Después que Costa Rica decidiera imponer requisitos al ingreso del aguacate cultivado en Honduras, empresarios costarricenses opinan que estas medidas que fueron tomadas de forma unilateral podrían generar represalias comerciales para el país.
Argumentando que a través de pruebas de biología molecular se detectó la presencia del viroide Avocado Sunblotch en embarques provenientes de Honduras, el Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica (SFE) decidió comenzar a tomar muestras para analizar el aguacate hondureño.
A raíz del bloqueo que se mantiene desde julio de 2020 al ingreso al mercado panameño de productos de origen animal procedentes de Costa Rica, se reportan caídas en las exportaciones costarricenses que tienen como destino Panamá y empresas como Dos Pinos registran pérdidas millonarias.
El conflicto comercial inicio cuando Panamá informó al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (MAG), sobre la decisión de no extender la habilitación para la exportación a una lista de establecimientos costarricenses previamente autorizados y que comercializan en el mercado panameño desde hace muchos años.
En el proceso de arbitraje fallaron a favor de la decisión de Panamá de inhabilitar los registros de importación de néctares que no cumplían con los requisitos de contenido de fruta.
El problema inició en noviembre de 2015 cuando Panamá decidió restringir el ingreso de néctares provenientes de Guatemala por incumplir con las normas sobre etiquetado y el mínimo de frutos que deben contener las bebidas según las reglas panameñas.
Aguilar Castillo Love es un bufete internacional líder con oficinas en América Central y Ecuador.
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La acusación de chantaje que sobrevuela la postura de la constructora española Sacyr en el litigio por la ampliación del Canal, arroja sombras sobre todas las empresas de la misma nacionalidad.
El artículo en el medio español Invertia.com señala "la inquietud de los empresarios españoles establecidos en Panamá aumenta tras censurar el administrador del Canal, Jorge Luis Quijano, el comportamiento de la constructora Sacyr."
El haber pasado por alto el reporte de Betchel sobre deficiencias técnicas en la muy barata propuesta del Grupo Unidos por el Canal para la ampliación del Canal, ahora puede salir muy cara a la ACP.
En el momento de adjudicarse la construcción de las obras de ampliación del Canal de Panama al consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), fueron notorios los esfuerzos del gobierno norteamericano para revertir esa decisión en favor del consorcio liderado por la constructora norteamericana Betchel con las japonesas Taisei y Mitsubishi (BTM).
En previsión de que no se solucione el conflicto con el consorcio constructor, la Autoridad del Canal de Panamá ya planifica la continuación de las obras de ampliación bajo su dirección.
El administrador de la ACP, Jorge Quijano, anunció para el próximo lunes 13 de enero una reunión con Zurich la aseguradora del proyecto, señalando que la Autoridad del Canal cuenta para la financiación de las obras con $548 millones en cartas de crédito y otros $442 millones en caja.
Los hechos parecen haber dado la razón a lo dicho en 2009 -según WikiLeaks- por el embajador norteamericano, que señaló a Sacyr como "una empresa quebrada sostenida solamente por el gobierno español".
El diálogo sobre sobrecostos en las obras de la ampliación del canal entre la Administración del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) -iniciado con la intervención de la ministra española de Fomento- se ha interrumpido, e incluso ya no es la española Sacyr la portavoz del grupo sino que ahora la otra empresa mayoritaria del consorcio, la italiana Impregilo, es la que pide -vía prensa- $1.000 millones a la ACP, manteniendo la amenaza de interrumpir las obras.
Hacer valer judicialmente un contrato en Guatemala demora 1.402 días, en Honduras 920, en Costa Rica 852, en El Salvador 786, en Panamá 686, y en Nicaragua 409.
Los datos son los del informe Doing Business 2014 del Banco Mundial.
La extrema dificultad para hacer cumplir los contratos por la vía de los sistemas de administración de Justicia es un mal endémico en América Latina, que, como se señala en el artículo de Andrés Oppenheimer en Miamiherald.com, contribuye "a desacelerar el crecimiento económico".
Las mineras y petroleras trasnacionales llevan a los estados a arbitrajes internacionales donde "sacan el dinero que ni siquiera llegaron a invertir".
Así lo afirma Manuel Pérez Rocha, coordinador de la Red para la Justicia en la Inversión Global, en Washington, quien explica que cuando algún estado latinoamericano suspende permisos de exploración o explotación, las trasnacionales siempre logran extraer ganancias a partir de los tribunales internacionales, particularmente en el Centro de Disputas Relativas a Inversiones (Ciadi).
Al eliminarse el arancel del 38%, las condiciones para la exportación de sacos de polipropileno y tejido tubular a República Dominicana volverán a la normalidad.
Del comunicado del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica:
República Dominicana cumplirá recomendaciones de OMC antes del 30 de abril
Condiciones para la exportación de sacos de polipropileno y tejido tubular a República Dominicana volverán a la normalidad
Pese a que un fallo de la OMC dijo que los impuestos al tejido tubular y al polipropileno de Centroamérica violaban sus normas, no serán eliminados sino hasta abril del 2012.
República Dominicana anunció que mantendrá hasta abril las tarifas a los productos de tejido tubular y polipropileno de Centroamérica, pese a que la Organización Mundial de Comercio (OMC) consideró que violaban las reglas del comercio internacional, informa una nota de la AP en la edición digital de La Prensa Gráfica.
El informe publicado sostiene que los aranceles impuestos por Dominicana a las importaciones centroamericanas de tejido tubular y sacos de polipropileno, de hasta 38%, son violatorios de sus normas.
Los aranceles a las importaciones centroamericanas de tejido tubular y sacos de polipropileno, impuestas por la República Dominicana, son violatorias de las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), afirmó un informe del organismo.
De forma provisional la OMC determinó que las medidas impuestas por Dominicana, al aplicar aranceles de hasta 38% a las importaciones de algunos productos de la región, son incompatibles con sus obligaciones comerciales.
La demanda presentada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica fue por los elevados aranceles que impuso el país caribeño a los productos de la región.
Con un peso del 10% en la economía global, América Latina está en el 50% de los arbitrajes solicitados por incumplimientos de tratados de inversión extranjera.
Hace 20 años los casos sometidos a arbitraje internacional en América Latina eran unos pocos, y por no más de algunos millones de dólares. Hoy son día son decenas, por valores de centenas y en algunos casos, de miles de millones de dólares.
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