no poseen bienes que ofrecer en garantía, el buen historial de pagos es el mejor activo para acceder al crédito.
El artículo en Siglo21.com reseña que Francisco Madrid, gerente general de Finsol, señaló que "“Si hablamos de la microempresa y sus dificultades de acceder a un crédito, desde un punto de vista de la banca tradicional, vamos a encontrar que sus principales dificultades caen en no contar con una información financiera y carecer de garantías formales que puedan respaldar sus créditos”.