Aguilar Castillo Love es un bufete internacional líder con oficinas en América Central y Ecuador.
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Competir con multinacionales en el marco del DR-CAFTA obliga a las empresas a cumplir con todos los procesos necesarios para proteger sus marcas, procesos y productos.
La llegada a Centroamérica de empresas multinacionales compitiendo en igualdad legal con las locales o regionales como consecuencia del DR-CAFTA, pone en evidencia los vacíos de implementación legal y mejores prácticas para los negocios en temas como la protección de marcas y propiedad intelectual. En un análisis de Nacion.com, se resalta la necesidad que tienen empresas y emprendedores para proteger el proceso de desarrollo del producto, su formulación y sus marcas.
Aunque quedan casos pendientes, la resolución de 52 reclamos de 28 estadounidenses fue la razón para que le otorgaran al país el Waiver de la Propiedad hasta julio de 2015.
La embajada de Estados Unidos en Nicaragua informó que "...de julio de 2013 a julio de 2014, fueron resueltos 52 casos pertenecientes a 28 ciudadanos estadounidenses, y que a pesar de los avances registrados, aún existen 154 reclamos de propiedad de ciudadanos norteamericanos pendientes de resolución."
Los gobernantes deben tener presente que un porcentaje demasiado grande de sus pueblos no sacia su hambre comiendo soberanía sino solamente arroz y frijoles.
- Pareciera que el interés actual del presidente electo de Costa Rica es mantener lo más alta posible la tensión con Nicaragua.
EDITORIAL
Es indudable que cualquier gesto de acercamiento con el gobierno del Presidente Ortega conllevaría costos políticos para Luis Guillermo Solís, próximo presidente de Costa Rica. Pero es claro que era éste - el inicio de su gestión- el mejor momento para hacer ese gesto, propiciando el alivio de la tensión por el litigio fronterizo en la zona caribeña.
El procurador general invitó a los ciudadanos de EE.UU. con reclamos de propiedad pendientes, a presentar sus casos para un trámite que anunció como rápido.
El Gobierno nicaragüense pretende solucionar en el corto plazo todos los casos o litigios de propiedad que existen con estadounidenses y así despejar las habituales objeciones para que le sea concedido por el gobierno norteamericano el Waiver de la Propiedad.
El Consejo Superior de la Empresa Privada se opone a la propuesta de "impuesto patriótico" del 35% a productos y servicios costarricenses.
La propuesta del excanciller nicaragüense Francisco Aguirre, de cobrar un arancel de 35% a los productos que ingresen de Costa Rica fue rechazada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). La finalidad del impuesto propuesto es utilizar los ingresos para cubrir los gastos ante la Corte Internacional de Justicia donde ambos países mantienen una disputa por límites.
La empresa Nacional de Transmisión Eléctrica exige que las pequeñas centrales hidroeléctricas firmen un convenio de colaboración y otorguen un poder general al Estado.
La Empresa de Transmisión Eléctrica (Enatrel) exige a las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) que firmen un convenio de colaboración y otorguen un poder general de las empresas al Estado.
El Gobierno costarricense solicitará a la Corte Internacional de Justicia la determinación de la frontera entre ambos países en el Caribe y en el Pacífico.
Ambos países no han llegado a un acuerdo para la delimitación de sus fronteras marítimas, y la reciente decisión nicaragüense de licitar la prospección y explotación de petróleo en aguas del Caribe ha alarmado al Gobierno de Costa Rica que denuncia que Nicaragua ha ofrecido esas licencias en áreas que son consideradas como propias por los costarricenses.
Lo que pierda el Estado de Costa Rica por el litigio por la fallida concesión de la mina Crucitas, saldrá del bolsillo de los que pagan impuestos.
EDITORIAL
Durante los 20 años que dura esta novela de la mina de oro Crucitas, ninguna de las personas físicas de una u otra manera involucradas, sufrieron perjuicio económico alguno y muchas, por el contrario, vieron aumentados sus ingresos y sus cuentas bancarias.
La acusación de chantaje que sobrevuela la postura de la constructora española Sacyr en el litigio por la ampliación del Canal, arroja sombras sobre todas las empresas de la misma nacionalidad.
El artículo en el medio español Invertia.com señala "la inquietud de los empresarios españoles establecidos en Panamá aumenta tras censurar el administrador del Canal, Jorge Luis Quijano, el comportamiento de la constructora Sacyr."
El consorcio constructor rechaza una a una las propuestas de solución, a sabiendas de que su sustitución implicaría costos superiores a ceder sus pretensiones.
EDITORIAL
La supuesta luz en el túnel que supuso un principio de acuerdo para solucionar la alegada falta de liquidez del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), se apagó cuando el consorcio encabezado por Sacyr e Impregilo volvió a su postura maximalista: O se les reconocen sobrecostos por $1.600 millones, o paralizan las obras.
El consorcio constructor no cumplió su amenaza de parar las obras al cumplirse el plazo señalado, mientras la Administración del Canal se prepara para asumir el proyecto.
Y este lunes se conoció otra propuesta del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) para permitir la continuación de los trabajos, consistente en que las partes en conflicto cofinancien los llamados costos imprevistos, mientras se decide en las instancias arbitrales previstas en el contrato, quién debe pagarlos.
Cuando empresas de diversos países se unen para desarrollar proyectos de gran escala, inevitablemente el trabajo se ve afectado por los conflictos generados por las diferencias culturales.
En el mundo actual no es extraño que la puntualidad de un inglés o la precisión de un suizo sorprenda a un latinoamericano.
Estas diferencias culturales se reflejan también en la forma de trabajar de las empresas que se unen para desarrollar proyectos, donde muchas veces la falta de acuerdos o dificultades de comunicación retrasan el avance de los proyectos.
El haber pasado por alto el reporte de Betchel sobre deficiencias técnicas en la muy barata propuesta del Grupo Unidos por el Canal para la ampliación del Canal, ahora puede salir muy cara a la ACP.
En el momento de adjudicarse la construcción de las obras de ampliación del Canal de Panama al consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), fueron notorios los esfuerzos del gobierno norteamericano para revertir esa decisión en favor del consorcio liderado por la constructora norteamericana Betchel con las japonesas Taisei y Mitsubishi (BTM).
En previsión de que no se solucione el conflicto con el consorcio constructor, la Autoridad del Canal de Panamá ya planifica la continuación de las obras de ampliación bajo su dirección.
El administrador de la ACP, Jorge Quijano, anunció para el próximo lunes 13 de enero una reunión con Zurich la aseguradora del proyecto, señalando que la Autoridad del Canal cuenta para la financiación de las obras con $548 millones en cartas de crédito y otros $442 millones en caja.