La administración Cortizo decidió extender hasta el 30 de junio del próximo año, la vigencia de la ley que establece una moratoria sobre los préstamos otorgados por bancos, cooperativas y financieras públicas y privadas.
La ley que promulgada el 1 de julio en la Gaceta Oficial, señala que hasta el 31 de diciembre de 2020 se podría acoger a los beneficios de la moratoria las personas a quienes se les ha suspendido o cesado su contrato laboral, los trabajadores independientes y comerciantes cuya actividad se ha visto afectada por las medidas sanitarias aplicadas por el covid19. Con las nueva medida anunciada por la Presidencia, el plazo se amplió por seis meses más.
Fue publicada en La Gaceta la ley que establece una moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos, cooperativas y financieras, tanto públicas como privadas, hasta el 31 de diciembre de 2020, para personas naturales y jurídicas afectadas por la pandemia.
La ley promulgada el 1 de julio en la Gaceta Oficial, señala que podrá acogerse a los beneficios de la moratoria las personas a quienes se les ha suspendido o cesado su contrato laboral, los trabajadores independientes y comerciantes cuya actividad se ha visto afectada por las medidas sanitarias aplicadas por el covid19.
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en segundo debate una iniciativa que busca extender hasta el 31 de diciembre de 2020 la moratoria sobre préstamos otorgados por los bancos, cooperativas y financieras, para los clientes que hayan sido afectados por el brote de covid19.
El pleno legislativo aprobó el 17 de junio en segundo debate las modificaciones al Proyecto de Ley No.
Luego de que el presidente Cortizo vetara parcialmente el proyecto de ley de moratoria, la Asamblea Nacional discute en segundo debate la iniciativa, innecesario para el Superintendente de Bancos, quien asegura que la banca ya ha implementado las medidas necesarias.
A pesar de que el 4 de mayo el presidente Laurentino Cortizo y la representante de la Asociación Bancaria de Panamá, Aimee de Grimaldo, firmaron un acuerdo para extender la moratoria hasta el 31 de diciembre de 2020 debido a la crisis económica causada por el covid19, los diputados se declararon en sesión permanente para discutir en segundo debate el proyecto de moratoria (ya vetado por el presidente) en sesiones extraordinarias del 15 al 18 de junio.
Ante las propuestas que se discuten en la Asamblea de Costa Rica, de aprobar moratorias a empresas y personas que sean afectadas por la crisis sanitaria, la Superintendencia de Entidades Financieras advierte que algunos bancos no soportarían el cese de pagos por hasta 4 meses.
El plan de los diputados es aprobar una iniciativa que se concentre en los préstamos personales, de vivienda, vehículos y de consumo, en el que se incluirían las tarjetas de crédito.
La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate un proyecto de ley que concede a los deudores una prórroga de 90 días en el pago de créditos otorgados por instituciones bancarias, cooperativas y financieras.
De acuerdo a la ley que debe ser sancionada o vetada por el presidente Cortizo, una vez concluido el término de la moratoria fijada en esta ley, los acreedores en común acuerdo con el deudor deben pactar las condiciones para que la deuda dejada de pagar sea prorrateada, para pagarse en un período de 24 meses.
Ante la emergencia que deriva de la propagación del covid-19, presentaron ante la Asamblea un proyecto de ley que propone suspender por 90 días calendario el pago de tributos municipales y nacionales.
La iniciativa establece también la suspensión por 90 días el pago de luz eléctrica y agua potable, así como los préstamos hipotecarios y personales entre otros, informó la Asamblea Nacional.
Se reconoce la exoneración por tres años del impuesto de inmuebles por "primera compra" de una casa que se registre como vivienda principal y se establece una moratoria del impuesto hasta fin de año.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, sancionó hoy la Ley que plantea la reforma integral más importante del Impuesto de Inmuebles en los últimos 40 años y establece un mayor equilibrio fiscal, lo que beneficia a los propietarios.
La ley de moratoria de impuestos aprobada recientemente incluye varias modificaciones relacionadas a las finanzas públicas, a los aportes del Canal e incluso exenciones para el sector agropecuario, pecuario y acuícola.
La aprobación de la ley de moratoria de impuestos trajo consigo modificaciones que avalan al Estado no solo a incrementar su nivel de endeudamiento como proporción del PIB, sino que también incluye ajustes fiscales como el hecho de que "... en el caso de que los aportes de la Autoridad del Canal (ACP) sean menores al porcentaje indicado en el numeral 2 del artículo 3 de la Ley del Fondo de Ahorro de Panamá, que es 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), que este año podría alcanzar los 47,459 millones de dólares, la diferencia sería pagada con deuda.... Esto quiere decir que los recursos económicos que no aporte la ACP serán asumidos por el sector público no financiero (SPNF)."
Una vez promulgada por el Ejecutivo, la moratoria regirá hasta fin del año, pudiendo acogerse los contribuyentes obligados al pago de tributos morosos hasta el 30 de septiembre del año 2014.
La ley que exime de recargos, intereses o multas fue aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional de Panamá y entrará en vigencia un día después de su promulgación.
El sector industrial y comercial de Guatemala considera la medida como un mensaje contradictorio y poco amigable a la inversión.
De acuerdo con el presidente de la Gremial de Industrias Extractivas, Mario Marroquín, “se manda un mensaje contradictorio, porque hace pocos días se realizó el Investment Summit 2013, donde se presentó a Guatemala como un potencial para invertir en muchos sectores, incluidos el minero, y ahora se dice que no habrá otorgamiento de licencias, ¿qué pasa entonces con quienes se interesaron en el país?”.
El Gobierno guatemalteco pretende una moratoria de dos años para la industria minera, con el fin de estudiar una nueva ley para el sector.
De la nota de prensa del Gobierno de Guatemala:
El mandatario Otto Pérez Molina anunció que su gobierno asumió la decisión “trascendente” de proponer una moratoria para la industria minera, que se concretará con el proyecto de ley que se presentará este miércoles al Congreso de la República.
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