Después que se ordenara realizar una consulta comunitaria como requisito para la reanudación de operaciones de la Mina San Rafael, en Guatemala, las autoridades convocaron a nueve instituciones para que participen en la primera reunión de la mesa de pre consulta.
Derivado de una acción de amparo interpuesta por la organización ambientalista Calas, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó en septiembre de 2018, realizar por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), una consulta comunitaria en el área de operaciones de la mina, en El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
Inversiones Los Pinares, a cargo de la construcción de una mina que se dedicará a la extracción de óxido de hierro en Tocoa, Honduras, prevé comenzar a exportar al mercado de EE.UU. a finales de 2020 o inicios de 2021.
Representantes de la empresa informaron que actualmente se realizan los trabajos de construcción del plantel donde se procesará el óxido de hierro que se extraerá de la mina y también se edifican bodegas, oficinas administrativas y otros recintos más.
Reportan la suspensión temporal de la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, en el departamento de Izabal.
Luego de que un grupo de vecinos reclamara ante la Corte Suprema de Justicia que para el proyecto minero en cuestión, no se agotó el proceso de consulta comunitaria, en febrero de este año se otorgó un amparo a favor de los demandantes, pero no se suspendió las operaciones de la empresa.
Fue conformado el panel arbitral que conocerá la demanda en contra del Estado de Guatemala, que fue presentada por la suspensión de las operaciones de la mina El Tambor, ubicada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
Luego que la demanda de arbitraje fuera planteada por los estadounidenses Daniel W. Kappes, Kappes, Cassidy & Associates, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el 11 de diciembre de 2018, el organismo anunció que fue conformado el panel.
La canadiense Calibre Mining compró a B2Gold Nicaragua, las minas de oro El Limón y La Libertad, además del proyecto Pavón y otras concesiones, en una transacción que ascendió a $100 millones.
Las minas de El Limón y La Libertad han producido más de 1,4 millones de onzas de oro desde 2010, y se proyecta que su producción combinada de oro en 2019 será de entre 150.000 y 160.000 onzas, informó la empresa en un comunicado.
Representantes de la mina El Tambor, situada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, interpusieron una demanda por $300 millones en contra del Estado de Guatemala.
La demanda de arbitraje fue planteada por los estadounidenses Daniel W. Kappes, Kappes, Cassidy & Associates, la cual fue registrada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el pasado 11 de diciembre.
En Panamá se espera que en 2019 las actividades relacionadas con la explotación de minas crezcan por encima del 10%, crecimiento que estaría explicado principalmente por la extracción de cobre.
Según el gobierno panameño, se estima que la actividad económica de explotación de minas y canteras crecerá por encima del 10% en 2019, pues las exportaciones de cobre superarían los $2.000 millones por año.
Después de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenara realizar una consulta comunitaria como requisito para reanudar la operación de la Mina San Rafael, la empresa ahora reclama que los plazos del proceso no son claros.
Ante las dudas que existen sobre el plazo que tiene el gobierno para completar el proceso de consulta comunitaria, la empresa minera decidió realizar otro recorte de personal, dado que se desconoce cuánto tiempo pasará antes de que puedan reanudar las operaciones de la mina, paralizadas desde el 3 julio de 2017.
Luego de que se ordenara realizar una consulta comunitaria como requisito para la reanudación de operaciones de la Mina San Rafael, en Guatemala, las autoridades esperan que la sentencia quede en firme para iniciar el proceso de preconsulta.
Después de más de 300 días a la espera de una decisión de las autoridades, derivado de una acción de amparo interpuesta por la organización ambientalista Calas, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la semana pasada, realizar por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), una consulta comunitaria en el área de operaciones de la mina, en El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
Las protestas que desde principios de año realizan trabajadores en el proyecto Cobre Panamá, en Colón, mantienen paralizados los trabajos en la línea eléctrica y en la termoeléctrica de 300 MW.
El conflicto laboral que impide al proyecto avanzar surgió luego de que ambas partes, sindicato de trabajadores y la empresa Minera Panamá, se acusaran mutuamente de incumplir con algunos puntos del acuerdo que pactaron en enero, con la intermediación del Ministerio de Trabajo.
Explicado por mejores precios en el mercado internacional, durante 2017 las exportaciones de minerales sumaron $183 millones, 17% más que lo reportado al cierre de 2016.
El Banco Central de Honduras informó que el año pasado "... Los envíos de oro -primordialmente hacia los EUA- ascendieron a US$100.1 millones, US$5.6 millones (5.9%) respecto al valor del año pasado." Este aumento es explicado por el "...
Los industriales exigen a la Corte de Constitucionalidad que se pronuncie respecto al recurso de amparo que fue otorgado a favor de un grupo ambientalista y que mantiene paralizadas las operaciones de la mina.
El proyecto está paralizado desde que una organización ambientalista presentara una acción de amparo en contra de la mina, con el argumento que que el Ministerio de Energía y Minas no realizó las consultas comunitarias debidas antes de autorizar las licencias.
La actividad minera ha crecido a un promedio anual de 9% en los últimos diez años, explicado principalmente por la creciente inversión extranjera, un incremento en la producción y precios internacionales favorables.
Un informe presentado por la Cámara Minera de Nicaragua detalla que entre 2006 y 2016, la inversión extranjera directa sumó $793 millones, para un promedio anual de $79 millones.
En medio de bloqueos de residentes de la zona, la empresa que opera la mina Escobal en Guatemala intenta normalizar su actividad, luego de haber obtenido el aval legal para hacerlo.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala otorga el amparo a favor del grupo ambientalista que reclamó la falta de consulta a la comunidad de la zona, pero le permite a la empresa minera reanudar los trabajos.
La condición es que el Ministerio de Energía y Minas deberá realizar la consulta comunitaria que establece el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas.