En Guatemala durante la segunda reunión de pre consulta, fue aceptado el equipo y la metodología propuesta para realizar el Estudio del Impacto Cultural y Espiritual del derecho minero “Escobal” en el Pueblo Xinka.
Derivado de una acción de amparo interpuesta por la organización ambientalista Calas, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó en septiembre de 2018, realizar por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), una consulta comunitaria en el área de operaciones de la mina, en El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
En el contexto del proceso de la reanudación de las operaciones de la Mina San Rafael, se realizó la primera reunión de pre consulta y se acordó realizar un estudio del impacto espiritual y cultural del derecho minero sobre el pueblo indígena Xinka.
A raíz de una acción de amparo interpuesta por la organización ambientalista Calas, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó en septiembre de 2018, realizar por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), una consulta comunitaria en el área de operaciones de la mina, en El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
Después que se ordenara realizar una consulta comunitaria como requisito para la reanudación de operaciones de la Mina San Rafael, en Guatemala, las autoridades convocaron a nueve instituciones para que participen en la primera reunión de la mesa de pre consulta.
Derivado de una acción de amparo interpuesta por la organización ambientalista Calas, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó en septiembre de 2018, realizar por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), una consulta comunitaria en el área de operaciones de la mina, en El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
Reportan la suspensión temporal de la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, en el departamento de Izabal.
Luego de que un grupo de vecinos reclamara ante la Corte Suprema de Justicia que para el proyecto minero en cuestión, no se agotó el proceso de consulta comunitaria, en febrero de este año se otorgó un amparo a favor de los demandantes, pero no se suspendió las operaciones de la empresa.
Fue conformado el panel arbitral que conocerá la demanda en contra del Estado de Guatemala, que fue presentada por la suspensión de las operaciones de la mina El Tambor, ubicada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
Luego que la demanda de arbitraje fuera planteada por los estadounidenses Daniel W. Kappes, Kappes, Cassidy & Associates, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el 11 de diciembre de 2018, el organismo anunció que fue conformado el panel.
Representantes de la mina El Tambor, situada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, interpusieron una demanda por $300 millones en contra del Estado de Guatemala.
La demanda de arbitraje fue planteada por los estadounidenses Daniel W. Kappes, Kappes, Cassidy & Associates, la cual fue registrada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el pasado 11 de diciembre.
Después de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenara realizar una consulta comunitaria como requisito para reanudar la operación de la Mina San Rafael, la empresa ahora reclama que los plazos del proceso no son claros.
Ante las dudas que existen sobre el plazo que tiene el gobierno para completar el proceso de consulta comunitaria, la empresa minera decidió realizar otro recorte de personal, dado que se desconoce cuánto tiempo pasará antes de que puedan reanudar las operaciones de la mina, paralizadas desde el 3 julio de 2017.
Luego de que se ordenara realizar una consulta comunitaria como requisito para la reanudación de operaciones de la Mina San Rafael, en Guatemala, las autoridades esperan que la sentencia quede en firme para iniciar el proceso de preconsulta.
Después de más de 300 días a la espera de una decisión de las autoridades, derivado de una acción de amparo interpuesta por la organización ambientalista Calas, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la semana pasada, realizar por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), una consulta comunitaria en el área de operaciones de la mina, en El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
Finalmente la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se manifestó sobre la operación de Minera San Rafael, que ha estado paralizada por más de un año, ordenando realizar una consulta comunitaria como requisito para reanudar operaciones.
El proyecto está paralizado desde mediados de 2017, cuando la organización ambientalista Calas presentó una acción de amparo en contra de la mina, argumentando que el Ministerio de Energía y Minas no había realizó las consultas comunitarias debidas antes de autorizar las licencias de operación.
Los industriales exigen a la Corte de Constitucionalidad que se pronuncie respecto al recurso de amparo que fue otorgado a favor de un grupo ambientalista y que mantiene paralizadas las operaciones de la mina.
El proyecto está paralizado desde que una organización ambientalista presentara una acción de amparo en contra de la mina, con el argumento que que el Ministerio de Energía y Minas no realizó las consultas comunitarias debidas antes de autorizar las licencias.
En medio de bloqueos de residentes de la zona, la empresa que opera la mina Escobal en Guatemala intenta normalizar su actividad, luego de haber obtenido el aval legal para hacerlo.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala otorga el amparo a favor del grupo ambientalista que reclamó la falta de consulta a la comunidad de la zona, pero le permite a la empresa minera reanudar los trabajos.
La condición es que el Ministerio de Energía y Minas deberá realizar la consulta comunitaria que establece el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas.
La Corte Constitucional confirmó la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que en junio pasado suspendió las licencias de operación de la mina Escobal, en manos de Minera San Rafael.
En su resolución, la Corte Constitucional argumentó que "...cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó las operaciones, negó la existencia de la agrupación xinca y no les consultó sobre los trabajos que harían."
El aporte de la actividad minera al PIB se ha ido reduciendo en los últimos años, y los recientes casos de suspensión de permisos de explotación no ayudan a mejorar la imagen del sector.
En el año 2012 el aporte de la actividad minera representaba el 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), pero esta proporción ha venido reduciéndose en los últimos años, cayendo a 1,1% del PIB en 2015.
Minera San Rafael deberá paralizar sus operaciones luego de que sus dos licencias de operación quedaran suspendidas con el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia a un grupo ambientalista.
Reseña Prensalibre.com que "... Las licencias El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, quedan suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debe detener sus operaciones.