Utilizar modelos predictivos basados en procesos de inteligencia artificial y realizar cobros automatizados, son algunos de los cambios que en este contexto de nueva realidad ya aplican las empresas para reducir costos operativos, de gestión y de riesgo.
La propagación del covid19 cambió las reglas de juego en casi todos los mercados y modelos de negocios, situación que afectó a los departamentos de cobros de las empresas, cuyos equipos de trabajo que en la actualidad enfrentan retos complejos.
En los últimos dos años 100 mil créditos que estaban al día entraron en morosidad, y los banqueros lo atribuyen principalmente al aumento del desempleo y la merma en la actividad económica.
La desaceleración que ha sufrido la economía costarricense en los últimos dos años está pasando factura no solo a las empresas y familias, sino también al sector bancario.
El deterioro de la economía y el creciente desempleo son las principales causas detrás de las dificultades que enfrentan en Costa Rica las empresas y personas para pagar sus préstamos bancarios.
Según cifras de la Superintendencia General de Entidades financieras, entre enero de 2017 y julio de 2018, el porcentaje de créditos con morosidad mayor a 90 días o en cobro judicial, pasó de 1,65% a 2,51%, mostrando una tendencia al alza en los últimos meses.
De junio de 2017 a mayo de 2018, el promedio de la morosidad de la cartera de crédito del sistema financiero costarricense aumentó desde 1,36% a 2,14%.
Según las cifras de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), entre abril y mayo de este año, el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) aumentó su morosidad mayor a 90 días y en cobro judicial de 2,65% a 4,18%, superando así el 3% que es establecido como el límite máximo prudente.
Al cierre de agosto de este año la tasa de morosidad en la cartera de créditos del sistema financiero nacional fue de 2,54%, superior a la tasa de 1,21% que se registraba hace cuatro años.
Reseña Elperiodico.com.gt que "... Al comparar los retrasos de pago entre 2013 y 2017, el segmento que presenta la tasa más alta es el empresarial menor, compuesto por pequeñas y medianas empresas, ya que pasó de 3,32% a 7,92%.
El Registro Nacional de Costa Rica anunció que disolverá las sociedades que no hayan pagado el Impuesto a las personas jurídicas durante un periodo igual o mayor a tres años.
Del comunicado del Colegio de Contadores:
Agosto 2017. El próximo viernes 1 de setiembre se reactiva el cobro del Impuesto a Personas Jurídicas, este tributo se aplica para todo tipo de sociedades mercantiles, tales como las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, en comandita, colectivas, empresa individual de responsabilidad limitada, entre otros.
La oposición legislativa en Costa Rica volvió a presentar un texto sustitutivo de la ley contra el fraude fiscal, eliminando del proyecto el embargo de cuentas bancarias de empresas sospechosas de evasión fiscal.
Con la moción presentada por los diputados de oposición se busca impedir que la Dirección General de Tributación tenga capacidad para embargar o solicitar a un juez el embargo de las cuentas bancarias de los contribuyentes sospechosos de evasión fiscal.
Advierten que habría más de 4 mil personas jurídicas en riesgo de disolución por no haber pagado la "tasa única" durante 10 años.
La Dirección General de Ingresos de Panamá publicó la lista de las personas jurídicas con una morosidad de diez (10) años del tributo denominado "lasa única anual", elaborada por la DGI para su amplia difusión y publicación, en cumplimiento de los parágrafos 4 y 5 del articulo 318-A del Código Fiscal, reformado por la Ley 6 de 2005 y la Ley 49 de 2009.
En comparación con otras economías, el indicador que mide la falta de pago en el sistema bancario es relativamente reducido, con altibajos marcados según los diferentes sectores.
El artículo en Prensalibre.com reseña que según datos de la Superintendencia de Bancos (SIB), el indicador de morosidad en el sistema bancario guatemalteco "pasó de 1,55% en mayo del año pasado a 1.43% en el mismo mes de este año."
En Costa Rica la mayoría de los diputados rechazan proyecto de ley que otorgaría a Tributación capacidades para sancionar contribuyentes morosos que se consideran exclusivas del Poder Judicial.
El Poder Ejecutivo deberá modificar el proyecto de Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal si pretende que la Asamblea Legislativa lo apruebe. La oposición rechaza principalmente la posibilidad que otorga el proyecto de ejecutar cobros y embargos sin una orden judicial, y además "... objetan que los asesores en materia de impuestos puedan ser condenados a pagar parte de las deudas de los contribuyentes, si la Administración considera que aconsejaron mal."
La Dirección General de Ingresos anunció que las empresas que tengan deudas por pago de impuestos por más de doce meses serán incluidos en una lista que se hará pública en marzo.
La Dirección General de Ingresos dio a conocer que publicará, en el transcurso de este mes, los "... contribuyentes que tienen cuentas pendientes con la institución por más de un año." Esta medida es consecuencia de la baja recaudación impositiva que se está reportando desde finales del 2014.
Al finalizar el plazo este 31 de diciembre para acogerse a la actual moratoria, se comenzará a cobrar un 10% de recargo a los morosos en el pago de impuestos sobre la renta o sobre inmuebles.
Según algunos contribuyentes esta medida representa un "... Aumento disimulado de impuestos, lo que contradice la promesa del presidente Juan Carlos Varela de no aumentar los tributos, a pesar del déficit fiscal existente." Para la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), "...' el recargo... es un poco alto, este porcentaje no se había registrado en la historia del país'."
Presentan un proyecto de ley que pretende contratar más empresas gestoras de cobro para los casos de morosidad tributaria.
Hasta ahora es una sola empresa la encargada, contratada de forma directa y de manera exclusiva, de gestionar el cobro a las personas jurídicas y físicas morosas con el fisco. Si prospera el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno abriría el proceso para contratar más empresas.
Un proyecto de reforma al Código Tributario en El Salvador propone que los nombres de los deudores fiscales sean de dominio público.
De acuerdo con el Congresista Guillermo Gallegos, esta sería una “condena moral”, porque a lo mejor las personas se sientan apenadas de ver sus nombres publicados y paguen las moras de sus impuestos.
“...se permitiría a los diputados solicitar la información al Ministerio de Hacienda sobre los deudores del fisco y Hacienda deberá otorgarla en 10 días siguientes. Los diputados tendrán el derecho de mandar a publicar los nombres de las personas”, publica Elmundo.com.sv.
El outsourcing del cobro de impuestos impagos generó en Panamá comentarios que obligan al análisis de las diferencias de eficiencia entre el sector público y el sector privado.
EDITORIAL
En Panamá la Autoridad de Ingresos Tributarios contrató una empresa privada para que la recuperación de la cartera morosa, ganando en eficacia y en disminución de costos.