Respecto a la nueva iniciativa de ley que se presentó ante el Congreso de la República a inicios de 2019, la Superintendencia de Bancos opina que no debe fijarse un tope a la tasa de interés.
La Ley de Tarjetas de Crédito entró en vigencia el 8 de marzo de 2016, pero fue suspendida a fines de ese mismo mes, luego de que las cámaras empresariales, emisores de tarjetas y el Banco de Guatemala interpusieran recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC). A inicios de este año la ley fue declarada inconstitucional de forma definitiva por la CC.
Después de que se declarara inconstitucional la Ley que pretendía regular el mercado de tarjetas de crédito en Guatemala, se presentó una nueva propuesta.
La Ley de Tarjetas de Crédito que a inicios de 2019 fue declarada inconstitucional, entró en vigencia el 8 de marzo de 2016, sin embargo, luego de que las cámaras empresariales, emisores de tarjetas y el Banco de Guatemala, interpusieran recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC), fue suspendida el 31 de marzo de ese mismo año.
Al cierre del año pasado la cartera crediticia destinada al consumo por medio de tarjetas en Guatemala sumó $1.464 millones, 12% más que el dato reportado al finalizar 2017.
Datos de la Superintendencia de Bancos (SIB) precisan que en 2018 los préstamos con tarjetas de crédito representaron el 6% de la cartera en general, la cual ascendió $23.782 millones.
Después de resolver 14 recursos presentados, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró inconstitucional la Ley que pretendía regular el mercado de tarjetas de crédito en el país.
La Ley de Tarjetas de Crédito entró en vigencia el 8 de marzo de 2016, sin embargo, luego de que las cámaras empresariales, emisores de tarjetas y el Banco de Guatemala, interpusieran recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC), fue suspendida provisionalmente el 31 de marzo de ese mismo año.
Corte superior la anuló temporalmente debido a falta de dictamen del Banco de Guatemala y a que el Congreso la aprobó sin la mayoría estipulada por ley.
La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente la Ley de Tarjetas de Crédito, vigente desde el 8 de marzo pasado.
En el mismo día de su entrada en vigencia, la gremial de empresarios presentó una acción de inconstitucionalidad en su contra, argumentando que es lesiva para el libre mercado financiero.
Por segunda vez presentaron un recurso para suspender provisionalmente la entrada en vigencia de la ley, volviendo a argumentar que no se siguieron los procesos correspondientes y que su aplicación tendrá efectos negativos sobre el mercado financiero guatemalteco.
La nueva ley evitará el cobro de tasas de usura y el hostigamiento a los usuarios, pero también afectará el consumo y la actividad comercial al dejar sin acceso a este medio de pago a por lo menos 500 mil guatemaltecos.
El decreto 7-2015 de la Ley de Tarjetas de Crédito aprobado por el Congreso guatemalteco entrará a regir en tres meses y pondrá un tope a los intereses que cobran las empresas emisoras de tarjetas, controlará los procedimientos que utilicen para cobrar a los morosos, pero al mismo tiempo limitará el acceso a un medio de pago relevante.
La tasa de interés que cobran los emisores no puede superar "el doble del último valor correspondiente a la tasa de interés anual activa promedio ponderada del sistema bancario".
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