El proyecto de ley que se discute en Costa Rica en esencia busca extinguir los activos del crimen organizado, pero hay quienes aseguran que tal como está planteado, pone en riesgo la presunción de inocencia de los individuos.
La extinción de dominio es un concepto que en la práctica refiere a incautar o decomisar bienes ligados a actividades delictivas, para luego trasladarlos a favor del Estado.
El mercado inmobiliario, los casinos, el negocio de conciertos, y hasta el sector ganadero son usados para blanquear capitales en los países centroamericanos.
Extraído del reporte "International Narcotics Control Strategy Report, Volume II, Money Laundering and Financial Crimes" del Departamento de Estado de EE.UU:
Costa Rica Las organizaciones criminales transnacionales continúan favoreciendo a Costa Rica como base para cometer crímenes financieros debido a su ubicación y limitadas capacidades de aplicación. El gobierno de Costa Rica ha intentado fortalecer el marco legal para la supervisión y ejecución; sin embargo, aún quedan retos para mitigar los riesgos de lavado de dinero. Costa Rica es un punto de tránsito que también se utiliza cada vez más como base de operaciones para el narcotráfico; Y sigue habiendo un importante lavado de fondos procedentes de actividades ilícitas. Costa Rica debe seguir cerrando brechas legislativas en delitos financieros y asignar recursos para investigación y procesamiento.
La cifra es una estimación de la Dirección de Inteligencia en Costa Rica divulgada por el Departamento de Estado de EE.UU., donde se señala el aumento de organizaciones criminales con base en el país, y la poca capacidad para combatirlas.
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013" de Global Financial Integrity, señala que durante los 10 años mencionados, el flujo de dinero ilícito desde Costa Rica superó los $11 mil millones, esto es unos $1.100 millones al año.
Si no se toman medidas excepcionales, Centroamérica pronto se derrumbará en estados fallidos dominados por las organizaciones criminales que compran el poder político.
Esta es la dramática pero realista conclusión a la que llega el estudio sobre el tema realizado por una coalición de instituciones guatemaltecas integrada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), y Fundación G.
Narcotráfico y pandillas son los principales factores del asesinato intencional en los países más violentos del mundo: Honduras, Belice, El Salvador y Guatemala.
Según el reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC), al 2012 Honduras registra 90,4 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En Belice la tasa de homicidios es de 44,7 por cada 100 mil habitantes, en El Salvador es de 41,2, en Guatemala es de 39,9.
Un estudio de la CEPAL revela que las empresas de Guatemala y El Salvador pagan los costos más altos por el crimen organizado en Latinoamérica.
De acuerdo con datos del Índice de Competitividad Global 2012-13, retomados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en su informe sobre la seguridad en el sector logístico de la región, Guatemala cuenta con un puntaje de 1.86 en una escala del 1 al 7 sobre la influencia del crimen y la violencia en los costos de operación de las empresas, donde 1 es “en gran medida” y 7 significa “en nada”.
Corrupción generalizada, debilidad institucional, disputas entre los países, y la resistencia a más impuestos, comprometen las posibilidades de éxito del plan y sus 22 proyectos.
La cumbre celebrada en Guatemala, en la que por primera vez desde el año 1856 los países centroamericanos acordaron combatir juntos, culminó con planes de acción en conjunto para la lucha contra el narcotráfico.
Desde El Salvador, el presidente de EE.UU., ofreció los fondos para financiar proyectos de seguridad en la región.
En referencia a la distribución de los fondos, el mandatario señaló que serán los países centroamericanos los que decidirán como invertir los fondos en función de las necesidades particulares de cada uno.
Laprensagrafica.com recoge declaraciones del mandatario estadounidense, Barack Obama, "Será un programa diseñado y liderado en Centroamérica por los gobiernos de la región... El énfasis es trabajar con un enfoque regional y los países centroamericanos deben ayudar a darle forma y diseñar cómo el dinero debería ser gastado."
La falta de capacidad de los estados y su desventaja frente al poder económico del narcotráfico habilitan el aumento de la violencia y la corrupción.
"Utilizando sistemáticamente la violencia y la corrupción, intimidando y extorsionando a funcionarios públicos, los grupos delictivos acaudalados y poderosos han podido debilitar los sistemas policiales y judiciales.
La entrada en vigencia en El Salvador de la Ley anti-maras sirve de acicate para la toma de acciones regionales para la proscripción de las pandillas.
Previendo que para evitar ser encarcelados los integrantes de las pandillas salvadoreñas conocidas como "Maras" se trasladen a los países vecinos, en especial Guatemala y Honduras, estos han activado medidas extras de seguridad fronteriza.
El crimen organizado, en especial el relacionado con el tráfico de drogas, tiene su base de reclutamiento en una población joven marginada del desarrollo.
El Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Antonio María Costa, señaló que "Centroamérica es una región muy vulnerable para el crimen organizado debido a factores que van desde la falta de desarrollo y el flujo de armas hasta el alto porcentaje de jóvenes en su población."