Los hechos parecen haber dado la razón a lo dicho en 2009 -según WikiLeaks- por el embajador norteamericano, que señaló a Sacyr como "una empresa quebrada sostenida solamente por el gobierno español".
El diálogo sobre sobrecostos en las obras de la ampliación del canal entre la Administración del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) -iniciado con la intervención de la ministra española de Fomento- se ha interrumpido, e incluso ya no es la española Sacyr la portavoz del grupo sino que ahora la otra empresa mayoritaria del consorcio, la italiana Impregilo, es la que pide -vía prensa- $1.000 millones a la ACP, manteniendo la amenaza de interrumpir las obras.
En contrapropuesta a los $100 millones ofrecidos por la ACP el consorcio constructor pide un adelanto de $400 millones y un acuerdo de largo plazo.
La propuesta de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de hacer un aporte conjunto de $283 millones y evitar la suspensión de los trabajos de construcción del tercer juego de esclusas no convenció a los representantes de Grupo Unidos por el Canal (GUPC).
Se compromete la integración empresarial de la región, porque nunca será bueno hacer negocios con alguien que tiene un arma en la mano.
EDITORIAL:
Integración supone un conjunto de reglas comunes basadas en una filosofía también común a todos los participantes del conjunto. Los países centroamericanos tienen -hasta ahora- normas que permiten el desarrollo de sus economías según criterios liberales que -bajados al relacionamiento entre empresas- dejan afuera la fuerza como factor de resolución de conflictos, para apelar -siempre- a los sistemas de administración de justicia.
Con la próxima realización de la III Convención Centroamericana de Centros de Arbitraje se promueve la utilización de los métodos alternativos de resolución de controversias.
Alfredo Skinner-Klée, abogado experto en arbitraje de la firma Arenales & Skinner Klée, señala durante una entrevista que le realizó Lorena Álvarez de Elperiodico.com.gt: “El arbitraje se ha vuelto una institución primordial en el comercio, en las transacciones internacionales y en los últimos 20 años se han activado mecanismos de resolución vía arbitraje de disputas de inversión”.
Hacer valer judicialmente un contrato en Guatemala demora 1.402 días, en Honduras 920, en Costa Rica 852, en El Salvador 786, en Panamá 686, y en Nicaragua 409.
Los datos son los del informe Doing Business 2014 del Banco Mundial.
La extrema dificultad para hacer cumplir los contratos por la vía de los sistemas de administración de Justicia es un mal endémico en América Latina, que, como se señala en el artículo de Andrés Oppenheimer en Miamiherald.com, contribuye "a desacelerar el crecimiento económico".
La Organización Mundial del Comercio formará un grupo especial que atenderá la denuncia panameña por arancel colombiano a textiles y calzado de la Zona Libre de Colón.
Panamá solicitó a la OMC en agosto pasado la integración de un panel internacional.
A pedido de Colombia aún no se define quienes inetgrarán el grupo arbitral.
De acuerdo con la OMC, Colombia ha dicho que las partes estaban dispuestas a buscar una solución al conflicto pero lamentan que Panamá presentara solicitud del panel.
Panamá solicitó a la Organización Mundial de Comercio que compruebe que los impuestos que Colombia cobra a las importaciones provenientes de la ZLC son ilegales.
Así lo anunció el ministro de Comercio e industrias de Panamá, Ricardo Quijano, quien explicó que el Gobierno de su país pidió a la OMC que se estableciera un grupo especial "para que determine la ilegalidad de las medidas impuestas por Colombia a las importaciones de prendas de vestir y calzados provenientes de la Zona Libre (franca) de Colón", reseña el artículo de Laprensa.com.ni.
Las autoridades de Colombia no mostraran interés en solucionar el tema de los impuestos adicionales para las mercancías importadas de la ZLC.
De acuerdo con Ricardo Quijano, ministro de Comercio e Industrias (Mici), el panel podría instalarse en setiembre pues asegura que el primer paso ya se dio y era un período de consultas entras las autoridades de ambos países para encontrar una solución que en este caso podía ser la modificación del decreto colombiano.
El país tiene la ubicación geográfica óptima, infraestructura adecuada, legislación moderna en el tema, y abogados especializados en litigios comerciales internacionales.
De acuerdo con Romano Feoli socio de la firma Feoli & Co., “Panamá tiene todas las herramientas necesarias para hacer de esta actividad una de las más importantes del país, lo único que falta es tener la decisión como país para lograr este objetivo y empezar a promocionarnos alrededor del mundo”.
Pese a que el Congreso peruano ya ratificó el Tratado de Libre Comercio, señalan que no entrará en vigencia hasta que no se solucione el diferendo por el azúcar planteado ante la OMC
La controversia que se mantiene ante la OMC por el alza en los aranceles al azúcar de Guatemala mantiene paralizada la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.
Tras la decisión final de la Sala Constitucional descartando sus demandas, Industrias Infinito anunció que continuará el litigio en tribunales internacionales.
“Industrias Infinito elevó a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI) desde abril pasado, la firma solicita al Estado el pago de $1.092 millones de indemnización por el freno a la concesión minera”, reseña el artículo de Nacion.com.
Las mineras y petroleras trasnacionales llevan a los estados a arbitrajes internacionales donde "sacan el dinero que ni siquiera llegaron a invertir".
Así lo afirma Manuel Pérez Rocha, coordinador de la Red para la Justicia en la Inversión Global, en Washington, quien explica que cuando algún estado latinoamericano suspende permisos de exploración o explotación, las trasnacionales siempre logran extraer ganancias a partir de los tribunales internacionales, particularmente en el Centro de Disputas Relativas a Inversiones (Ciadi).
Un proceso de arbitraje exige al puesto de bolsa Popular Valores a pagar más de $212.000 a un cliente insatisfecho, debido al incumplimiento de obligaciones de información y asesoría.
El proceso fue tramitado en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Según ese tribunal, Popular Valores “incumplió las obligaciones de información y asesoría" en su relación con el cliente.
Infinito Gold propuso como alternativas al Estado costarricense llegar a un acuerdo para reanudar su proyecto de minería de oro, o enfrentarse a una demanda internacional por $1.092 millones.
La minera canadiense había obtenido inicialmente permisos para la explotación de una mina de oro en el territorio costarricense, y ya había iniciado el proyecto cuando una sentencia judicial anuló la concesión, señalando vicios en el proceso de otorgamiento de los permisos, y daños ambientales.
El arbitraje entre el Estado salvadoreño y la minera Pacific Rim está en sus etapas finales en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
La minera canadiense había sido autorizada a explotar la mina El Dorado en el año 2002, durante la administración del presidente Francisco Flores, pero su sucesor Antonio Saca anunció -y cumplió- que no autorizaría ningún proyecto minero, posición que también mantuvo el actual presidente Mauricio Funes.