Un estudio sobre la relevancia del sector minero en el país realizado por CABI concluye que "la ganancia neta para el empresario minero está entre 20% y 30% en tiempos normales."
El análisis elaborado por Cabi señala que el la industria minera aporta al país de forma directa e indirecta el 3,3% del PIB, cifra relativamente pequeña a juicio de Paulo de León, de Cabi, para quien el sector tiene un potencial mayor.
La merma en la producción y la baja en los precios internacionales explican la caída de 20% en las ventas al exterior en el primer semestre del año respecto a igual periodo de 2015.
Los resultados del primer semestre llegan en momentos en que la suspensión de varias licencias mineras comienza a generar incertidumbre entre las empresas y concesionarias del sector.
La venta de la mina forma parte de un plan de comercialización de parte de los activos propiedad de la concesionaria canadiense GoldCorp.
Además de la operación en la mina Marlin, GoldCorp puso a la venta su mina de oro y plata Los Filos, en México, y además se encuentra estudiando alternativas para deshacerse de la mina Alumbrera en Argentina.
David Garofalo, director ejecutivo de la empresa, explicó a Elperiodico.com.gt que "...
La Corte Suprema de Justicia inhabilitó de forma "definitiva" el permiso de operación de la mina La Puya, otorgado a la empresa Progreso VII Derivadas.
Poniendo fin jurídico a la polémica surgida tres meses atrás por la diferencia de criterios legales con el Ministerio de Energía y Minas, la Corte Suprema de Justicia decidió suspender de forma definitiva el permiso, luego de que se presentaran diferencias de criterio entre el Ministerio de Energía y Minas y la Corte.
En una semana fueron suspendidos siete proyectos y otros diez también podrían correr la misma suerte, mientras 611 solicitudes de licencia se encuentran en trámite.
Diez proyectos ubicados en Santa Rosa, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán y Baja Verapaz enfrentan procesos de demanda por distintas razones, desde supuestas violaciones al derecho humano al agua hasta incumplimiento de trámites de oposición administrativa.
El Proyecto de Explotación Minero Niquegua Montufar II, de la Compañía Guatemalteca de Níquel, y el denominado Tajmulco II, de Montana Exploradora de Guatemala, fueron suspendidos por el gobierno.
El comunicado del Ministerio de Energía y Minas indica que "... Atendiendo el amparo otorgado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil constituido en Tribunal de Amparo, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), notificó a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), suspender la autorización de licencia de explotación del Proyecto de Explotación Minero Niquegua Montufar II."
Un proyecto de ley propone suspender durante cinco años la emisión de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos y licencias hidroeléctricas.
Del comunicado del Congreso de la República de Guatemala:
Congresistas del bloque Convergencia presentaron en la Dirección Legislativa la iniciativa de Ley de Moratoria Minera e Hidroeléctrica, con la cual se propone la suspensión durante cinco años de la emisión de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos y licencias hidroeléctricas, con el propósito de que en ese tiempo se pueda discutir una nueva política nacional para los dos temas.
Los diputados afirman que el aplazamiento permitiría el análisis de esa herramienta, que incluya la participación de la población mediante las consultas populares vinculantes, lo cual podría evitar la conflictividad social en el interior del país donde se ha registrado mayor resistencia.
El congresista Leocadio Juracán, subjefe de la bancada, dijo que es urgente suspender las actividades mineras e hidroeléctricas en el país por los problemas causados. “Han provocado un gran daño ambiental en varias comunidades y generado mucha riqueza para las empresas; el aporte económico no es mayor para el país y eso es preocupante, porque deja sin presupuesto al Estado, que no puede atender las demandas sociales”, expresó.
“Esta iniciativa es una herramienta para que iniciemos a discutir el modelo de desarrollo que queremos; pedimos que todos los diputados la analicen y se pueda conocer en el pleno de urgencia nacional, porque necesitamos resolver la problemática en todo el territorio. Sabemos que se han hecho consultas a los pueblos pero no han tenido mayor resultado; también conocemos que el Presidente de la República puede decidir sobre el tema”, comentó la legisladora Sandra Morán, jefa de la agrupación política.
Además, Juracán denunció que junto a otros colaboradores de la comisión integrada en el Congreso para conocer las demandas por campesinos de la marcha por el agua, en una verificación realizada por el desvío de ríos y contaminación fueron retenidos por un grupo de trabajadores y agentes de seguridad de una empresa extractora de metales en Santa María Cahabón, Alta Verapaz. Dijo que la denuncia penal fue presentada en el Ministerio Público para la investigación.
Empresarios manifiesta preocupación por las graves consecuencias que pueden traer al país los recientes fallos judiciales que ordenan la suspensión de proyectos mineros e hidroeléctricos.
Del comunicado del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF):
LA CERTEZA JURÍDICA PARA LAS INVERSIONES ES UNA CONDICIÓN INDISPENSABLE DEL ESTADO DE DERECHO
El 16 y 17 de agosto representantes de la industria a nivel global participarán en ruedas de negocios y conferencias sobre el rol de los recursos minerales y el impacto de la actividad en la economía.
El II Congreso Internacional de Minería es organizado por la Cámara Minera de Nicaragua y se llevará a cabo el 16 y 17 de agosto en Managua.
El congreso incluye ruedas de negocios, paneles y conferencias magistrales sobre el impacto económico y social de la minería en las comunidades; el rol de los recursos minerales metálicos y no metálicos
En Guatemala académicos pretenden detener la industria minera mientras se estudian nuevas normas para el sector, en lugar de hacer propuestas concretas para corregir lo que hubiera que corregir.
EDITORIAL
Un consorcio académico propone que el Estado de Guatemala dé la espalda a una industria que genera empleo e ingresos y suspenda el otorgamiento de concesiones mineras en el país.
La baja en los precios globales es la principal razón detrás del abandono de varias áreas por parte de empresas concesionarias, a lo que se agrega cierta confusión en torno a la moratoria minera.
Guatemala pasó de extraer 9 millones de barriles de petróleo en 2003 (un promedio diario de 24 mil barriles) a solo 3 millones en 2015 (10 mil barriles diarios), registrando una caída en la producción de 59,4% en doce años.
La Suprema Corte falló a favor del amparo contra la operación en la mina Progreso VII, Derivada, pero el criterio legal del Ministerio de Energía y Minas es que el proyecto puede continuar operando.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala había otorgado un amparo provisional a la organización ambientalista Centro de Acción Legal, Social y Ambiental (Calas) para suspender la licencia del proyecto minero Progreso VII, Derivada, ubicado en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.
La Suprema Corte suspendió provisionalmente la extracción de oro y plata en la mina Tambor en respuesta al recurso de amparo interpuesto a favor de poblaciones indígenas.
Se trata del proyecto minero Progreso VII Derivadas, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A., Exmingua, en La Puya, departamento de Guatemala y dedicado a la explotación de oro y plata.
La nueva administración Morales rechaza la posibilidad de implementar una moratoria minera y promete acelerar la revisión de solicitudes de licencias que esperan ser aprobadas.
Argumentando que la necesidad de generar empleo y desarrollo económico en las zonas más alejadas de la capital, autoridades de la administración Morales anunciaron que no implementarán una moratoria de proyectos de exploración y explotación minera en el país.
CVMR Corporation y Central America Nickel firmaron un acuerdo para concentrar 3 millones de toneladas de mineral por año de la reserva Santa Anita y refinarlo en las instalaciones de la firma en Oak Ridge, Tennessee.
Según Kamran M. Khozan, Presidente y CEO de CVMR Corporación, "el Joint Venture espera generar más de $500 millones al año después de la puesta en marcha.